El borde costero se redefine en el Congreso:La pugna por la Ley Lafkenche enfrenta derechos ancestrales con el modelo de desarrollo económico
La Pregunta de Fondo: ¿De Quién es el Mar?
A más de dos meses de que la ofensiva para modificar la Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, cobrara fuerza en el Congreso, el debate ha trascendido la técnica legislativa. Lo que se discute hoy en Chile no es solo el perfeccionamiento de una norma, sino la colisión de dos visiones de mundo que se disputan el borde costero. Por un lado, la concepción del mar como un espacio de soberanía ancestral, cultural y de subsistencia para los pueblos originarios. Por otro, su entendimiento como un motor de desarrollo económico que requiere reglas claras y estables para la inversión. La discusión, lejos de enfriarse, ha madurado para revelar sus verdaderas dimensiones: una encrucijada sobre el modelo de desarrollo, la plurinacionalidad de facto y la capacidad del Estado para arbitrar un conflicto que marcará el futuro del sur del país.
El Argumento de la "Desnaturalización": La Ofensiva Gremial y Política
La presión para reformar la ley se consolidó a mediados de junio, cuando SalmonChile, el principal gremio de la industria salmonera, declaró públicamente la necesidad de cambios. Arturo Clément, su presidente, afirmó que la ley, aunque bien intencionada en su origen, "se ha desvirtuado completamente". El argumento central del sector productivo, replicado por la Comisión de Pueblos Indígenas de la SOFOFA, es que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) han sido instrumentalizados. Sostienen que, en lugar de proteger usos consuetudinarios y culturales en áreas acotadas, se han convertido en una herramienta para solicitar "superficies demenciales" que, en la práctica, generan un "cerrojo" sobre el borde costero.
Las críticas apuntan a dos consecuencias directas:
- Parálisis de la inversión: Acusan que la sola presentación de una solicitud de ECMPO suspende cualquier otro trámite sobre esa área, generando una parálisis que puede durar más de siete años, el tiempo promedio de tramitación. Esto, afirman, afecta no solo a la salmonicultura, sino también a la pesca artesanal, proyectos de energía y desalinizadoras.
- Uso indebido: Se argumenta que las solicitudes se han desviado de un fin cultural a uno productivo, e incluso se ha deslizado la idea de un "aprovechamiento" por parte de activistas y ONGs que "inventan comunidades". La frase de Clément, "se expropia el mar para pocas familias", resume la percepción de un sector que ve amenazada la certeza jurídica y el desarrollo económico de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Esta visión encontró eco en el Senado, donde una moción impulsada por parlamentarios del Partido Socialista, la UDI y RN comenzó a avanzar, buscando "perfeccionar" la ley para, entre otras cosas, acotar las superficies y agilizar los procesos.
La Defensa de un Derecho: Discriminación y Racismo Institucional
Frente a la arremetida gremial, una perspectiva radicalmente opuesta emergió con fuerza desde el mundo indígena y académico. En una columna publicada en CIPER a fines de julio, el abogado Christian Paredes Letelier calificó la modificación legislativa como un "acto de discriminación racial". Esta postura se fundamenta en varios puntos clave:
- Violación de estándares internacionales: Se denuncia que la tramitación de la reforma se está realizando sin consulta indígena, un requisito obligatorio según el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile. Este hecho, por sí solo, es calificado de inconstitucional y discriminatorio.
- Argumentos falaces: La defensa de la ley sostiene que las acusaciones de "parálisis" o el supuesto cobro de "peajes" son generalizaciones estigmatizadoras y carentes de evidencia. Se recalca que la propia ley establece que los ECMPO no pueden superponerse a derechos previamente constituidos, como concesiones acuícolas o áreas de manejo. Además, se subraya que no existen denuncias formales en SERNAPESCA por cobros indebidos.
- Racismo estructural: La narrativa de que las comunidades indígenas "abusan" de un derecho es vista como una forma de racismo institucional. Se argumenta que se construye una representación del indígena como un obstáculo para el desarrollo, deslegitimando su rol como actor político en la gobernanza del borde costero. Desde esta óptica, la ley no es un problema, sino una herramienta de justicia y reparación frente a una histórica invisibilización jurídica.
El Estado: Un Árbitro Cuestionado
El conflicto ha expuesto la compleja posición del Estado. Mientras el gobierno ha mantenido una postura cauta, el debate parlamentario se ha teñido del clima preelectoral. Las críticas a la ley por parte de figuras de la derecha se entrelazan con sus posturas frente a la Comisión para la Paz y el Entendimiento, mostrando un patrón de escepticismo hacia las demandas territoriales mapuche. Por otro lado, el impulso a la reforma por parte de senadores de centro-izquierda revela las fisuras y tensiones dentro del propio oficialismo sobre cómo equilibrar modelos de desarrollo y derechos indígenas.
La pasividad del Ejecutivo ante el avance de una reforma cuestionada por su legitimidad de origen (la falta de consulta) es vista por las comunidades lafkenche y sus defensores como una señal alarmante, una posible complicidad en lo que consideran un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Un Debate Abierto con Futuro Incierto
La pugna por la Ley Lafkenche sigue en una etapa crítica en el Congreso. No es un tema cerrado ni resuelto. Su desenlace no solo definirá las reglas de uso de miles de kilómetros de costa, sino que sentará un precedente sobre la capacidad de Chile para construir una sociedad verdaderamente intercultural. La pregunta que subyace a toda la discusión sigue abierta y más vigente que nunca: ¿Es posible compatibilizar el desarrollo económico extractivista con la protección de derechos ancestrales y ecosistemas frágiles, o está el país condenado a que una visión se imponga sobre la otra?