El ataque del 7 de junio de 2025 contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no es simplemente un evento más en la crónica roja de Colombia. Es una señal crítica, un dato emergente que fractura el presente y proyecta tres futuros posibles y entrelazados para el país y, por extensión, para una América Latina que observa con atención. Más allá del estado de salud del senador, lo que está en la unidad de cuidados intensivos es la naturaleza del contrato social colombiano. El atentado, perpetrado por un sicario de apenas 15 años —un eco escalofriante de las tácticas de Pablo Escobar—, ha reactivado con violencia los fantasmas de un pasado que nunca se fue del todo, obligando a recalibrar las proyecciones sobre la estabilidad democrática, las políticas de seguridad y el peso de la memoria colectiva.
El escenario más inmediato y probable es la contracción del espacio democrático. La bala que hirió a Uribe Turbay impacta directamente en el centro del debate público, desplazando las agendas de reforma social del gobierno de Gustavo Petro para reinstalar con urgencia un marco de orden versus caos.
- A corto plazo (2025-2026): La campaña presidencial se verá dominada por un discurso de seguridad de “mano dura”. La oposición, nucleada en el Centro Democrático, encuentra en el atentado la validación trágica de sus advertencias sobre el fracaso de la política de “Paz Total”. Este evento les otorga una autoridad moral y un capital político difíciles de contrarrestar. Cualquier intento de matizar el debate sobre seguridad será probablemente tildado de complicidad o ingenuidad.
- A mediano plazo (2026 en adelante): Se vislumbra un electorado inclinado a sacrificar libertades a cambio de una promesa de seguridad. Esto podría no solo determinar el resultado electoral, sino también legitimar políticas de excepción, un fortalecimiento del aparato militar y policial, y una mayor vigilancia sobre la disidencia. El costo de la participación política, ya sea en una manifestación, en redes sociales o en una candidatura, aumenta exponencialmente para todos los actores, inhibiendo la deliberación pública y fomentando la autocensura.
El atentado pone en jaque la viabilidad de la “Paz Total”, la estrategia insignia del gobierno Petro para negociar con múltiples grupos armados. Este proyecto, ya criticado por su aparente falta de resultados contundentes, ahora enfrenta su crisis de legitimidad más profunda.
- Factor de incertidumbre clave: La autoría intelectual del crimen. Si la investigación, como ha exigido el presidente Petro, logra identificar y capturar de forma transparente a los responsables, el Estado podría reafirmar su autoridad. Sin embargo, un resultado ambiguo, politizado o que apunte a actores estatales o paraestatales, como ocurrió en crímenes del pasado, sería catastrófico. Alimentaría teorías de conspiración, profundizaría la desconfianza en la justicia y podría ser el detonante de una espiral de violencia retaliatoria.
- Proyección sectorial: Se espera una reasignación de recursos hacia la defensa y la inteligencia. Las negociaciones con grupos como el ELN o las disidencias de las FARC se tornarán extremadamente difíciles, pues cualquier concesión será vista como una debilidad inaceptable. El futuro de la seguridad en Colombia podría bifurcarse: una paz precaria y fragmentada en algunas regiones, y un retorno a la confrontación militar directa en otras, revirtiendo avances de la última década.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay no puede disociarse de la historia de su propia familia. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 en un operativo de rescate tras ser secuestrada por órdenes de Escobar. Su abuelo, Julio César Turbay, presidió el país en una época marcada por el polémico Estatuto de Seguridad. Esta repetición trágica transforma la memoria de la violencia política de un tema de estudio histórico a una realidad presente y un futuro plausible.
- Narrativas en disputa: Para un sector de la sociedad, este evento es la prueba de que la violencia es un ciclo sin fin, una condición endémica del país. Para la derecha política, es la confirmación de que sus enemigos son los mismos de siempre y que las estrategias de diálogo han fracasado. Para la izquierda, representa el riesgo de ser asociada a un clima de polarización que habilita la violencia, independientemente de su autoría.
- El futuro de la memoria: La figura de Uribe Turbay, dependiendo de su evolución, podría convertirse en un mártir que unifique a la oposición o, en un escenario más optimista y menos probable, en un símbolo que fuerce a todas las élites a un pacto fundamental para rechazar la violencia como herramienta política. Lo más probable, sin embargo, es que su historia sea instrumentalizada, convirtiendo la memoria y el dolor en armas arrojadizas dentro de un campo de batalla narrativo cada vez más polarizado.
Colombia se encuentra en una encrucijada crítica. Las decisiones que se tomen en los próximos meses —particularmente en el ámbito judicial y político— determinarán cuál de estos futuros se materializa. La investigación del atentado no es solo un procedimiento penal; es un acto que definirá la confianza en el Estado de derecho para la próxima generación.
La pregunta que queda abierta no es solo quién disparó la bala, sino qué contrato social emergerá de su impacto. ¿Reforzará Colombia sus anticuerpos democráticos para aislar la violencia como método de acción política, o sucumbirá a la fiebre de la polarización, abriendo la puerta a un futuro donde el disenso se paga con sangre? La respuesta aún no está escrita, pero los contornos del dilema son hoy más nítidos y urgentes que nunca.