A más de dos meses de su detención en Cuiabá, Brasil, el caso de Martín de los Santos Lehmann sigue resonando no como el simple epílogo de una persecución, sino como un complejo estudio sobre las fracturas del sistema judicial chileno. La historia, que comenzó con una agresión de extrema violencia en una conserjería de Vitacura, evolucionó hasta convertirse en un símbolo de la lucha contra la impunidad, el rol de la presión mediática y las evidentes diferencias en el acceso y tratamiento ante la justicia.
La madrugada del 17 de mayo, Guillermo Oyarzún, un conserje de 70 años, fue brutalmente agredido por De los Santos. Las consecuencias fueron devastadoras: cinco fracturas faciales, la pérdida de la visión de un ojo y del sentido del olfato. Sin embargo, la respuesta inicial del sistema judicial fue sorprendentemente laxa. En una primera audiencia, al imputado se le impusieron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima, pero, crucialmente, no se decretó arraigo nacional.
Este fue el primer punto de inflexión. La decisión de la fiscalía, justificada posteriormente en la penalidad del delito y la ausencia de condenas previas en el historial de De los Santos, fue percibida por la opinión pública como una falla sistémica. Mientras la familia de Oyarzún clamaba por justicia y la salud de la víctima pendía de un hilo, el agresor gozaba de libertad de movimiento.
El 19 de junio, dos días antes de que la justicia reevaluara su situación, De los Santos salió de Chile rumbo a Brasil. La audiencia del 23 de junio se transformó en un espectáculo de desafío: conectado telemáticamente desde el extranjero, aunque afirmaba estar en Pichilemu, increpó a la jueza acusándola de montar un "show mediático". Ese mismo día, el tribunal finalmente decretó su prisión preventiva, pero el imputado ya era un prófugo. Su abogado defensor, el ex Defensor Nacional Carlos Mora Jano, renunció al patrocinio, aludiendo a "diferencias irreconciliables".
La fuga activó una alerta roja de Interpol y una intensa colaboración entre la PDI y la policía brasileña. Desde su escondite, De los Santos continuó su estrategia de confrontación, enviando mensajes a medios chilenos en los que alegaba la vulneración de su derecho a defensa. El 2 de julio, fue finalmente detenido en Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia, poniendo fin a su escape pero abriendo un nuevo capítulo: el largo proceso de extradición.
El caso se sostuvo sobre tres narrativas en permanente tensión:
La investigación periodística posterior reveló que la agresión a Guillermo Oyarzún no fue un hecho aislado. Sobre Martín de los Santos pesaban al menos ocho causas judicializadas por episodios de violencia desde 2011. En la mayoría, había logrado acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales, a menudo mediante pagos económicos a las víctimas. Un caso en Pichilemu se cerró tras el pago de 9 millones de pesos. Este historial dibujó el perfil de una persona con un patrón de conducta violento, que había utilizado sus recursos para eludir sistemáticamente las consecuencias penales de sus actos, alimentando la percepción de una "justicia para ricos".
Con Martín de los Santos detenido en Brasil, el foco se ha trasladado al proceso de extradición. Es una fase compleja y potencialmente larga, que pondrá a prueba nuevamente la capacidad de las instituciones chilenas para asegurar que el imputado enfrente a la justicia en el país. El caso, lejos de cerrarse con su captura, permanece abierto como una herida en la confianza pública, un recordatorio de que la justicia no solo debe ser, sino también parecer, igual para todos.