El Mar Interrogado: Qué es y qué provoca la Ley Lafkenche 17 años después de su creación

¿Qué está pasando exactamente en el borde costero chileno?

Meses después de que el debate sobre la Ley Lafkenche encendiera los foros empresariales y el Congreso, la marea no ha bajado. Lo que comenzó como una disputa sectorial se ha consolidado como una de las fracturas más profundas del Chile actual. El borde costero, especialmente en el sur, se encuentra en un estado de parálisis funcional. Por un lado, comunidades indígenas defienden lo que consideran un derecho ancestral irrenunciable. Por otro, gremios como el salmonero y otros actores económicos denuncian una "expropiación de facto" del mar que frena inversiones y empleos. La situación ha escalado a tal nivel que se ha convertido en un campo de batalla para los candidatos presidenciales, reflejando que la pregunta de fondo ya no es sobre una ley, sino sobre qué modelo de desarrollo, soberanía y convivencia quiere el país para su principal frontera: el océano.

¿Qué es la Ley Lafkenche y por qué una ley de 2008 explotó ahora?

La Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, fue promulgada en 2008. Su objetivo fue saldar una deuda histórica: reconocer y proteger el uso consuetudinario que los pueblos originarios costeros —principalmente los lafkenche— han tenido sobre el mar. Para ello, creó la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Una comunidad puede solicitar un ECMPO demostrando usos ancestrales (religiosos, recreativos o económicos) en un área determinada.

El conflicto actual se debe a una combinación de factores que han madurado con el tiempo. Primero, la burocracia estatal: la tramitación de un ECMPO puede demorar, en promedio, más de siete años. Segundo, y este es el punto más polémico, la ley estipula que una vez ingresada una solicitud, se suspende la tramitación de cualquier otra concesión en esa misma zona. Con más de un centenar de solicitudes en trámite que abarcan vastas extensiones del litoral, la industria acusa que el mecanismo se ha transformado en un cerrojo que genera una incertidumbre insostenible.

¿De qué acusan los gremios empresariales a la ley y a las comunidades?

La postura de actores como SalmonChile y la SOFOFA es categórica. Arturo Clément, presidente de SalmonChile, ha calificado la ley como "una de las peores políticas públicas", argumentando que su espíritu original fue "desvirtuado". Las acusaciones son varias:

• Instrumentalización: Sostienen que la ley es utilizada por "grupos activistas", algunos con financiamiento extranjero, para frenar el desarrollo. Se habla de la invención de comunidades con el único fin de solicitar ECMPOs.
• Parálisis económica: La suspensión de concesiones durante años afecta no solo a la salmonicultura, sino también a la pesca artesanal, la mitilicultura (cultivo de choritos) y proyectos de infraestructura clave como puertos o plantas desalinizadoras.
• Extorsión y "peajes": Políticos como el senador Iván Moreira (UDI) y representantes gremiales han afirmado que las comunidades usan los ECMPO para cobrar "peajes" a otras actividades. Esta es una de las acusaciones más graves y que más tensión genera.
• Incertidumbre jurídica: La percepción es que la ley, en su aplicación actual, "expropia el mar para pocas familias", creando un marco regulatorio impredecible que desincentiva cualquier inversión a largo plazo. El sector acuícola afirma que sus esfuerzos recientes han estado destinados a "no desaparecer".

¿Cómo responden las comunidades indígenas y sus defensores?

Desde la otra vereda, la narrativa es de resistencia y defensa de derechos fundamentales. Para las comunidades lafkenche y organizaciones de derechos humanos, la ofensiva contra la ley es un intento de las grandes industrias por revertir una conquista histórica. Sus argumentos, como los expuestos por el abogado Christian Paredes en un análisis para CIPER, son:

• Acto de discriminación racial: Argumentan que la campaña para modificar la ley, impulsada en el Senado sin un proceso de consulta indígena como lo exige el Convenio 169 de la OIT, es en sí misma discriminatoria. Se basaría en "afirmaciones generalizadoras, estigmatizadoras y carentes de evidencia empírica".
• Defensa de un derecho, no un negocio: Rechazan la idea de que los ECMPO sean un instrumento de lucro. Señalan que la ley prohíbe explícitamente el cobro de "peajes" o impedir la libre navegación, y que a la fecha no existen denuncias formales por estos hechos en los organismos pertinentes como SERNAPESCA.
• Compatibilidad con otros usos: Aclaran que la ley establece que los ECMPO no pueden superponerse a derechos previamente constituidos, como concesiones acuícolas o áreas de manejo de la pesca artesanal. Por tanto, no buscan eliminar actividades existentes, sino regular el futuro del borde costero bajo una lógica de soberanía ancestral.
• Reparación histórica: Ven la ley como una herramienta de justicia frente a un modelo de desarrollo que históricamente los ha excluido y ha degradado el ecosistema del que dependen sus prácticas culturales y su sustento.

¿Qué papel juega el Estado en esta disputa?

El Estado se encuentra en una posición de evidente debilidad y contradicción. Por un lado, es el garante de la Ley Lafkenche y de los tratados internacionales que protegen los derechos indígenas. Por otro, es el promotor de un modelo económico basado en la exportación de recursos naturales. Esta tensión se manifiesta en una inacción institucional: la lentitud en la tramitación de los ECMPO ha sido el principal combustible del conflicto.

Políticamente, el gobierno ha mostrado una postura ambigua, lo que quedó de manifiesto con la ausencia de ministros en el "Salmón Summit 2025", un gesto que el sector industrial interpretó como un portazo. Mientras tanto, la contienda presidencial ha absorbido el debate. Evelyn Matthei (Chile Vamos) ha criticado duramente al gobierno por "intentar destruir la industria del salmón" y ha cuestionado el silencio de su contrincante, Jeannette Jara (Oficialismo), sobre la pérdida de empleos. El conflicto ha dejado de ser técnico para volverse un símbolo de las visiones antagónicas que compiten por gobernar el país.

¿Qué sigue ahora? ¿Hay una solución a la vista?

El futuro inmediato es incierto. En el Congreso sigue su curso la discusión de las modificaciones a la ley, que buscan, entre otras cosas, acortar plazos y limitar el alcance de las solicitudes de ECMPO. Sin embargo, no hay consenso. Cualquier cambio legislativo sin acuerdo con los pueblos originarios podría profundizar la judicialización y la desconfianza.

El conflicto del borde costero ha dejado de ser sobre hectáreas de mar y se ha transformado en una pregunta fundamental sobre el alma de Chile. ¿Es el mar un territorio para la producción industrial, un espacio sagrado para la cosmovisión ancestral o un bien común que debe equilibrar múltiples usos? La respuesta que el país construya no solo definirá el futuro de la Ley Lafkenche, sino el tipo de sociedad que Chile aspira a ser en las próximas décadas.