El Contrato de la Capital Cuestionada: Cómo el Caso Orrego Proyecta los Futuros de la Descentralización, la Confianza y el Poder Territorial

Más Allá de la Coyuntura: Un Laboratorio del Futuro Regional

Lo que comenzó con un informe de la Contraloría sobre asesorías de coaching en el Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM) ha escalado hasta convertirse en mucho más que un dolor de cabeza para el gobernador Claudio Orrego. Hoy, con una investigación penal en curso y un requerimiento de destitución presentado ante el Tricel, el caso se ha transformado en un punto de inflexión crucial para el proyecto de descentralización de Chile. La controversia no solo examina la gestión de una autoridad, sino que pone sobre la mesa las tensiones inherentes a un modelo institucional aún en su infancia: la promesa de autonomía regional frente a los riesgos de una fiscalización laxa o, en su defecto, de una parálisis inducida por el conflicto político. Las señales actuales —auditorías, judicialización y una ofensiva opositora coordinada— no son meros titulares; son los datos emergentes que diseñarán el futuro del poder territorial en el país.

Escenario 1: El Cortocircuito Institucional y el Fantasma de la Recentralización

Un futuro probable, y quizás el más sombrío, es que la crisis derive en un cortocircuito institucional. Si el requerimiento de destitución prospera en el Tricel, o si la presión política y judicial logra paralizar la gestión del GORE más importante del país, el precedente sería de largo alcance. Podríamos asistir a un efecto inhibidor sobre el resto de los gobernadores regionales, quienes, temerosos de correr la misma suerte, optarían por una gestión conservadora, de bajo perfil y aversa al riesgo. La innovación y la audacia para impulsar proyectos de envergadura regional —precisamente el espíritu de la descentralización— quedarían supeditadas al cálculo político y al temor a la represalia.

El punto de inflexión clave será el fallo del Tricel. Una sentencia que remueva a Orrego por causales interpretadas como administrativas podría ser vista como la weaponización de los órganos de control, abriendo la puerta a que la fiscalización se convierta en una herramienta de combate partidista. Por el contrario, un fallo absolutorio podría ser catalogado por la oposición como un acto de impunidad, agudizando la polarización. La gran incertidumbre es si este conflicto conducirá a reformas que clarifiquen las atribuciones y los mecanismos de control de los GOREs, o si simplemente establecerá un nuevo y peligroso estándar de guerra de trincheras institucional.

Escenario 2: La Reinvención de la Confianza Hacia una Accountability 2.0

Una visión alternativa sugiere que la crisis podría actuar como un catalizador para la maduración forzosa del sistema. Históricamente, los grandes escándalos de probidad en Chile han sido el germen de avances legislativos significativos, como la Ley de Transparencia o la Ley del Lobby. Siguiendo esta lógica, el "Caso Orrego", sumado al eco nacional del "Caso Convenios", podría ser el impulso definitivo para una nueva generación de reformas: una suerte de "Ley de Probidad Regional".

Este escenario contempla el surgimiento de mecanismos de control más sofisticados, que no solo castiguen, sino que también prevengan. Hablamos de estándares más estrictos para los tratos directos, protocolos transparentes para la asignación de fondos a fundaciones y corporaciones, y, fundamentalmente, la incorporación de herramientas de participación ciudadana vinculante en la fiscalización del gasto. La oportunidad latente aquí es que actores de la sociedad civil, la academia y centros de pensamiento aprovechen la coyuntura para proponer modelos de accountability que fortalezcan la autonomía regional en lugar de limitarla. Sería el paso de una fiscalización meramente punitiva a una que construya capacidades institucionales y relegitime la política desde el territorio.

Escenario 3: La Capital como Campo de Batalla y la Erosión de la Gobernanza

Un tercer escenario, no excluyente de los anteriores, es que la disputa por el GORE Metropolitano consolide a la capital como un campo de batalla político de primer orden. Más que un espacio para la gestión regional, el cargo de gobernador de Santiago se afianzaría como un trampolín para ambiciones nacionales, convirtiendo su administración en un rehén de la polarización. En esta visión, el foco se desplaza desde la probidad y la eficiencia hacia la conquista y defensa del poder territorial.

El riesgo mayor de esta dinámica es la parálisis de la gobernanza. Cada decisión administrativa, desde la adjudicación de un proyecto de infraestructura hasta un programa social, sería interpretada a través de un lente partidista. La gestión se volvería reactiva, centrada en apagar incendios mediáticos y enfrascada en disputas legales, dejando en segundo plano la planificación estratégica a largo plazo que una metrópolis como Santiago requiere con urgencia. Las próximas elecciones regionales serán un termómetro decisivo: ¿castigará el electorado el desorden administrativo, la judicialización de la política, o a ambos por igual? La respuesta ciudadana definirá si este modelo de confrontación se instala como la nueva normalidad.

Síntesis y Futuros Plausibles: Entre el Fortalecimiento y la Fractura

El futuro no será una elección clara entre estos escenarios, sino una compleja hibridación. La tendencia dominante que emerge con fuerza es un endurecimiento inevitable de la regulación sobre los gobiernos regionales. La etapa de experimentación inicial, marcada por una autonomía con controles aún difusos, parece haber llegado a su fin. La pregunta ya no es si habrá más control, sino qué tipo de control se impondrá.

El riesgo más profundo es que estos nuevos mecanismos de fiscalización sean diseñados no para mejorar la gobernanza, sino para limitar la autonomía de los adversarios políticos, generando una recentralización de facto a través de la burocracia y el litigio. Sin embargo, la oportunidad latente reside en transformar esta crisis en un debate nacional sobre el modelo de descentralización que Chile anhela. El caso Orrego nos obliga a preguntarnos si buscamos un simple traspaso de funciones administrativas o una transferencia real de poder a los territorios, dotada de una autonomía robusta y equilibrada por una accountability igualmente fuerte y transparente.

El espejo de la capital nos devuelve una imagen compleja de nuestras propias tensiones institucionales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo sellarán el destino de una administración, sino que trazarán el mapa de la relación entre los ciudadanos, sus territorios y el poder para la próxima década.