El desempleo femenino supera el 10%: La sala cuna universal, una promesa estancada que expone las fracturas del modelo de crecimiento chileno
El Nudo Ciego de la Corresponsabilidad
Han pasado más de 60 días desde que el Presidente Gabriel Boric, en su cuenta pública, instara al Congreso a aprobar con urgencia el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, calificándolo como “una prioridad para la sociedad”. Hoy, esa urgencia choca con una realidad inamovible: la iniciativa sigue entrampada en la Comisión de Trabajo del Senado, mientras el mercado laboral envía señales alarmantes. Con un desempleo femenino que alcanzó el 10,1% por primera vez en cuatro años, la postergación del proyecto ha dejado de ser una anécdota legislativa para convertirse en el síntoma de un dilema nacional no resuelto: ¿cómo conciliar la necesidad de equidad de género con un modelo económico que resiente cada nuevo costo laboral?
La discusión, que a simple vista parece técnica, encapsula una de las tensiones más profundas del Chile actual.
Dos Caminos, un Mismo Destino: Las Fórmulas en Disputa
La propuesta del Gobierno busca transformar un derecho históricamente limitado en una política universal. El plan consiste en crear un Fondo de Sala Cuna financiado principalmente por una cotización del 0,2% a cargo del empleador. Este fondo entregaría un aporte directo de hasta 4,11 UTM (cerca de $283.000) por cada niño o niña, eliminando el requisito actual de que una empresa cuente con 20 o más trabajadoras para ofrecer el beneficio. Para el Ejecutivo, la medida no solo ataca la discriminación laboral, sino que también invierte en educación parvularia de calidad, un doble impacto que, según el Presidente Boric, es fundamental para “bajar la tasa de desempleo, bajar la informalidad y generar puestos de trabajo sin discriminación”.
Sin embargo, al otro lado de la mesa, la propuesta genera serias dudas. Desde el centro de estudios Libertad y Desarrollo, la economista Ingrid Jones y el abogado Esteban Ávila han señalado tres debilidades críticas. Primero, la inviabilidad de seguir aumentando los costos laborales, que ya enfrentan un alza cercana al 19% real por reformas previas como el salario mínimo y la jornada de 40 horas. Segundo, que el aporte estatal es insuficiente frente al costo de mercado de una sala cuna (estimado en $480.000), lo que obligaría a los empleadores a un copago cercano a los $200.000, castigando a las pymes. Y tercero, una posible subestimación del gasto fiscal. Su contrapropuesta es pragmática: reasignar parte de la cotización del seguro de cesantía y focalizar el beneficio en el 60% más vulnerable, evitando así un nuevo impuesto al trabajo.
La Comisión de Trabajo del Senado se ha convertido en el epicentro de esta colisión de visiones. Los parlamentarios, escépticos sobre el monto propuesto por el Gobierno, esperan los resultados de un estudio del Banco Mundial como un posible insumo técnico que destrabe la discusión. Mientras tanto, el debate sigue en punto muerto.
El Telón de Fondo: Un Mercado Laboral que no Acompaña
El estancamiento del proyecto ocurre en un contexto económico complejo. Las cifras del INE del trimestre marzo-mayo mostraron que la creación de empleo se ha frenado drásticamente, con apenas 14.500 nuevas plazas en un año. En una columna en La Tercera, un académico de la Universidad Católica vinculó este pobre desempeño a las políticas de aumento de costos laborales, citando al Banco Central, que advirtió una caída del empleo formal del 4,8% en empresas más expuestas al alza del salario mínimo. Chile, señala la misma columna, se ubica en el top 3 de desempleo tanto en la OCDE como en América Latina.
Este escenario alimenta la disonancia: mientras el Gobierno impulsa una política social necesaria, los críticos argumentan que su diseño podría agravar el problema que busca resolver, desincentivando la contratación formal precisamente cuando más se necesita.
Más Allá de la Ley: Las Barreras Estructurales
Incluso si el proyecto se aprobara mañana, no sería una solución mágica. Un reciente informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reveló que Chile, con solo un 17% de mujeres en posiciones directivas, está entre los países OCDE con menor representación femenina en la alta dirección. Durante la presentación del informe, expertas como Cristina Bitar de ComunidadMujer y Sylvia Eyzaguirre del CEP apuntaron a las raíces del problema: la carga desproporcionada de los cuidados no compartidos y una cultura laboral que castiga la flexibilidad.
La discusión sobre la sala cuna universal, por tanto, es solo la punta del iceberg. Expone la fragilidad de los avances en equidad de género cuando no se abordan las bases culturales y estructurales que perpetúan la desigualdad. La cuna vacía no es solo un problema de acceso, sino un reflejo de un modelo de crecimiento y un contrato social que aún no deciden qué lugar asignarle a la corresponsabilidad.
El debate, lejos de estar cerrado, ha evolucionado. Ya no se trata solo de una ley, sino de una pregunta abierta sobre qué tipo de desarrollo quiere Chile: uno que asuma los costos de la inclusión o uno que siga postergando sus deudas sociales en nombre de la estabilidad macroeconómica. La respuesta sigue pendiente.