El asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido el 19 de junio de 2025, podría haber sido archivado como otro titular sangriento en el ciclo noticioso. Sin embargo, a más de 90 días de los hechos, los detalles decantados por la investigación policial y judicial lo elevan a la categoría de señal de futuro. No estamos ante un simple ajuste de cuentas entre bandas rivales, sino frente a un fenómeno de mayor calado: la tercerización de la violencia letal como herramienta para resolver disputas comerciales entre actores aparentemente legítimos. El hecho de que un empresario chileno, Wilson Verdugo Díaz, presuntamente contratara a sicarios venezolanos para eliminar a su socio y amigo por una deuda, marca un punto de inflexión. Este caso es el prototipo de un nuevo paradigma donde el capital y el crimen organizado firman un contrato de servicios, desdibujando las fronteras entre la economía formal, la informal y la delictual.
La dinámica observada en el caso Meiggs proyecta un futuro a mediano plazo donde la violencia por encargo se normaliza como un mecanismo de mercado para la resolución de conflictos. Si esta tendencia se consolida, podríamos asistir a una "mexicanización" de ciertos sectores económicos, donde las disputas que antes se dirimían en tribunales o mediante negociaciones hostiles, ahora se resuelven con un pago. El modelo, ya maduro en países como México, donde carteles como La Familia Michoacana no solo trafican, sino que regulan mercados locales de alimentos y materiales de construcción mediante la extorsión y la violencia, ofrece un espejo preocupante.
El factor de incertidumbre clave será la respuesta del Estado. Una estrategia enfocada únicamente en la persecución de los sicarios, sin desarticular las redes financieras y logísticas que los sostienen, resultará insuficiente. El punto de inflexión crítico podría ser la capacidad (o incapacidad) del sistema judicial para procesar y condenar no solo a los ejecutores, sino a los autores intelectuales locales. Si la impunidad se instala para quienes ordenan los crímenes, el sicariato se consolidará como una opción viable y rentable en el ecosistema empresarial chileno.
El crimen del “Rey de Meiggs” también revela la emergencia de un mercado de violencia transnacional sofisticado y accesible. La participación de sicarios vinculados al Tren de Aragua no es una anécdota, sino la evidencia de una red logística que ofrece "mano de obra" especializada. Como se ha documentado con mercenarios colombianos operando para carteles mexicanos, existe una estructura de reclutamiento, traslado, pago y equipamiento que funciona con una eficiencia corporativa. Chile, percibido como un país con una economía estable y un Estado de derecho aún robusto, se convierte en un mercado atractivo para estos "servicios".
En el futuro, es plausible que este mercado se diversifique. Podríamos ver una especialización de los servicios criminales: secuestros exprés, extorsión, protección forzada y sicariato, ofrecidos en un catálogo modular a distintos clientes. La tarifa del crimen de Meiggs, cercana a los 30 millones de pesos (aproximadamente 31,500 USD), aunque elevada, es accesible para un segmento considerable de empresarios y particulares con alto patrimonio, lo que podría "democratizar" el acceso a la violencia extrema para resolver desde disputas de herencia hasta rivalidades corporativas.
A largo plazo, la consecuencia más profunda es la erosión del monopolio de la violencia del Estado en territorios específicos. Barrios como Meiggs, con su alta densidad de comercio informal, flujos de efectivo y una débil presencia estatal, son ecosistemas ideales para el surgimiento de micro-soberanías criminales. En estos espacios, la ley que impera no es la del Estado, sino la del grupo con mayor capacidad de coacción.
La perspectiva de los comerciantes informales es ambivalente. Por un lado, temen la extorsión y la violencia. Por otro, ante la ausencia de una seguridad estatal efectiva, algunos podrían ver en estas organizaciones una fuente de "orden" y "protección" contra robos menores o estafas. Este pacto tácito es la semilla de una gobernanza criminal. Si el Estado no logra reafirmar su presencia no solo con policía, sino con servicios, formalización económica y justicia accesible, estos enclaves comerciales podrían convertirse en feudos donde los conflictos se resuelven internamente, al margen de la ley y a menudo con sangre.
El asesinato del “Rey de Meiggs” no es el fin de una historia, sino el prólogo de varias narrativas posibles para Chile. La tendencia dominante apunta a una mayor sofisticación y mercantilización del crimen, donde la violencia se compra y se vende. El riesgo mayor es la normalización de esta lógica, que corroe el tejido social y la confianza en las instituciones.
Sin embargo, también existe una oportunidad latente. El shock de ver a un empresario local adoptar las tácticas de un cartel podría catalizar una respuesta estratégica que vaya más allá del efectismo policial. Una respuesta que aborde la porosidad de los sistemas financieros, la vulnerabilidad de las economías informales y la necesidad de una justicia que sea vista como una alternativa más eficaz que una bala. La pregunta que queda abierta es si este caso será recordado como una anomalía trágica o como el momento en que Chile tomó conciencia del nuevo contrato, a menudo mortal, que se estaba firmando en las sombras de su economía.