El Legado en Litigio: Cómo la Disputa por los Bienes de Allende Redefine el Futuro de la Memoria Pública

La Memoria en el Banquillo

Lo que comenzó como un gesto simbólico del gobierno de Gabriel Boric —la compra de la residencia del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja para convertirla en un museo— ha mutado en un complejo laberinto judicial y administrativo. Más de seis meses después de que la operación se frustrara por las inhabilidades constitucionales de sus vendedoras, la senadora Isabel Allende y la entonces ministra Maya Fernández, el episodio ha dejado de ser una anécdota política para convertirse en un sismógrafo de las tensiones que definirán el futuro de la memoria histórica en Chile. La disputa ya no es solo sobre el legado de una figura, sino sobre los mecanismos, la legalidad y el espacio físico que la memoria puede ocupar en la esfera pública.

El fallido contrato, cuyos documentos y cheques permanecieron meses en una notaría, fue solo la primera ficha de un dominó. Le siguió una ofensiva legal que busca anular no solo ese decreto de compra, sino también un traspaso inmobiliario de 2004 entre el SERVIU y la Fundación Salvador Allende (FSA), saldado con obras de arte que el Estado nunca retiró. En paralelo, en la comuna de San Miguel, la nueva alcaldesa de derecha impulsa revertir el nombre de la Avenida Salvador Allende a su denominación original, Salesianos, apelando a una "identidad local" por sobre una conmemoración nacional. Estos hechos, aparentemente inconexos, son en realidad señales de un cambio de paradigma: la batalla por el pasado se ha trasladado de la arena ideológica a los tribunales, las notarías y los concejos municipales.

La Evolución del Conflicto: Tres Fases Hacia un Futuro Incierto

Para proyectar las consecuencias de esta nueva dinámica, es útil analizar su evolución en tres fases.

Fase 1: La Institucionalización del Símbolo (Pasado Reciente)

La intención de comprar la casa de Guardia Vieja representó la culminación de un esfuerzo por consolidar la figura de Allende dentro del aparato estatal. Impulsado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el proyecto buscaba transformar un espacio privado en un sitio de memoria oficial, financiado con fondos públicos. Esta estrategia no es nueva, pero bajo la actual administración adquirió un carácter prioritario, buscando inscribir una narrativa específica en el patrimonio físico y cultural del país. El objetivo era claro: asegurar que el legado de Allende no fuera solo patrimonio de un sector político, sino una parte reconocida y protegida por el Estado.

Fase 2: La Contraofensiva Administrativa (Presente)

La fase actual está marcada por una contraofensiva estratégica de la derecha política y de actores de la sociedad civil. En lugar de confrontar directamente la figura de Allende, la táctica se ha centrado en cuestionar la legalidad y probidad de los procesos. La demanda de nulidad del decreto de compra, la revisión del acuerdo de la FSA con el SERVIU y el argumento de la "identidad barrial" en San Miguel son ejemplos de esta nueva aproximación. No se discute si Allende merece o no un museo o una calle, sino si los procedimientos para ello fueron correctos, transparentes y legítimos. Esta judicialización y burocratización del conflicto tiene un efecto potente: desplaza el debate del campo de los valores al de las normas, un terreno donde la oposición se siente más cómoda y donde puede generar un desgaste significativo al gobierno y a las instituciones asociadas a la memoria.

Fase 3: La Atomización de la Memoria (Futuro Probable)

Si la tendencia actual se consolida, el futuro de la memoria histórica en Chile podría encaminarse hacia tres escenarios principales:

1. La Parálisis Institucional: El escenario más probable a corto plazo. La judicialización de los proyectos de memoria generará un efecto inhibidor. Futuros gobiernos, independientemente de su color político, serán extremadamente cautelosos a la hora de impulsar iniciativas similares. El riesgo de enfrentar largas batallas legales, comisiones investigadoras y el escrutinio mediático convertirá a la memoria en un "activo tóxico". Las propiedades en disputa, como el palacio Heiremans de la FSA, podrían quedar en un limbo legal durante años, erosionando su valor simbólico y material. La memoria oficial, gestionada por el Estado, entraría en un período de estancamiento.

1. La Fragmentación y Privatización de la Memoria: Ante la retirada o parálisis del Estado, la gestión de la memoria podría atomizarse. Las narrativas históricas pasarían a ser custodiadas principalmente por actores privados: fundaciones, organizaciones no gubernamentales, colectivos locales e incluso familias. Esto podría dar lugar a una proliferación de "memorias" en competencia, cada una con su propio relato, financiación y público. La disputa en San Miguel es un microcosmos de este futuro: la memoria nacional (Allende) choca con la memoria local (Salesianos). Este escenario podría fomentar la diversidad de relatos, pero también su comercialización y una mayor polarización, donde cada ciudadano elige el museo o la calle que reafirma su propia visión del pasado, sin espacios comunes de encuentro.

1. La Renegociación de un Consenso Mínimo: El escenario más optimista y menos probable. La crisis actual podría forzar a la clase política a establecer un nuevo marco regulatorio para la creación y gestión de sitios de memoria. Un acuerdo transversal que defina procedimientos claros, transparentes y con participación ciudadana vinculante podría despolitizar la gestión administrativa, aunque no el debate de fondo. Esto requeriría una madurez política que hoy parece lejana, pero la alternativa es una guerra de desgaste permanente que no beneficia a nadie y que deja las heridas del pasado expuestas a la instrumentalización continua.

La disputa por los ladrillos y el nombre de una calle ha revelado que la memoria en Chile es un territorio en constante redefinición. El resultado de estas batallas legales y administrativas no solo determinará el destino de un par de propiedades, sino que moldeará la forma en que las futuras generaciones podrán acceder, interpretar y debatir públicamente su historia. La pregunta ya no es solo qué recordamos, sino cómo, dónde y quién tiene el derecho de hacerlo en el espacio que es de todos.