Gobernación Metropolitana en la encrucijada: El caso Orrego y la delgada línea entre gestión, política y probidad

Gobernación Metropolitana en la encrucijada: El caso Orrego y la delgada línea entre gestión, política y probidad
2025-07-09
  • Un informe de Contraloría gatilló una investigación penal y una crisis política para el gobernador Claudio Orrego, cuestionando el uso de fondos públicos.
  • Orrego defiende los gastos como herramientas legítimas de gestión, mientras la oposición lo acusa de intervencionismo electoral y busca su destitución.
  • El caso expone las tensiones sobre transparencia, probidad y los contrapesos de la nueva figura del Gobernador Regional en un clima político polarizado.

Inicio Contextualizado: De la auditoría a la crisis institucional

Lo que comenzó a principios de junio como un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, hoy, más de un mes después, se ha transformado en una compleja trama político-judicial que pone a prueba la figura del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y con ella, la joven institucionalidad de los gobiernos regionales. La controversia ha escalado desde un cuestionamiento administrativo sobre el uso de fondos públicos a una investigación penal por parte de la Fiscalía y una ofensiva coordinada de la oposición para solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El caso ha madurado, revelando no solo las aristas de una gestión bajo escrutinio, sino también las profundas tensiones políticas que marcan el debate sobre la probidad y los límites del poder.

Desarrollo Analítico: La evolución de los hechos

El detonante fue el informe de Contraloría del 4 de junio, que objetó el pago de $31 millones a la consultora Vera y Asociados S.A. por un servicio de "coaching" para directivos del Gobierno Regional (GORE). Según el ente fiscalizador, en estas sesiones se abordaron temáticas ajenas a los fines institucionales, como "las principales preocupaciones de cara a la campaña" y el "trabajo político en función de noticias falsas", lo que podría constituir una vulneración al principio de probidad y un uso de recursos públicos en beneficio de la campaña de reelección de Orrego. Este hallazgo motivó la apertura de una nueva causa penal por parte de la Fiscalía, sumándose a la ya existente por el caso ProCultura, y llevó a Orrego a declarar en calidad de imputado el 19 de junio.

La defensa del gobernador no se hizo esperar. Orrego y su equipo han sostenido firmemente que los servicios de coaching son una herramienta de gestión moderna, implementada desde 2021 para fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo directivo. Argumentan que sacar de contexto frases aisladas desnaturaliza el objetivo de las asesorías y que la mención a la contingencia política es inevitable en un organismo de esa naturaleza. "Tengo la conciencia tranquila", ha repetido Orrego, calificando la ofensiva en su contra como un "burdo aprovechamiento político" de quienes, según él, buscan ganar por secretaría lo que no logran en las urnas.

Sin embargo, la controversia se amplificó con la publicación de nuevos antecedentes. Un análisis de datos de Mercado Público reveló que las compras por trato directo en el GORE Metropolitano se duplicaron entre 2023 y 2024, alcanzando 222 operaciones. Aunque desde la gobernación discrepan de estas cifras y defienden la legalidad de cada procedimiento, la información alimentó el discurso de la oposición sobre una supuesta falta de transparencia y control en la administración.

Perspectivas Contrastadas: Un debate en tres arenas

El caso Orrego se disputa hoy en tres frentes paralelos, cada uno con su propia lógica y actores:

  • La Acusación Político-Opositora: Liderada por el Partido Republicano y secundada por Chile Vamos, esta perspectiva ve un patrón de conducta. Consejeros como Ignacio Dülger (Republicanos) y Álvaro Bellolio (UDI) han articulado un relato que une el coaching, los tratos directos y el caso ProCultura como evidencia de "notable abandono de deberes" y "faltas graves a la probidad". Su objetivo es claro: presentar un requerimiento de destitución unificado ante el Tricel, buscando sentar un precedente político y remover a una figura clave del mapa electoral.
  • La Defensa de la Gestión: Claudio Orrego insiste en separar la gestión administrativa de la contienda política. Su defensa se centra en la legitimidad de las herramientas de gestión y en la presunción de inocencia. "Nunca he ocupado un peso del gobierno de Santiago en mis campañas", ha enfatizado, ofreciendo total transparencia a la Fiscalía. Su postura desafía la interpretación de Contraloría y enmarca la crisis como una operación política para debilitar su liderazgo.
  • La Mirada Institucional y Cautelosa: Actores como el Presidente del Senado han llamado a la cautela, pidiendo "no condenar antes de tiempo" y esperar el resultado de las investigaciones. Esta visión resalta la importancia de respetar los procesos judiciales y administrativos, diferenciando la responsabilidad política de la culpabilidad penal. La propia Contraloría actúa desde un rol técnico, identificando irregularidades y activando los mecanismos correspondientes (sumario administrativo y denuncia a Fiscalía), sin pronunciarse sobre la intencionalidad política, labor que recae en otras instancias.

Contexto Estructural: La gobernación a prueba

Este conflicto trasciende la figura de Claudio Orrego y se instala como un caso de estudio para la nueva arquitectura del poder regional en Chile. La elección directa de gobernadores, implementada en 2021, buscaba descentralizar el poder, pero también abrió un nuevo campo de disputas y fiscalización. Este caso pone a prueba la efectividad de los contrapesos institucionales: el rol fiscalizador de la Contraloría, la capacidad de control del Consejo Regional (donde la oposición tiene una fuerza significativa) y la competencia del Tricel para resolver conflictos de esta magnitud. Es, en esencia, un examen de estrés para una institucionalidad que aún está definiendo sus prácticas, límites y cultura de probidad.

Estado Actual: Un final abierto

A más de un mes del informe inicial, el caso está lejos de cerrarse. La investigación de la Fiscalía sigue su curso, el sumario administrativo de Contraloría está en desarrollo y la oposición afina los detalles del requerimiento de destitución que presentará en el Tricel. Claudio Orrego, por su parte, mantiene su agenda pública mientras prepara su defensa legal. El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro político del gobernador, sino que también sentará un precedente crucial sobre cómo se fiscaliza y se rinden cuentas en los nuevos gobiernos regionales de Chile, marcando un hito en la compleja relación entre la gestión pública, la ambición política y el escrutinio ciudadano.

La historia presenta una evolución narrativa completa, desde las acusaciones iniciales hasta las consecuencias políticas y judiciales visibles. Permite un análisis profundo sobre la gobernanza, la transparencia en el uso de fondos públicos y la rendición de cuentas de las autoridades electas, generando una reflexión crítica sobre la confianza ciudadana en las instituciones.