La Casa de la Discordia: Cómo la Compra de la Residencia de Allende se Convirtió en un Laberinto Político y Legal para el Gobierno

La anatomía de una controversia

Meses después de que la noticia ocupara los titulares, la fallida compra de la antigua residencia del Presidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja ha decantado en un caso de estudio sobre la compleja intersección entre memoria, política y probidad en Chile. Lo que fue concebido por el Gobierno como un acto de reparación histórica y preservación patrimonial, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, se transformó en un laberinto administrativo y en un campo de batalla legislativo cuyas réplicas aún resuenan en el debate público.

La controversia no reside en la legitimidad de honrar la memoria de un exmandatario, sino en el mecanismo utilizado para financiar la adquisición. La polémica, investigada por una Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados, se centra en un movimiento clave en la Ley de Presupuesto que ha sido interpretado de maneras diametralmente opuestas.

El nudo del conflicto: ¿Procedimiento administrativo o engaño deliberado?

La historia se remonta a la discusión presupuestaria, cuando se asignaron fondos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural bajo el subtítulo 31, destinado a “Iniciativas de Inversión”. Sin embargo, para concretar la compra del inmueble, los recursos fueron posteriormente traspasados al Ministerio de Bienes Nacionales y reasignados al subtítulo 29, que corresponde a la “Adquisición de Activos no Financieros”.

Desde la oposición, este cambio fue calificado como un “engaño al Parlamento”. Figuras como el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la CEI, y la diputada Paula Labra (RN) sostienen que el Ejecutivo ocultó deliberadamente el propósito final de los fondos. Según su tesis, al presentarlo como un proyecto de inversión genérico y no como la compra directa de una propiedad con alta carga política, el Gobierno evitó un debate que, previsiblemente, no habría ganado. “Queda más que en evidencia que si esto se hubiese transparentado y presentado como lo que pretendían hacer, que era la casa de Allende, jamás hubiesen tenido los votos”, sentenció la diputada Labra.

En la vereda opuesta, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA), defendió la operación ante la comisión como un procedimiento administrativo regular y completamente legal. Explicó que el Congreso aprueba asignaciones globales por subtítulo y no proyectos específicos, citando como ejemplo que no se vota por el “puente de Chacao” en particular, sino por el presupuesto general de Obras Públicas que lo contiene. Para el Gobierno y sus partidarios, la controversia es una instrumentalización política con el fin de obstaculizar una iniciativa de memoria.

Un eco del pasado: El “trueque” que avivó las sospechas

Para comprender la intensidad de la reacción opositora, es necesario mirar un antecedente que, aunque distinto, fue rápidamente conectado con este caso. En 2017, se firmó un acuerdo de dación en pago entre el Serviu y la Fundación Salvador Allende. Mediante este “trueque”, la fundación saldó una deuda por la casona donde opera entregando al Estado una colección de 93 obras de arte.

Este acuerdo volvió a la palestra a raíz de la nueva controversia. La diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) lo calificó como una “maniobra inaceptable” y un “pago fantasma”, argumentando que las obras de arte nunca salieron del poder de la fundación, lo que a su juicio constituía una simulación. Para la oposición, este evento previo establece un patrón de “favoritismos políticos” y de enriquecimiento de la fundación a costa de recursos estatales.

Desde el oficialismo, el senador Tomás de Rementería (PS) desestimó estas críticas, calificándolas como una “persecución sin sentido” cuyo objetivo real es atacar “a la familia Allende y el legado del Presidente”. Sostuvo que la dación en pago fue una operación legítima que permitió al Estado adquirir un patrimonio cultural valioso.

El estado actual: Un proyecto cancelado y lecciones pendientes

El resultado tangible de este embrollo político y legal es que la compra de la casa de Guardia Vieja fue definitivamente cancelada. La operación, además, tuvo consecuencias políticas directas, como la controversia que rodeó a la entonces senadora Isabel Allende por un potencial conflicto de interés, un factor que contribuyó a la paralización del proyecto.

Aunque el tema específico de la compra está cerrado, el debate que generó sigue abierto y ha evolucionado. La discusión ya no es sobre un inmueble, sino sobre la confianza en las instituciones, la transparencia del gasto público y los mecanismos de control del poder legislativo sobre el ejecutivo. El caso ha dejado una estela de desconfianza y ha puesto sobre la mesa una pregunta fundamental para una democracia madura: ¿cómo se equilibra el deber del Estado de preservar la memoria histórica con la exigencia irrenunciable de probidad y transparencia en el uso de los recursos de todos los chilenos? La respuesta, por ahora, sigue en construcción.