La Grieta en el Uniforme:Cómo el Narcomilitarismo Proyecta los Futuros de la Soberanía Rota y el Contrato de Defensa en Chile

Las Señales en el Presente: Más Allá de la Manzana Podrida

Lo que comenzó como una noticia policial de alta connotación —el robo de fusiles de guerra desde un regimiento en Valparaíso— ha escalado en pocas semanas para convertirse en una señal inequívoca de una vulnerabilidad sistémica. Los eventos subsecuentes, como la detención de suboficiales del Ejército por tráfico de drogas en el norte y el hallazgo de estupefacientes en unidades fronterizas, no son incidentes aislados. Son los síntomas de una tendencia emergente que amenaza con redefinir el contrato de defensa en Chile: el narcomilitarismo, entendido como la potencial simbiosis entre el poder corruptor del crimen organizado y la capacidad logística y armamentística de las instituciones castrenses.

La narrativa oficial, articulada por el Ejecutivo, insiste en que no existe un "problema estructural", sino casos individuales de corrupción que la propia institucionalidad está detectando y purgando. El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha descartado la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), un gesto que busca contener la alarma pública. Sin embargo, esta perspectiva choca con la visión del Poder Judicial. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha expuesto una grieta crítica en el sistema: la disputa de competencia entre la justicia militar y la civil, que, en sus palabras, “no contribuye en nada a la justicia” y entorpece investigaciones cruciales. Esta tensión no es un mero tecnicismo; es el reflejo de una lucha por el control de la narrativa y la jurisdicción en un terreno donde la soberanía del Estado está en juego.

Tres Futuros para la Defensa Nacional

Las decisiones que se tomen hoy determinarán cuál de los siguientes escenarios se materializará en la próxima década.

Escenario 1: Contención y Reforma (2025-2030)

En este futuro, las medidas anunciadas por el gobierno —rotación de personal en zonas de riesgo, fortalecimiento de la contrainteligencia, equiparación de controles a vuelos militares y reformas a la ley de inteligencia— resultan ser efectivas. Se implementan con rigor y transparencia, logrando identificar y desarticular las redes de corrupción incipientes. Las Fuerzas Armadas, aunque golpeadas en su prestigio, logran llevar a cabo una purga interna dolorosa pero necesaria. La colaboración con la fiscalía civil se normaliza, subordinando la justicia militar en delitos comunes. El narcomilitarismo es contenido y se convierte en una cicatriz institucional, un recordatorio permanente que impulsa una vigilancia constante. La confianza pública, aunque dañada, comienza un lento proceso de recuperación.

Escenario 2: La Corrosión Silenciosa (2025-2035)

Aquí, las medidas son cosméticas o insuficientes. La rotación de personal simplemente desplaza el problema, mientras que los controles internos son burlados por redes criminales cada vez más sofisticadas. La corrupción se vuelve endémica en los rangos bajos y medios desplegados en las fronteras, atraídos por el poder económico del narcotráfico. El resultado es una erosión estructural de la confianza y la capacidad operativa. Las Fuerzas Armadas se vuelven una institución de lealtad dudosa, minando su capacidad para cumplir su rol de defensa externa. Políticamente, la presión por involucrarlas en seguridad interior aumenta, pero desplegar una fuerza potencialmente comprometida sería un riesgo estratégico de consecuencias impredecibles. La soberanía no se rompe, pero se corroe desde adentro, dejando al Estado más débil y vulnerable.

Escenario 3: Soberanía Fracturada y el Estado Paralelo (2030-2040)

Este es el escenario más pesimista, pero no por ello imposible. La penetración del crimen organizado alcanza un punto de no retorno. Grupos criminales no solo corrompen individuos, sino que cooptan unidades enteras, obteniendo acceso a armamento de guerra, entrenamiento militar y logística avanzada. Se consolida un Estado paralelo con capacidad militar en zonas geográficas específicas, como ha ocurrido en otros países de la región. El monopolio de la violencia del Estado chileno se fractura. La distinción entre fuerza pública y actor criminal se vuelve borrosa en ciertos territorios. Chile se vería forzado a enfrentar una amenaza interna con características de insurgencia, un conflicto para el cual no está preparado ni doctrinal ni materialmente. El concepto de soberanía nacional, como se entiende hoy, dejaría de existir en la práctica.

La Encrucijada de los Actores

El futuro no está escrito; será el resultado de las acciones y omisiones de los actores clave. El Gobierno se debate entre gestionar la crisis para minimizar el daño político y tomar las medidas drásticas que la situación exige. Las Fuerzas Armadas enfrentan un dilema existencial: someterse a un escrutinio civil sin precedentes y a una reforma profunda, o replegarse en su autonomía histórica, arriesgándose a una implosión por corrupción. El Poder Judicial y el Congreso tienen la responsabilidad de modernizar el marco legal, especialmente el Código de Justicia Militar, para asegurar que no haya espacios de impunidad.

Los eventos de las últimas semanas han abierto una grieta en el uniforme, revelando que la última frontera de la defensa nacional no es inmune a la mayor amenaza que enfrenta la región. La pregunta que Chile debe responder con urgencia ya no es si el crimen organizado intentará penetrar sus instituciones más sagradas, sino cómo responderá a una amenaza que ya ha demostrado estar dentro.