El Contrato del Territorio Cautivo: Cómo el Secuestro de un Exalcalde Proyecta los Futuros de la Soberanía Barrial, el Crimen Corporativo y la Política del Silencio

La Señal en el Ruido: Más Allá del Secuestro

El secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido a finales de junio, dejó de ser un titular de la crónica roja para convertirse, con el paso de las semanas, en un potente catalizador de futuros posibles para Chile. Más allá del impacto inmediato y la conmoción pública, el evento y sus secuelas actúan como una señal de advertencia sobre transformaciones profundas que operan bajo la superficie del debate cotidiano. Analizarlo con distancia temporal permite descifrar las dinámicas que están reconfigurando el poder, la seguridad y la confianza en el territorio nacional.

El caso no es relevante solo por la víctima —una figura con pasado político—, sino por lo que revela sobre sus perpetradores: la banda “Los Mapaches”, una organización criminal compuesta mayoritariamente por ciudadanos venezolanos, con una estructura que emula un modelo de negocio. No se trata de delincuencia común, sino de crimen como servicio (crime-as-a-service), con especialización en secuestros extorsivos, un nicho de mercado y un modus operandi definido que incluye la captura, la retención, la presión psicológica y la extracción financiera. Este episodio proyecta la consolidación de un nuevo tipo de actor en el ecosistema delictual chileno.

Escenario 1: La Corporativización del Crimen y la Diversificación de Mercados Ilícitos

La detención de uno de los miembros de “Los Mapaches” confirmó que no se trataba de un acto improvisado, sino de la operación de una célula perteneciente a una red más amplia. La estructura de estas bandas trasciende la violencia esporádica para adoptar lógicas corporativas: gestión de riesgo, especialización y búsqueda de rentabilidad. El secuestro es solo uno de sus “productos”.

• Proyección a mediano plazo: Es probable que asistamos a una diversificación de los “portafolios” de estas organizaciones. Si hoy el foco es el secuestro extorsivo, mañana podría expandirse hacia la extorsión digital, el control de cadenas de suministro informales (desde alimentos hasta bienes robados) o la venta de “protección” a comercios y residentes. La hipótesis no confirmada que vinculaba el secuestro de Montoya a una red de explotación sexual infantil, aunque manejada con extrema cautela por las autoridades, apunta a la posible existencia de múltiples “unidades de negocio” bajo un mismo paraguas criminal.
• Punto de inflexión: La competencia o fusión entre estas organizaciones criminales definirá el mapa delictual del futuro. Podríamos ver guerras territoriales por el control de mercados ilícitos o, por el contrario, alianzas estratégicas para optimizar operaciones, de forma similar a como actúan las corporaciones en mercados legales.

Escenario 2: Soberanía Fragmentada y el Surgimiento de Nuevos Contratos Territoriales

El Estado demuestra una capacidad reactiva: la PDI logró identificar y capturar a uno de los responsables. Sin embargo, el hecho de que una banda pudiera operar con relativa impunidad en zonas como el Barrio Yungay o el Parque Almagro evidencia una ausencia de control preventivo. El Estado llega después del delito, no antes. Este desfase crea vacíos de soberanía que serán llenados por otros actores.

Se vislumbran tres futuros probables para los barrios que se perciben como “territorios cautivos”:

1. La Fortaleza Privatizada: En comunidades con mayores recursos, la respuesta será una escalada en la privatización de la seguridad. Veremos un aumento de guardias privados, tecnologías de vigilancia avanzadas y urbanismo defensivo (barreras físicas, accesos controlados). El resultado será una mayor fragmentación social y una seguridad de mercado accesible solo para quienes puedan pagarla.
2. La Gobernanza Híbrida: En zonas de ingresos medios o bajos, podrían surgir pactos de no agresión o acuerdos tácitos entre las comunidades y las organizaciones criminales dominantes. A cambio de una “cuota” o “impuesto” informal, el grupo criminal ofrece un tipo de orden predecible y protección frente a delitos más predatorios. En este escenario, la banda se convierte en el soberano de facto, proveyendo una forma perversa de gobernanza local.
3. La Resistencia Comunitaria Autónoma: Una alternativa es la autoorganización de los vecinos para crear sus propias redes de seguridad. Aunque potencialmente empoderador, este camino es de alto riesgo, pudiendo derivar en vigilantismo, escaladas de violencia o la cooptación de estas mismas redes por parte de actores políticos o criminales.

Escenario 3: La Política del Silencio y la Erosión del Contrato Social

El secuestro de una figura política, aunque sea un exalcalde, es un acto de una potencia simbólica inmensa. El mensaje es claro: nadie está a salvo. La reacción de las autoridades, encarnada en la prudencia de la subsecretaria Carolina Leitao, que evitó “adelantar ni descartar ninguna hipótesis”, refleja una tensión fundamental. Por un lado, la responsabilidad de no entorpecer una investigación en curso. Por otro, una “política del silencio” que puede ser interpretada por la ciudadanía como una incapacidad o falta de voluntad para nombrar la verdadera magnitud del problema.

Este fenómeno, contrastado con la estridencia del debate político —ejemplificado por las críticas de la candidata Evelyn Matthei al gobierno—, genera una disonancia cognitiva destructiva. Mientras la política electoral se enfoca en capitalizar el miedo, la gestión institucional parece superada, generando un profundo sentimiento de abandono.

• Proyección a largo plazo: Esta dinámica corroe el contrato social. Los ciudadanos pueden concluir que el Estado es un actor irrelevante para su seguridad cotidiana, lo que fomenta la desafección democrática y la búsqueda de soluciones autoritarias. La clase política, a su vez, corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de políticas simbólicas (endurecimiento de penas, anuncios de más policías) que no abordan las causas estructurales del poder criminal: la desigualdad, la falta de presencia estatal integral y la exclusión social.

El caso Montoya no es el fin de una historia, sino el prólogo de varias. La pregunta clave que proyecta hacia el futuro no es simplemente cómo desarticular a “Los Mapaches”, sino qué tipo de contrato social, territorial y político emergerá de las grietas que su accionar ha dejado al descubierto. La respuesta se está escribiendo hoy, en el silencio de los barrios y en el ruido de la política.