El Borde Costero tiene nuevos dueños (temporales): La Ley Lafkenche congela el desarrollo mientras redefine el uso del mar
La Calma Antes de la Tormenta Legislativa
Han pasado más de 60 días desde que las principales voces del sector salmonero y gremios empresariales intensificaran su ofensiva para modificar la Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche. Lo que comenzó como una queja sectorial ha escalado hasta convertirse en un debate nacional que redefine el futuro de miles de kilómetros de costa. Hoy, con una moción parlamentaria avanzando en el Senado, la discusión no es solo sobre salmones o derechos ancestrales; es sobre qué modelo de desarrollo quiere Chile para su mar, quién tiene derecho a usarlo y cómo el Estado media en un conflicto que enfrenta visiones del mundo aparentemente irreconciliables.
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Preguntas Clave para Entender la Disputa
1. ¿Qué es y qué buscaba originalmente la Ley Lafkenche?
Promulgada en 2008, la Ley Lafkenche nació para saldar una deuda histórica. Buscaba reconocer y proteger el uso consuetudinario del borde costero por parte de las comunidades indígenas que han vivido ancestralmente de él. A través de la creación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la ley no pretendía entregar propiedad, sino resguardar prácticas culturales, religiosas y económicas de subsistencia, como la recolección y la pesca tradicional. Como señala el abogado Christian Paredes Letelier en CIPER, la norma surgió para llenar un vacío en la legislación pesquera, que invisibilizaba las formas de vida de los pueblos originarios costeros, ofreciendo una vía de justicia alineada con estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
2. ¿Por qué los gremios hablan de un "cerrojo" al borde costero?
La principal crítica del sector productivo, liderado por SalmonChile y la SOFOFA, es que la aplicación de la ley se ha "desvirtuado". Arturo Clément, presidente de SalmonChile, ha sido enfático: "se expropia el mar para pocas familias". El argumento central es que el simple ingreso de una solicitud de ECMPO congela cualquier otra concesión o proyecto en la misma área, un proceso que, según ellos, dura en promedio más de siete años.
Desde esta perspectiva, la ley se ha convertido en un instrumento que paraliza no solo a la salmonicultura, sino también a la pesca artesanal, proyectos de energía y plantas desalinizadoras. En una columna en Diario Financiero, representantes de la SOFOFA acusan una "instrumentalización" de las solicitudes por parte de ONGs, afirmando que se piden extensiones "demenciales" que desnaturalizan el espíritu de la ley, transformándola de una herramienta de protección cultural a un mecanismo de bloqueo productivo.
3. ¿Es una herramienta de justicia o una acusación de especulación?
Desde la vereda opuesta, las comunidades lafkenche y expertos en derechos humanos sostienen que las acusaciones de "abuso" o "cobro de peajes" son falacias sin evidencia empírica. El abogado Christian Paredes Letelier aclara que la propia ley prohíbe impedir la libre navegación y que no existen denuncias formales en SERNAPESCA al respecto. Además, las solicitudes de ECMPO no pueden superponerse a derechos previamente otorgados, como concesiones acuícolas ya existentes.
Esta contraparte argumenta que la ofensiva para modificar la ley constituye un acto de "discriminación racial" y "racismo institucional". La discusión en el Congreso, afirman, se ha basado en estigmas y generalizaciones, como las expresadas por senadores que acusan a las comunidades de "paralizar todo" o de ser "especuladores", sin presentar casos concretos. Critican, además, que la modificación legislativa se tramite sin una consulta indígena previa, violando abiertamente el Convenio 169 de la OIT, y que busca retroceder en derechos ya reconocidos.
4. ¿Qué rol juega el mundo político?
El conflicto ha expuesto la profunda polarización de la política chilena. Mientras senadores como Fidel Espinoza (PS), Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards (IND ex PSC) impulsan activamente la modificación de la ley, haciéndose eco de las preocupaciones del sector empresarial, el oficialismo ha mantenido una postura más ambigua.
Este escenario recuerda las tensiones vistas durante la entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. En esa ocasión, figuras como la entonces candidata Jeannette Jara (PC) criticaron a la derecha por rechazar el informe "por un punto político", mientras que personeros como Alfredo Moreno y la ministra Aisén Etcheverry llamaban a no transformar un tema de Estado en una "disputa electoral". Esa misma dinámica se repite aquí: la complejidad del conflicto es eclipsada por los cálculos políticos de corto plazo, impidiendo un diálogo constructivo que equilibre desarrollo económico, seguridad jurídica y derechos humanos.
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Un Futuro Incierto: ¿Hacia dónde va el debate?
La discusión sobre la Ley Lafkenche no está cerrada; por el contrario, ha entrado en su fase más crítica. La tramitación de su modificación en el Congreso definirá el futuro del borde costero chileno para las próximas décadas. El desafío es monumental: ¿es posible reformar la ley para agilizar procesos y dar certezas a la inversión sin que ello signifique un retroceso en los derechos de los pueblos originarios?
Mientras algunos proponen mirar modelos de asociatividad como los de Nueva Zelanda o Canadá, otros advierten que el clima de desconfianza y estigmatización hace inviable cualquier solución que no parta por un reconocimiento genuino y un diálogo respetuoso. Por ahora, el mar chileno permanece en una encrucijada, con su futuro anclado no en el fondo marino, sino en las salas del Congreso.