Lo que comenzó hace unos meses como un informe de la Contraloría General de la República se ha consolidado como uno de los mayores remezones a la fe pública de la última década. La revelación de que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas no fue solo una cifra, sino el síntoma de una fractura profunda y transversal en la administración del Estado. Hoy, con las aguas más calmas pero el sedimento a la vista, las consecuencias administrativas, políticas y simbólicas permiten trazar una radiografía completa del escándalo y sus implicancias a largo plazo.
La reacción institucional fue inmediata y masiva. El gobierno central inició más de 6.500 sumarios administrativos, concentrados principalmente en los ministerios de Educación y Salud. En paralelo, gigantes estatales como Codelco, Metro y ENAP actuaron con celeridad, desvinculando en conjunto a más de un centenar de trabajadores por “incumplimiento grave” y “falta a la probidad”. Estas acciones, si bien necesarias, solo fueron la primera capa de un problema que demostró ser mucho más complejo.
La narrativa del fraude escaló rápidamente desde un problema administrativo a una crisis de legitimidad política. El escándalo no distinguió colores ni jerarquías. La renuncia de la cuñada del Presidente Gabriel Boric, tras conocerse un viaje irregular, fue una señal potente. El mandatario fue enfático: “Hay que cumplir las mismas condiciones, independiente del parentesco”, una declaración que buscaba fijar un estándar de probidad sin excepciones, incluso en su círculo más cercano.
Sin embargo, el epicentro del debate se trasladó al Congreso Nacional. Un reportaje de investigación reveló que las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ximena Ossandón (RN) habían realizado viajes personales al extranjero coincidiendo con licencias médicas y el uso de la semana distrital. Este hecho expuso dos realidades incómodas:
La onda expansiva alcanzó también al Ministerio Público, la institución encargada de perseguir el delito. Un informe interno reconoció que 10 fiscales y 32 funcionarios de la entidad también habían viajado al extranjero con licencia médica, agrietando la confianza en los propios fiscalizadores del sistema.
El “caso licencias” no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de crisis de probidad que han afectado a Chile en los últimos años, como el “Caso Convenios”. Lo que este nuevo escándalo pone de manifiesto no es solo la debilidad de los controles, sino una cultura donde el uso de resquicios parece haberse normalizado en ciertos sectores del aparato estatal.
El tema ha evolucionado. La discusión ya no se centra únicamente en sancionar a los infractores, sino en preguntas más profundas:
El reposo, que por ley debía ser para la recuperación, se transformó en un viaje que dejó al descubierto una enfermedad mayor: la de una confianza pública que, hoy más que nunca, necesita un tratamiento de fondo.