A más de dos meses de que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolviera de forma unánime a Jorge Escobar Escobar, el único acusado por la muerte de su sobrino nieto Tomás Bravo, el eco del veredicto resuena no como una conclusión, sino como un incómodo prólogo. El fallo, lejos de traer la esperada claridad, dejó al descubierto una trama de fallas investigativas, acusaciones cruzadas y una verdad judicial que no logra dar paz a una familia ni al país que siguió el caso con atención. El polvo mediático se ha asentado, y lo que queda es una pregunta aún más grande que al inicio: si no fue él, ¿quién fue? Y, quizás más importante, ¿por qué el sistema de justicia falló tan estrepitosamente en encontrar una respuesta?
La investigación que durante más de tres años apuntó a Jorge Escobar como responsable del delito de abandono de menor con resultado de muerte se desmoronó en el juicio. La resolución del tribunal fue demoledora para la tesis de la Fiscalía del Biobío. Los magistrados determinaron que el Ministerio Público “no presentó prueba alguna que permita determinar que el resultado de muerte provenga directamente de alguna conducta desplegada por el acusado”. Más aún, el fallo validó la consistencia del relato de Escobar —quien siempre sostuvo haber perdido de vista al niño por un breve instante— y acogió la “duda razonable” introducida por la defensa sobre la posible participación de terceros, una tesis apoyada en peritajes de video que mostraban movimientos sospechosos en la zona.
El veredicto fue también un acta de acusación contra el propio sistema. Los jueces dejaron constancia de “una serie de irregularidades que afectaron la calidad de la evidencia”, mencionando explícitamente la falta de resguardo del sitio del suceso y la manipulación del cuerpo del niño antes de la llegada de peritos forenses. Estas falencias, según el tribunal, “mermaron la posibilidad de obtener una verdad procesal”, una frase que encapsula la frustración de un proceso judicial que terminó en un callejón sin salida.
La absolución dio paso a dos narrativas en abierta colisión. Por un lado, la de Jorge Escobar, quien tras el veredicto declaró haber sufrido “mucho con todo este hostigamiento”, acusando a la fiscalía de intentar “transformarlo en otra persona” ante la falta de pruebas. Su figura evolucionó de ser el villano mediático a convertirse en el rostro de una posible injusticia, un hombre absuelto por la ley pero cuya imagen pública fue moldeada por años de sospecha.
Por otro lado, está la perspectiva del propio Estado, que se muestra fracturado. Mientras la Fiscalía del Biobío veía su caso principal desestimado, se revelaba que la Fiscalía de Los Ríos mantenía una investigación paralela y no formalizada donde la abuela materna y un primo de Tomás figuraban como imputados. Esta arista, surgida a raíz de interceptaciones telefónicas, sugiere que para una parte del aparataje judicial, el caso nunca se limitó a Escobar, abriendo un abanico de hipótesis que no han sido comunicadas con claridad a la opinión pública.
Este escenario deja a la familia de Tomás y a la ciudadanía en un estado de disonancia cognitiva. Durante años, la atención mediática y judicial se centró en un solo individuo. Su absolución no solo lo libera a él, sino que obliga a la sociedad a cuestionar la narrativa que consumió. La presunción de inocencia, un pilar del derecho, fue públicamente vulnerada, y el veredicto final actúa como un correctivo tardío que, sin embargo, no ofrece un nuevo culpable.
Hoy, el caso Tomás Bravo no está cerrado. Legalmente, la absolución de Escobar es definitiva en esta causa, pero la investigación de la Fiscalía de Los Ríos sigue su curso en silencio. El resultado es una profunda sensación de impunidad y desconfianza. La tragedia inicial se ha visto agravada por un fracaso institucional que ha dejado más preguntas que respuestas.
El caso se ha transformado en un doloroso estudio sobre los peligros del juicio mediático, la necesidad de un rigor investigativo a toda prueba y la capacidad del sistema de justicia para reconocer sus propios errores, aunque sea a costa de no poder ofrecer la verdad que una sociedad demanda. La búsqueda de justicia para Tomás Bravo ha sido, hasta ahora, un camino de falsos comienzos y finales insatisfactorios.