El Eco de una Llamada: Anatomía de la Interceptación que Puso en Jaque la Separación de Poderes en Chile

La Calma Después de la Tensión: Un Conflicto Latente

Dos meses han transcurrido desde que la opinión pública se remeció con la noticia de que el teléfono del principal asesor del Presidente Gabriel Boric estaba siendo intervenido por la policía. Lo que siguió fue una escalada que culminó con la revelación de un intento, fallido, de interceptar las comunicaciones del propio Mandatario. Hoy, con la inmediatez del escándalo ya disipada, es posible analizar con distancia las profundas grietas institucionales que el episodio dejó al descubierto. Más que una pugna pasajera, el evento se ha consolidado como un caso de estudio sobre los frágiles equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, y sobre la delgada línea que separa la persecución penal de la crisis de Estado.

Origen: Del Caso Convenios al Círculo de Hierro de La Moneda

Todo comenzó como una arista más del denominado “Caso Convenios”. En el marco de la investigación sobre la Fundación ProCultura, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, obtuvo una orden judicial para interceptar el teléfono de Miguel Crispi, entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. La diligencia, que se extendió por meses, capturó una conversación privada entre Crispi y su madre, la exministra Claudia Serrano.

En el diálogo, según se filtró a la prensa, Crispi comentaba las presuntas y enérgicas gestiones de la entonces senadora Isabel Allende (PS) para que el gobierno concretara la compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Esta información, obtenida a través de una medida intrusiva, sirvió de base para que la Fiscalía abriera de oficio una nueva investigación, esta vez en contra de la parlamentaria socialista, quien negó tajantemente las acusaciones, calificándolas como “falsas y una falta de respeto”.

El Punto de Quiebre: “Pinchar” al Presidente

La controversia alcanzó su punto más álgido cuando el medio Ex-Ante reveló que el fiscal Cooper no se detuvo en Crispi. En un movimiento sin precedentes en la historia reciente, el persecutor solicitó a un tribunal autorización para intervenir también el teléfono del Presidente Gabriel Boric. La petición fue denegada, pero su sola existencia encendió las alarmas en el palacio de gobierno.

La reacción inicial de La Moneda fue de máxima preocupación. La vocera subrogante, Aisén Etcheverry, exigió públicamente explicaciones al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, argumentando que la interceptación de las comunicaciones del Jefe de Estado podría “comprometer la seguridad nacional”. La tensión era palpable, y el fantasma de una guerra abierta entre el Ejecutivo y el ente persecutor parecía inminente.

El Tablero Político: Un Choque de Narrativas

El episodio abrió un intenso debate que expuso las distintas visiones sobre el rol y los límites de las instituciones. Las posturas, lejos de neutralizarse, se mostraron con claridad:

• La Perspectiva del Gobierno: Tras la alarma inicial, el Ejecutivo optó por una estrategia de desescalada controlada. Figuras como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, modularon el tono, enfatizando el “compromiso del Presidente para contribuir al esclarecimiento de las investigaciones”. Sin embargo, la molestia persistía. La exministra Carolina Tohá calificó el contenido de la llamada de Crispi como “preocupante”, pero a la vez cuestionó la justificación de mantener una medida tan invasiva por tanto tiempo sobre el principal asesor presidencial. La posición final del gobierno fue encapsulada por el propio Presidente Boric, quien tras un tenso encuentro cara a cara con el Fiscal Nacional y el fiscal Cooper, declaró: “Confío en la institucionalidad chilena. (...) Es natural que a veces se generen tensiones entre las instituciones”.

• La Defensa del Ministerio Público: Desde la Fiscalía, las respuestas fueron cautas pero firmes. El fiscal Cooper defendió la legitimidad de sus diligencias, expresando su sorpresa de que estas “generen incomodidad cuando se habla de ciertas personas”. Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, evitó referirse directamente al caso, pero en su cuenta pública abordó reiteradamente el problema de las filtraciones, reconociendo una “debilidad normativa significativa” y calificando la protección de la información como un “imperativo ético”. Un mensaje interpretado como un reconocimiento del problema sistémico que subyace a la crisis.

• Las Voces del Congreso: El mundo político reaccionó de manera predeciblemente fragmentada. Desde el oficialismo, el jefe de bancada del PS, Juan Santana, amenazó con exigir la remoción de Ángel Valencia, acusando una “conducta temeraria e inconstitucional”. En la oposición, el diputado RN Andrés Longton defendió la autonomía del Ministerio Público y criticó la “exigencia” del Gobierno de pedir explicaciones, apelando al respeto por la separación de poderes. El diputado Eric Aedo (DC) fue más allá, criticando duramente al gobierno al afirmar que “Miguel Crispi era parte del problema para La Moneda”.

Las Lecciones de una Crisis: Un Debate Abierto y Necesario

Aunque los gestos públicos lograron contener la escalada, el conflicto dejó preguntas fundamentales sin resolver. El tema ha evolucionado desde la polémica puntual hacia un debate estructural sobre la salud de la democracia chilena. Hoy, la discusión se centra en tres ejes principales:

1. La Cultura de la Filtración: El caso es un síntoma más de cómo las investigaciones judiciales se convierten en munición política a través de filtraciones selectivas, erosionando la confianza ciudadana en la justicia y en la política.

1. Proporcionalidad vs. Poder: ¿Dónde está el límite de las facultades investigativas del Ministerio Público? La solicitud de intervenir al Presidente, aunque fallida, instaló la duda sobre si los mecanismos de control actuales son suficientes para prevenir un uso desproporcionado de herramientas que pueden desestabilizar a otros poderes del Estado.

1. La Confianza Institucional: El apretón de manos entre Boric y Valencia fue una imagen necesaria para la República, pero no borra las cicatrices. La desconfianza sembrada entre el Ejecutivo y la Fiscalía persiste de manera subterránea. El eco de aquella llamada interceptada sigue resonando, no ya como una noticia de última hora, sino como un recordatorio permanente de que la fortaleza de las instituciones reside en el respeto a sus límites y en la confianza mutua. Un equilibrio que, como quedó demostrado, es más frágil de lo que se pensaba.