El caso que culminó con la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, por el no pago de contribuciones de su propiedad durante nueve años, no nació en el vacío. Durante semanas, el debate público ya apuntaba sus dardos contra la naturaleza críptica y anacrónica del impuesto territorial. Expertos, abogados y ciudadanos comunes lo describían como una "caja negra", un mecanismo de cálculo incomprensible regido por una ley casi centenaria que, según críticos, vulnera principios básicos de legalidad y equidad tributaria. La controversia no era sobre un funcionario, sino sobre un sistema que parecía operar con una lógica ajena a la transparencia que se exige en el siglo XXI.
El escándalo de Etcheberry actuó como un catalizador, transformando una discusión técnica en una crisis de legitimidad institucional. La imagen del máximo fiscalizador del país atrapado en las mismas redes de burocracia e incumplimiento que él debía perseguir, generó una disonancia cognitiva a escala nacional. Su defensa inicial, amparada en la prescripción legal y las trabas municipales, fue percibida por gran parte de la ciudadanía no como una explicación, sino como la confirmación de un privilegio: una ley para las élites y otra para el resto. Este evento, más allá de la anécdota, se ha convertido en una señal crítica sobre los futuros posibles del contrato social fiscal en Chile.
El futuro más inercial y riesgoso es aquel donde el "efecto Etcheberry" se generaliza. En este escenario, la percepción de que "si la autoridad no cumple, ¿por qué debería hacerlo yo?" permea en la cultura tributaria. La evasión y la elusión, antes vistas como una falta grave, comienzan a ser justificadas socialmente como un acto de resistencia ante un sistema injusto y desigual. El costo de la fiscalización para el Estado se dispara, ya que debe pasar de un modelo basado en la confianza y el cumplimiento voluntario a uno de coerción y persecución.
- Factores clave: La ausencia de una reforma estructural al sistema de contribuciones y la percepción de impunidad en casos de alto perfil. Si el sistema político responde con soluciones cosméticas, la herida en la confianza pública se infectará.
- Punto de inflexión: La aparición de un nuevo escándalo similar sin consecuencias políticas o penales significativas, lo que consolidaría la narrativa de que las reglas no aplican para todos. Políticamente, este escenario alimenta la polarización y el discurso anti-élite, debilitando la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y erosionando la cohesión social.
Una segunda posibilidad es que la crisis impulse una reforma de carácter técnico, orientada a modernizar y transparentar el cálculo del impuesto territorial. Presionado por la opinión pública y los mercados, el poder político podría optar por la ruta de la eficiencia: implementar sistemas de georreferenciación avanzados, usar inteligencia artificial para las tasaciones y crear plataformas en línea donde cada ciudadano pueda entender cómo se calcula su impuesto. El SII se modernizaría, el proceso sería más transparente y la evasión, más difícil.
- Factores clave: El consenso político en torno a una solución que no altere fundamentalmente la estructura de poder tributario. La capacidad técnica y presupuestaria del Estado para implementar una modernización a gran escala.
- Punto de inflexión: El lanzamiento exitoso de una nueva plataforma digital de catastro y avalúo que sea percibida como objetiva por la ciudadanía. Sin embargo, este escenario corre el riesgo de ser una solución superficial a un problema profundo. Podría resolver la opacidad del cómo se paga, pero eludiría el debate sobre la justicia y regresividad del qué se paga, especialmente para la clase media y los adultos mayores, quienes sienten el impuesto como un "castigo" al ahorro y la inversión en sus hogares.
El escenario más transformador, y también el más complejo, es aquel en que el escándalo cataliza un debate nacional sobre los fundamentos del sistema tributario. La discusión se movería desde la técnica del avalúo hacia la filosofía del impuesto: ¿Debe la vivienda principal, donde reside una familia, ser gravada de la misma forma que una propiedad de inversión? ¿Debe el impuesto considerar la capacidad de pago del contribuyente? ¿Cómo se conecta la recaudación de este impuesto con la calidad de los servicios municipales que recibe el ciudadano?
- Factores clave: La capacidad de la sociedad civil, la academia y nuevos actores políticos para instalar un marco de "justicia fiscal" en la agenda pública. La voluntad de una mayoría política para llevar a cabo una reforma que podría afectar intereses económicos consolidados.
- Punto de inflexión: La elección de un gobierno o un parlamento con un mandato claro para reformar el sistema tributario en una dirección progresiva, como ha ocurrido en otros países de la OCDE que han establecido exenciones a la vivienda principal. Este camino implicaría un alto nivel de conflicto político, pero podría resultar en un contrato social fiscal más legítimo y robusto, donde el pago de impuestos sea visto no como una imposición, sino como una contribución soberana al bien común.
El caso Etcheberry ha dejado al descubierto que el sistema tributario chileno no solo se sostiene sobre leyes y cálculos, sino sobre un frágil pilar de confianza. La tendencia dominante apunta hacia una mayor transparencia forzada por la presión social; la era de la "caja negra" ha terminado. El mayor riesgo es la normalización del incumplimiento, que llevaría a una fractura fiscal y social de consecuencias impredecibles.
La oportunidad latente, sin embargo, es inmensa: utilizar esta crisis como la piedra angular para construir un debate maduro sobre el tipo de sociedad que Chile desea ser y cómo un sistema tributario justo puede ayudar a construirla. El camino que se tome no definirá únicamente el futuro de las contribuciones, sino la solidez de la confianza entre los ciudadanos y el Estado que estos deben sostener.