El Informe Fracturado: A dos meses de la propuesta de la Comisión para la Paz, su legado navega entre el avance histórico y la desconfianza latente

El Parto de un Acuerdo Complejo

Han pasado más de 60 días desde que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó su informe final al Ejecutivo. El ruido mediático inmediato ha decantado, permitiendo observar con mayor claridad las consecuencias de un proceso que, durante casi dos años, buscó sentar las bases para resolver el conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en la Macrozona Sur. Tras 146 audiencias y la participación de más de cinco mil personas, el resultado fue un documento de 22 puntos aprobado por una contundente mayoría de siete votos contra uno. Sin embargo, esa única disidencia fracturó la promesa autoimpuesta de unanimidad, convirtiéndose en el símbolo de las desconfianzas que el diálogo no logró saldar.

El informe, que propone mecanismos de reparación, cuantifica demandas de tierras y delinea estrategias de desarrollo, nació con una contradicción fundamental: fue concebido como un hito de unidad transversal, pero su cierre estuvo marcado por una división que refleja la polarización del país. La palabra ahora la tiene el gobierno, pero el camino para implementar sus recomendaciones se anticipa tan complejo como el conflicto que intenta abordar.

Un Quiebre Político con Nombre y Apellido

La tensión que rodeó la votación final tuvo su epicentro en la figura de la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena. Horas antes de la votación, anunció su renuncia al Partido Republicano, acusando presiones de la colectividad para que rechazara el informe, condicionando su permanencia y futuro apoyo electoral. Aravena justificó su decisión en su “deber ético y político” con su región, calificando la propuesta como “sólida” y criticando el cálculo político de su ahora ex-partido.

Este acto no fue menor. Representó un quiebre visible en la derecha, donde un sector optó por una postura pragmática y de diálogo, mientras otro, el Partido Republicano, se atrincheró en el rechazo a los puntos clave sobre reparación de tierras. La decisión de Aravena de priorizar un acuerdo regional por sobre la disciplina partidista se convirtió en uno de los hechos políticos más significativos del proceso, demostrando que las lealtades en este conflicto son complejas y no siempre se alinean con los bloques tradicionales.

Las Dos Lecturas de un Mismo Documento

El informe de la Comisión ha generado dos narrativas paralelas, casi irreconciliables, que explican tanto el apoyo mayoritario como el voto disidente.

La Tesis del Avance Histórico:

Para los siete comisionados que aprobaron el documento, entre ellos sus copresidentes Francisco Huenchumilla (DC) y Alfredo Moreno, junto a los representantes mapuche Adolfo Millabur y Emilia Nuyado (PS), el informe es un logro sin precedentes. Argumentan que, por primera vez, una instancia transversal y con amplia participación ciudadana pone sobre la mesa una hoja de ruta concreta. El senador Huenchumilla valoró el “contundente apoyo” y calificó como un “error político” la postura de la disidencia. Desde esta perspectiva, el voto unánime de los comisionados mapuche a favor de una salida política e institucional es la señal más potente de que se ha abierto una ventana de oportunidad. Parlamentarios como Marcos Ilabaca (PS) e Iván Flores (DC) han reforzado esta idea, pidiendo “no echar por la borda” el trabajo y desdramatizando la falta de unanimidad como un “falso debate” ante una mayoría “abrumadora”.

La Antítesis de la Desconfianza:

La voz disidente fue la de Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco. Su rechazo no fue un mero desacuerdo, sino una crítica estructural a la propuesta. Naveillán argumentó que el informe final fracasó al romper el acuerdo de unanimidad y, en su contenido, por priorizar en más de un 70% los temas indígenas por sobre el desarrollo integral de La Araucanía. Sus principales objeciones fueron la inclusión de mecanismos que, a su juicio, crearían nuevos derechos de reclamación de tierras para grupos no contemplados en la ley actual, la falta de un cierre definitivo y garantizado al proceso de restitución, y la ausencia de informes económicos que respalden los costos fiscales de la reparación. Además, consideró insuficiente la condena al “terrorismo”, relegada a un capítulo de reparación de víctimas. Su postura encapsula los temores de un sector del mundo agrícola y de la derecha más dura: que el acuerdo, en lugar de cerrar una herida, la profundice, generando incertidumbre jurídica y económica.

El Tablero Presidencial y el Futuro Incierto

Con el documento ya entregado, la discusión se ha trasladado al arena político-electoral. Las candidaturas presidenciales han debido posicionarse. Evelyn Matthei (Chile Vamos), por ejemplo, ha moderado sus críticas iniciales, afirmando que “las diferencias de opinión son legítimas” y que es necesario leer el documento, aunque manteniendo sus líneas rojas: condena al terrorismo y reparación a las víctimas. Por otro lado, figuras del oficialismo como Carolina Tohá han llamado a los presidenciables a ser “facilitadores” del acuerdo, no “obstaculizadores”.

El informe de la Comisión para la Paz no es un punto final, sino un complejo punto de partida. Es un documento que logró un consenso amplio pero no total, un avance técnico y dialogante que, sin embargo, no pudo superar las barreras de la desconfianza histórica. Su éxito o fracaso ya no depende de sus redactores, sino de la capacidad del sistema político para construir sobre una base que, desde su origen, nació fracturada. La pregunta que queda abierta es si la voluntad de siete comisionados será suficiente para mover a un país que sigue dividido sobre cómo sanar sus heridas más profundas.