La maquinaria de deportación se acelera: El nuevo rostro de la política migratoria estadounidense es la resistencia individual
Hace poco más de dos meses, las calles de ciudades como Los Ángeles resonaban con protestas contra la nueva y agresiva política migratoria de la administración Trump. Hoy, el eco de esas manifestaciones se ha atenuado, pero sus consecuencias se materializan en una escala más íntima y devastadora. La gran narrativa de la "seguridad fronteriza" se ha descompuesto en millones de crisis personales, revelando un panorama donde la resistencia ya no se mide en multitudes, sino en la tenacidad de un abogado, el testimonio de un hijo o la vigilancia solitaria de un jubilado.
La arquitectura de la expulsión
El engranaje central de esta nueva era es una maquinaria burocrática y tecnológica sin precedentes. Un acuerdo reciente, revelado por WIRED, permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a la base de datos de Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos. Con esto, información personal de casi 80 millones de personas, incluyendo domicilios y datos de contacto, se convierte en una herramienta para "la identificación y localización de extranjeros". Aunque la administración justifica la medida como una forma de combatir el fraude, el propio documento establece que su propósito es localizar migrantes, transformando un pilar de la salud pública en un brazo de la vigilancia migratoria.
Esta estrategia se complementa con una inyección financiera masiva. La nueva ley fiscal destina 45.000 millones de dólares para expandir centros de detención y otros 30.000 millones para contratar más personal del ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha lanzado una campaña de reclutamiento bajo el lema "Regresa a la Misión", apelando a agentes retirados para unirse a lo que la propia administración ha denominado "la mayor deportación de la historia". El mensaje es claro: se está librando una guerra y se necesitan soldados.
Un sistema bajo presión: las grietas institucionales
El peso de esta ofensiva ha fracturado los sistemas de apoyo. Los menos de 20.000 abogados migratorios del país se enfrentan a más de tres millones de casos abiertos, una cifra que crece exponencialmente. "Siento que si me retiro, sería como rendirme, como huir del campo de batalla", confesó a El País Wilfredo Allen, un abogado de 74 años en Miami. Su frustración es compartida por muchos colegas que ven cómo las reglas cambian constantemente, dejando a sus clientes en un limbo legal y a ellos al borde del colapso profesional y emocional. "La comunidad nos necesita. Si nos vamos, pierden la esperanza", añade el abogado Jonathan Shaw.
La presión se extiende a los cuerpos diplomáticos. Funcionarios consulares mexicanos en Estados Unidos, la primera línea de defensa para muchos, relatan jornadas extenuantes y salarios congelados desde 1998, lo que los obliga a recurrir a bancos de alimentos o subsidios del gobierno estadounidense para subsistir. "Nos piden que hagamos más con menos", resume un funcionario anónimo a El País, describiendo una situación insostenible mientras intentan proteger a sus connacionales del pánico y la desinformación.
Relatos desde el encierro y el exilio: el costo humano
Lejos de los despachos y las cifras, la política se traduce en vidas deshechas. En un centro de detención en Texas, un grupo de hombres relataba a El País su día a día entre el hacinamiento, el calor insoportable y una comida "incomible". La desesperanza es tal que muchos, como Alejandro, un cubano de 34 años, optan por la "autodeportación". "Voy a pedir mi deportación, no aguanto un día más aquí", afirmaba, resignado a perderlo todo.
Esta realidad se manifiesta en casos de una crueldad burocrática extrema. Luis León, un chileno de 82 años que obtuvo asilo político en los 80 tras ser torturado en dictadura, fue detenido en Filadelfia al intentar renovar su tarjeta de residencia. Tras un mes desaparecido para su familia, fue deportado por error a Guatemala, donde fue encontrado en un hospital. Su historia, reportada por BioBioChile, evidencia un sistema que opera con una velocidad que ignora la humanidad y la lógica.
La violencia no es solo burocrática. Narciso Barranco, un jardinero mexicano de 48 años y padre de tres marines estadounidenses, fue brutalmente golpeado y detenido por agentes del ICE en California. Su hijo, Alejandro, testificó ante el Senado: "Mi padre me enseñó a amar este país". La imagen de un hombre que contribuyó a la sociedad y crió hijos que la sirven, siendo tratado con tal violencia por su estatus migratorio, genera una profunda disonancia cognitiva sobre los valores que el país dice defender.
Incluso los más vulnerables son objetivos. Menores no acompañados han recibido cartas amenazantes instándolos a abandonar el país, y una nueva directiva permite a los agentes preguntar a adolescentes si desean "deportarse voluntariamente" antes de ofrecerles acceso a refugios o asistencia legal. Mientras tanto, ciudadanos estadounidenses de la comunidad trans, sintiéndose perseguidos y criminalizados, han comenzado un "sexilio", buscando asilo en Canadá, un fenómeno que ha multiplicado por diez las solicitudes de ayuda a ONGs como Rainbow Railroad.
La resistencia silenciosa: del activismo a la supervivencia
Si la primera respuesta a estas políticas fue la protesta masiva, la fase actual se caracteriza por una resistencia más atomizada y personal. Es la lucha de Thomas Cartwright, un ejecutivo jubilado de JP Morgan que, desde 2019, se ha convertido en el principal rastreador independiente de vuelos de deportación del ICE. Su trabajo, meticuloso y voluntario, ha sido clave para que abogados y periodistas conozcan la escala real de las operaciones.
Es también la lucha de los abogados que, como Wilfredo Allen, deciden no retirarse para seguir defendiendo a sus clientes. Es el coraje de Alejandro Barranco al llevar la historia de su padre al Senado. Y es la resiliencia de quienes, enfrentados a la deportación, buscan la manera de que sus familias en Estados Unidos no queden desamparadas.
El panorama actual muestra que el debate sobre la inmigración en Estados Unidos ha trascendido la política para convertirse en una crisis de derechos humanos a gran escala. La maquinaria de deportación sigue acelerando, pero en sus grietas, en las historias de quienes la sufren y la combaten, se revela la profunda fractura de una sociedad en conflicto consigo misma. El tema no está cerrado; apenas comenzamos a comprender la profundidad de sus cicatrices.