El poder regional se prueba en tribunales:Cómo el caso Orrego define el futuro de la confianza y la descentralización
La prueba de fuego para un nuevo poder
A más de 60 días de que la Contraloría General de la República emitiera un contundente informe sobre la gestión del Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, lo que comenzó como un cuestionamiento administrativo se ha transformado en una batalla legal y política de consecuencias impredecibles. El gobernador Claudio Orrego, una de las figuras más visibles de la nueva arquitectura regional de Chile, enfrenta hoy una investigación penal por fraude al fisco y una solicitud de destitución presentada por la oposición en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Lejos de ser un escándalo más, el caso Orrego se ha convertido en el primer gran examen de estrés para la figura del gobernador regional electo. La situación pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Están los nuevos poderes regionales equipados con los contrapesos necesarios para garantizar la probidad y mantener la confianza ciudadana, o son un laboratorio fallido que replica viejas tensiones en una nueva escala?
Cronología de una crisis: Del informe a la ofensiva política
El 4 de junio, un informe de la Contraloría, dirigido por Dorothy Pérez, encendió las alarmas. El documento de 159 páginas detallaba que el GORE Metropolitano, bajo la administración de Orrego, había pagado $31 millones de pesos por servicios de coaching a la empresa Vera y Asociados S.A. Según el ente fiscalizador, estas asesorías, contratadas para mejorar la gestión, habrían abordado temáticas de su campaña de reelección, como el manejo de noticias falsas y las "principales preocupaciones de cara a la campaña". La Contraloría concluyó que esto podría constituir una infracción al principio de probidad y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
La respuesta de la Fiscalía fue inmediata, abriendo una nueva causa penal contra el gobernador, quien ya era imputado en el caso ProCultura. A la arista judicial se sumó rápidamente la política. Consejeros regionales (cores) del Partido Republicano y de Chile Vamos vieron en el informe la base para una ofensiva mayor. Tras semanas de negociaciones y redacción de borradores por separado, el 25 de julio presentaron formalmente ante el Tricel un requerimiento para destituir a Orrego, acusándolo de “notable abandono de deberes” y faltas graves a la probidad.
La ofensiva no se detuvo ahí. Un análisis de datos de Mercado Público publicado por La Tercera el 21 de junio reveló que las compras por trato directo en el GORE se habían duplicado entre 2023 y 2024, pasando de 108 a 222. Aunque desde el GORE discreparon de las cifras y aseguraron que sus propios registros mostraban una caída, el dato se sumó al arsenal de la oposición.
Dos narrativas en colisión
Frente a las acusaciones, la defensa de Claudio Orrego se ha movido en dos ejes: la negación de cualquier ilícito y la denuncia de una operación política en su contra.
La defensa de Orrego: El gobernador ha insistido en que tiene la “conciencia tranquila”. En diversas declaraciones, argumentó que los coachings eran parte de un plan de desarrollo organizacional que se venía implementando desde 2021 y que es natural que en un año electoral surjan "elementos del contexto político" en conversaciones directivas. Calificó la ofensiva de la oposición como un “burdo aprovechamiento político” y los desafió: “Si quieren ocupar el cargo de gobernador regional, que compitan y ganen en elecciones, pero que no lo hagan mañosamente por secretaría”. Orrego se ofreció voluntariamente a declarar ante la fiscalía y a entregar sus comunicaciones, reafirmando que “nunca he ocupado un peso del gobierno de Santiago en mis campañas”.
La acusación de la oposición: Para los consejeros de Chile Vamos y Republicanos, los hechos son graves y sistemáticos. El core Álvaro Bellolio (UDI) afirmó que el aumento de tratos directos es un “síntoma de una gestión que ha intentado esquivar los mecanismos de transparencia”. Su requerimiento ante el Tricel se fundamenta en los hallazgos de Contraloría, los convenios observados y los presuntos conflictos de interés, configurando un cuadro de “notable abandono de deberes”. Para ellos, no se trata de una maniobra electoral, sino del ejercicio de su rol fiscalizador ante una gestión que, a su juicio, ha cruzado líneas éticas y legales.
El telón de fondo: La descentralización a prueba
Este conflicto trasciende a sus protagonistas y pone en el centro del debate la Ley de Regiones Más Fuertes y la promesa de descentralización. La elección directa de gobernadores fue celebrada como un paso histórico para dar más poder y autonomía a los territorios. Sin embargo, el caso Orrego evidencia las tensiones inherentes a este nuevo modelo.
Por un lado, demuestra que los mecanismos de control institucional —Contraloría, Ministerio Público, Tricel— están funcionando como contrapesos al nuevo poder ejecutivo regional. Pero, por otro, revela la fragilidad de estas nuevas instituciones frente a la polarización política y la desconfianza generalizada. Como señala un análisis de G5noticias sobre la crisis de confianza en Chile, los ciudadanos y las instituciones exigen “pruebas, fundamentos y transparencia”, y la lealtad ya no se da por sentada.
El caso también se enmarca en un contexto de escrutinio sobre el uso de fondos públicos en los GORE, recordando otras investigaciones como la de las "clases de zumba" por $500 millones durante la administración anterior de Felipe Guevara, o el propio caso ProCultura. Esto sugiere que los desafíos de probidad no son exclusivos de una administración, sino un problema sistémico en la gestión de los recursos regionales.
El capítulo judicial y político del caso Orrego sigue abierto. Su desenlace no solo definirá el futuro de una de las figuras políticas más prominentes del país, sino que sentará un precedente crucial sobre los límites, responsabilidades y, en última instancia, la viabilidad del proyecto descentralizador en Chile. La pregunta que queda en el aire es si este proceso fortalecerá la institucionalidad regional o si terminará por erosionar aún más la ya frágil confianza en el poder.