A más de 60 días de su cierre definitivo, las tiendas Corona, antes un pilar del retail chileno con más de 70 años de historia, son hoy un símbolo silencioso de una transformación profunda. Su caída no fue un evento aislado, sino el capítulo final de una crónica que entrelaza decisiones financieras, conflictos familiares, un cambio de era en el consumo y una dura reconversión industrial que resuena en todo el país.
La narrativa pública sobre el fin de Corona se bifurca en dos relatos paralelos que explican la complejidad del desenlace. Por un lado, la versión de sus directores, como el abogado Mario Mora, pinta el cuadro de una tormenta perfecta. Apuntan a factores externos como el estallido social y la pandemia, que mermaron el negocio financiero de su tarjeta de crédito. Pero el golpe de gracia, argumentan, provino de un acuerdo de reorganización judicial anterior, en 2020. Dicho pacto, aunque exitoso en su momento gracias al impulso de los retiros de las AFP, obligó a la empresa a destinar todo su excedente de caja al prepago de deudas bancarias, dejándola sin capital de trabajo para financiar inventarios y sostener la operación. Según esta visión, los accionistas hicieron un esfuerzo significativo, ofreciendo millonarias garantías y posponiendo el cobro de deudas propias, pero la banca —específicamente BCI, Security e Internacional— cambió de postura a último minuto y negó el financiamiento que habría salvado a la compañía.
La otra cara de la moneda es la de los acreedores bancarios. Aunque no han emitido declaraciones públicas detalladas, su negativa a inyectar más capital sugiere una evaluación de riesgo lapidaria. Desde su perspectiva, las garantías ofrecidas y el plan de negocios no eran suficientes para asegurar la viabilidad de una empresa que operaba en un sector con márgenes cada vez más estrechos y una competencia feroz. La decisión, más que un cambio de postura, reflejaría un cálculo pragmático sobre la sostenibilidad de un modelo de negocio en declive.
El cierre de las 51 tiendas a lo largo de Chile dejó un rastro de incertidumbre para miles de trabajadores. Hoy, esa incertidumbre se ha transformado en una ofensiva legal sin precedentes. Cerca de un centenar de exejecutivos y trabajadores, representados por el estudio Berríos & Palavecino | Pinochet, han interpuesto demandas que superan los 10 millones de dólares.
La estrategia legal no apunta solo a Multitiendas Corona S.A., sino que busca atravesar el velo corporativo. Invocando la Ley N° 20.760, conocida como "ley Multirut", los demandantes argumentan que la familia Schupper operaba un entramado de al menos 16 sociedades —incluyendo inmobiliarias dueñas de los locales, empresas de bodegaje, corredoras de seguros y servicios informáticos— como una "unidad económica" con una dirección laboral común. El objetivo es que todas estas empresas respondan solidariamente por las indemnizaciones y deudas laborales.
La defensa de Corona, liderada por el abogado Nelson Contador, califica estas acciones como una exageración y asegura que la liquidación se está llevando de manera ordenada, con provisiones para cubrir íntegramente los finiquitos. Este conflicto judicial, cuyas primeras audiencias ya están programadas, no solo definirá el futuro financiero de los extrabajadores, sino que sentará un precedente sobre la responsabilidad de los conglomerados familiares en Chile.
La caída de Corona es, en última instancia, un reflejo magnificado de las fuerzas que están reconfigurando el panorama económico chileno. No es un caso aislado, sino la consecuencia visible de tendencias más profundas:
El caso de Corona, por tanto, sigue abierto. No como empresa, sino como lección. Es una narrativa sobre la dificultad de adaptación, los límites de la lealtad familiar en los negocios y el impacto humano de las grandes transformaciones económicas. La pregunta que sus vitrinas vacías plantean al resto del sector es si serán capaces de escribir un final diferente.