El Ocaso de un Legado Tóxico: Anatomía de la Disputa por la Herencia Pinochet y el Veredicto de la Justicia

A meses de que los primeros titulares expusieran una agria disputa familiar, el nombre Pinochet vuelve a resonar en los tribunales, pero esta vez el eco es doble y demoledor. La saga de la herencia del dictador ha madurado hasta convertirse en un drama de dos actos que se desarrollan simultáneamente: por un lado, una batalla judicial del Estado para recuperar un patrimonio forjado en la corrupción; por otro, una guerra intestina entre herederos por los restos de ese mismo legado. Lejos de las discusiones sobre memoria política, el presente del clan se define por el dinero y las deudas, tanto morales como económicas.

Acto I: La Justicia del Estado y la Deuda Millonaria

El punto de inflexión llegó hace pocas semanas, cuando el Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y condenó a los herederos de Augusto Pinochet a restituir al Fisco más de 16,2 millones de dólares. Este fallo de primera instancia, aunque apelable, representa un hito en la larga persecución de la fortuna amasada durante la dictadura.

La sentencia se fundamenta en las conclusiones del emblemático Caso Riggs, que acreditó el enriquecimiento ilícito de Pinochet mediante la malversación de caudales públicos, específicamente de los gastos reservados de la nación. Dado que Pinochet falleció en 2006 sin ser condenado penalmente, el CDE recurrió a la figura de "provecho del dolo ajeno", argumentando que sus sucesores no pueden beneficiarse de una fortuna obtenida de manera fraudulenta. La resolución, que afecta a un total de 16 herederos, incluyendo el patrimonio de la fallecida Lucía Hiriart, fue celebrada por el presidente del CDE, Raúl Letelier, como un paso crucial para "reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación".

Acto II: La Implosión Familiar y la Querella por las "Platas"

Mientras el Estado avanza en el frente judicial, el clan Pinochet implosiona desde dentro. Jacqueline Pinochet Hiriart, la hija menor, interpuso una querella contra su hermano Marco Antonio, acusándolo de apropiación indebida y maltrato habitual. La disputa se centra en la administración de al menos ocho propiedades, entre ellas la emblemática parcela en El Melocotón y el fundo Los Boldos en Santo Domingo, sobre las cuales pesa una medida cautelar del CDE.

Según la acción judicial, Marco Antonio habría arrendado estos bienes sin rendir cuentas ni distribuir las ganancias, generando un perjuicio estimado en 160 millones de pesos solo por uno de los inmuebles. Pero el conflicto trasciende lo financiero. La querella detalla un patrón de "insultos y descréditos" y, en un acto de profundo simbolismo, la prohibición a Jacqueline de visitar los restos de sus padres, que descansan en una capilla dentro del fundo Los Boldos. Este detalle expone una fractura que es tanto económica como emocional, desnudando la dinámica interna de una familia en pugna por los despojos de su poder.

Perspectivas en Colisión: Justicia Pública vs. Conflicto Privado

La convergencia de ambos procesos genera una disonancia reveladora. Mientras el Estado chileno busca recuperar millones en fondos públicos sustraídos, los herederos se enfrentan en tribunales por el control de los bienes que aún quedan, tratando el patrimonio como una herencia legítima a repartir.

• La perspectiva de la justicia: Para el Estado y una parte significativa de la ciudadanía, este es un acto de reparación histórica. Confirma que la fortuna del dictador no fue producto de una hábil gestión, sino del desvío de recursos públicos. La sentencia civil es la consecuencia lógica de la impunidad penal que trajo su muerte.

• La perspectiva del clan: La querella interna, en cambio, se mueve en una lógica de derechos sucesorios. El lenguaje del documento habla de "comunidad hereditaria" y "bienes muebles e inmuebles", en una aparente abstracción del origen ilícito que la justicia acaba de ratificar. La lucha no es por la memoria o el legado político, sino por el usufructo de casas, parcelas y arriendos.

Es imposible disociar estos eventos del Caso Riggs, que en 2004 destapó la red de cuentas secretas en el extranjero. Aquella investigación no solo demolió la imagen de austeridad que Pinochet intentó proyectar, sino que sentó las bases para la acción judicial que hoy rinde frutos.

Un Legado en Vías de Extinción

La historia no está cerrada. El fallo por los 16 millones de dólares es una sentencia de primera instancia y seguramente será apelado. La querella familiar, admitida a trámite, está ahora en manos de la Fiscalía, que deberá investigar los delitos denunciados. Sin embargo, la situación ha alcanzado un punto de no retorno.

La herencia Pinochet, otrora fuente de poder y estatus, se ha transformado en una carga tóxica: por un lado, es una deuda millonaria con el Estado; por otro, es el catalizador de la ruptura definitiva de la familia que la ostenta. El capítulo final de este largo relato parece ser el desmantelamiento de un patrimonio cuya sombra de corrupción y conflicto ha terminado por devorar a sus propios herederos. La justicia, aunque lenta, y la codicia, siempre presente, están dictando el verdadero ocaso del legado financiero de Pinochet.