Hace poco más de dos meses, en junio de 2025, dos imágenes definieron la tensión en Estados Unidos. En Washington D.C., tanques y miles de soldados desfilaron por la Avenida Pensilvania en una exhibición de fuerza militar para celebrar el 250º aniversario del Ejército, un evento impulsado por el presidente Donald Trump en su cumpleaños 79. Simultáneamente, en decenas de ciudades, las multitudes más grandes desde el regreso de Trump al poder marchaban bajo el lema "No a los reyes", en una clara muestra de oposición.
Esa misma semana, en Santa Ana, California, otra escena de confrontación se hacía viral. Un video grabado con un celular mostraba a Narciso Barranco, un jardinero mexicano de 48 años, siendo violentamente detenido por agentes de inmigración (ICE) mientras trabajaba. Las imágenes de la golpiza, amplificadas por las redes sociales, desataron una ola de indignación. Su hijo, Alejandro Barranco, un infante de marina, tuvo que testificar ante el Senado: "Mi padre estaba rodeado de hombres enmascarados que no se identificaron ni presentaron ninguna orden judicial. Aterrorizado, huyó".
Estos dos eventos —la protesta masiva y el arresto viral— representan la cara más visible de la resistencia: la del asfalto. Una respuesta física, emocional y pública ante una ofensiva estatal que se ha intensificado drásticamente. El gobierno de Trump, con una inyección de 45.000 millones de dólares para centros de detención y 30.000 millones para más personal de ICE, lanzó una campaña de reclutamiento bajo el lema "Regresa a la Misión", apelando al patriotismo para ejecutar lo que ha denominado "la mayor deportación de la historia".
Detrás de la protesta callejera, la primera línea de defensa ha estado tradicionalmente en los tribunales. Sin embargo, el sistema legal está al borde del colapso. Con menos de 20.000 abogados migratorios para más de tres millones de casos abiertos, la capacidad de respuesta es mínima. Según datos recientes, si en 2019 el 65% de los migrantes tenía representación jurídica, para 2023 la cifra se desplomó al 30%.
"Siento que si me retiro, sería como rendirme, como huir del campo de batalla", confesaba Wilfredo Allen, un abogado de 74 años en Miami. La frustración no solo viene de la sobrecarga de trabajo, sino del cambio en las reglas del juego. Nuevas directivas, como la que permite a los agentes fronterizos preguntar a adolescentes no acompañados si desean "autodeportarse" antes de ofrecerles asistencia legal, han puesto contra las cuerdas a los defensores. Neha Desai, del Centro Nacional de Derecho Juvenil, lo calificó como una instrumentalización de los menores "sin importar el costo humano".
Jonathan Shaw, jefe de un bufete en Utah, admite que ha tenido que empezar a rechazar clientes y a usar las redes sociales para difundir información de protección. "Nos adaptamos rápidamente y compartimos todo lo que aprendemos", señala. Esta táctica es un primer indicio de cómo la resistencia tradicional se ve forzada a mutar, buscando en el espacio digital un eco que ya no encuentra en las cortes.
Aquí es donde la narrativa da un giro fundamental, alejándose del ruido de las calles y el agobio de los tribunales para entrar en el silencio de los datos. La figura clave de esta nueva forma de activismo es Thomas Cartwright, un ejecutivo financiero de JP Morgan jubilado, de casi 72 años. Lo que comenzó en 2019 como un acto de testimonio, arrastrándose por el suelo de un aeropuerto en Texas para documentar vuelos de deportación, se ha convertido en una sofisticada operación de inteligencia ciudadana.
Desde su casa en Ohio, Cartwright perfeccionó un método para rastrear los vuelos del ICE usando aplicaciones gratuitas y datos públicos. Triangulando registros de aviones, aeropuertos de salida y destino, y horarios, es capaz de identificar aeronaves usadas para deportaciones o traslados internos. Su trabajo, que le consume hasta 12 horas diarias, se ha vuelto la fuente más fiable para abogados, periodistas y organizaciones de derechos humanos, en ausencia de datos oficiales.
"Un abogado que tiene un cliente que van a expulsar a Ecuador me contacta para preguntarme cuándo sería el próximo vuelo. Analizando los datos le puedo decir la fecha y hora probable. Eso es profundamente gratificante", explica Cartwright. Su labor no busca la viralidad de un video, sino la eficacia estratégica. Es una forma de contrapoder que no se basa en la movilización de masas, sino en la vigilancia sistemática del Estado.
La historia de la resistencia a la política migratoria en Estados Unidos ya no se escribe solo en pancartas, sino también en hojas de cálculo. El caso de Narciso Barranco demuestra el poder del "activismo de testigo" digitalizado, capaz de generar presión pública y política. El trabajo de Thomas Cartwright representa un paso más allá: el "activismo de datos", que provee las herramientas para una defensa más informada y anticipada.
Ambas formas de resistencia no son excluyentes, sino complementarias. La indignación generada en el asfalto crea el capital político y social que da relevancia a los datos recopilados en los servidores. Mientras el gobierno de EE.UU. invierte miles de millones en su aparato de deportación, la sociedad civil responde con una guerrilla asimétrica: a la fuerza bruta del Estado oponen la viralidad de un video; a la opacidad burocrática, la transparencia forzada a través del análisis de datos.
El tema sigue abierto. Cartwright está en proceso de transferir su sistema a una ONG, asegurando que esta nueva forma de vigilancia ciudadana se institucionalice y perdure. La confrontación ha escalado a un nuevo campo de batalla, uno donde el control de la información es tan crucial como el control del territorio. La pregunta que queda en el aire es si esta metamorfosis de la resistencia civil será suficiente para equilibrar una balanza de poder cada vez más desigual.