Lo que comenzó a principios de junio como un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, hoy, más de un mes después, se ha transformado en una compleja trama político-judicial que pone a prueba la figura del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y con ella, la joven institucionalidad de los gobiernos regionales. La controversia ha escalado desde un cuestionamiento administrativo sobre el uso de fondos públicos a una investigación penal por parte de la Fiscalía y una ofensiva coordinada de la oposición para solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El caso ha madurado, revelando no solo las aristas de una gestión bajo escrutinio, sino también las profundas tensiones políticas que marcan el debate sobre la probidad y los límites del poder.
El detonante fue el informe de Contraloría del 4 de junio, que objetó el pago de $31 millones a la consultora Vera y Asociados S.A. por un servicio de "coaching" para directivos del Gobierno Regional (GORE). Según el ente fiscalizador, en estas sesiones se abordaron temáticas ajenas a los fines institucionales, como "las principales preocupaciones de cara a la campaña" y el "trabajo político en función de noticias falsas", lo que podría constituir una vulneración al principio de probidad y un uso de recursos públicos en beneficio de la campaña de reelección de Orrego. Este hallazgo motivó la apertura de una nueva causa penal por parte de la Fiscalía, sumándose a la ya existente por el caso ProCultura, y llevó a Orrego a declarar en calidad de imputado el 19 de junio.
La defensa del gobernador no se hizo esperar. Orrego y su equipo han sostenido firmemente que los servicios de coaching son una herramienta de gestión moderna, implementada desde 2021 para fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo directivo. Argumentan que sacar de contexto frases aisladas desnaturaliza el objetivo de las asesorías y que la mención a la contingencia política es inevitable en un organismo de esa naturaleza. "Tengo la conciencia tranquila", ha repetido Orrego, calificando la ofensiva en su contra como un "burdo aprovechamiento político" de quienes, según él, buscan ganar por secretaría lo que no logran en las urnas.
Sin embargo, la controversia se amplificó con la publicación de nuevos antecedentes. Un análisis de datos de Mercado Público reveló que las compras por trato directo en el GORE Metropolitano se duplicaron entre 2023 y 2024, alcanzando 222 operaciones. Aunque desde la gobernación discrepan de estas cifras y defienden la legalidad de cada procedimiento, la información alimentó el discurso de la oposición sobre una supuesta falta de transparencia y control en la administración.
El caso Orrego se disputa hoy en tres frentes paralelos, cada uno con su propia lógica y actores:
Este conflicto trasciende la figura de Claudio Orrego y se instala como un caso de estudio para la nueva arquitectura del poder regional en Chile. La elección directa de gobernadores, implementada en 2021, buscaba descentralizar el poder, pero también abrió un nuevo campo de disputas y fiscalización. Este caso pone a prueba la efectividad de los contrapesos institucionales: el rol fiscalizador de la Contraloría, la capacidad de control del Consejo Regional (donde la oposición tiene una fuerza significativa) y la competencia del Tricel para resolver conflictos de esta magnitud. Es, en esencia, un examen de estrés para una institucionalidad que aún está definiendo sus prácticas, límites y cultura de probidad.
A más de un mes del informe inicial, el caso está lejos de cerrarse. La investigación de la Fiscalía sigue su curso, el sumario administrativo de Contraloría está en desarrollo y la oposición afina los detalles del requerimiento de destitución que presentará en el Tricel. Claudio Orrego, por su parte, mantiene su agenda pública mientras prepara su defensa legal. El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro político del gobernador, sino que también sentará un precedente crucial sobre cómo se fiscaliza y se rinden cuentas en los nuevos gobiernos regionales de Chile, marcando un hito en la compleja relación entre la gestión pública, la ambición política y el escrutinio ciudadano.