Han pasado más de dos meses desde la trágica noche del 10 de abril, cuando un partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza se convirtió en el epicentro de una crisis que sacudió los cimientos del fútbol chileno. Lo que comenzó como una jornada deportiva terminó con la muerte de dos hinchas, Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12), en las inmediaciones del Estadio Monumental, y la posterior invasión de la cancha por parte de barristas. Hoy, con la inmediatez de la noticia ya disipada, las secuelas del evento persisten, planteando preguntas incómodas sobre la responsabilidad institucional, los protocolos de seguridad y la endémica violencia que rodea al deporte más popular del país.
La narrativa inicial se centró en una “avalancha”: un intento masivo y descontrolado de ingreso al estadio por parte de hinchas sin entrada. La primera versión oficial, difundida en medio del caos, apuntaba a que las víctimas habían sido aplastadas por una valla de seguridad derribada por la multitud, sobre la cual habría pasado un vehículo lanzagases de Carabineros. Sin embargo, esta explicación comenzó a desmoronarse con el paso de los días.
El punto de inflexión fue la publicación de un informe reservado de Asuntos Internos de Carabineros, revelado por el medio de investigación CIPER. Dicho documento contenía testimonios de testigos presenciales, incluyendo una funcionaria de la propia institución, que contradecían la versión original. Estos relatos, crudos y directos, describían un atropello directo del vehículo policial a las dos víctimas, quienes ya se encontraban en el suelo. Esta revelación no solo cambió el foco de la investigación judicial, sino que instaló una disonancia cognitiva fundamental: ¿fue un accidente producto del desorden o un acto de fuerza desmedida por parte de la autoridad?
Las consecuencias no se hicieron esperar. El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, programado para esa misma semana, fue suspendido. La CONMEBOL sancionó provisionalmente al club albo a jugar sin público local, enviando a un oficial de seguridad de alto rango para supervisar los protocolos en partidos posteriores. A nivel local, Colo-Colo anunció querellas contra una veintena de hinchas identificados por los desmanes dentro del estadio, en un intento por desmarcarse de los elementos violentos.
La tragedia del Monumental ha dejado un rastro de versiones contrapuestas que evidencian la complejidad del problema:
El incidente del 10 de abril no es un hecho aislado, sino el síntoma más reciente de una enfermedad crónica: la relación simbiótica y conflictiva entre los clubes de fútbol y sus “barras bravas”. Durante décadas, la violencia ha sido un elemento recurrente, normalizado en un ciclo de enfrentamientos, sanciones insuficientes y promesas de mano dura que rara vez se traducen en cambios estructurales. La tragedia del Monumental obliga a cuestionar si las medidas actuales —como el derecho de admisión o las querellas individuales— son suficientes para erradicar un problema que parece tener raíces más profundas en la cultura del fútbol y en la falta de una política de Estado integral y sostenida en el tiempo.
A más de dos meses, el caso sigue abierto en la Fiscalía. La investigación penal determinará las responsabilidades individuales en las muertes de Martina y Mylán. Paralelamente, el fútbol chileno enfrenta el desafío de implementar las sanciones y, más importante aún, de reflexionar sobre las fallas estructurales que permitieron que una noche de fútbol terminara en luto. La pregunta que queda en el aire es si esta tragedia será el catalizador para un cambio real o si, una vez que la atención mediática se desvanezca por completo, volveremos al mismo ciclo de violencia y lamentos.