El Contrato de Confianza se Quiebra: El narcotráfico en cuarteles militares redefine la seguridad nacional
La Fisura Inesperada
Hace más de dos meses, la noticia sacudió los cimientos de una de las instituciones más respetadas del país: seis suboficiales del Ejército, pertenecientes a la brigada ‘Cazadores’ de Pozo Almonte, fueron detenidos por su participación en una red que traficaba cocaína desde el norte hacia la Región Metropolitana. Lo que inicialmente pudo ser visto como un hecho aislado, pronto reveló ser una fisura más profunda. A las pocas semanas, se sumó el hallazgo de ovoides de droga en una unidad militar en Colchane y la detección de un intento de trasladar ketamina por parte de funcionarios de la Fuerza Aérea (FACH) en Iquique.
Pasado el impacto mediático inicial, el eco de estos eventos resuena hoy en los pasillos de La Moneda, el Congreso y los tribunales. La pregunta ya no es solo sobre la culpabilidad de un puñado de uniformados, sino sobre la vulnerabilidad sistémica de las Fuerzas Armadas frente a la penetración del crimen organizado y la capacidad del Estado para defenderse de una amenaza que ahora opera desde su interior.
La Respuesta del Estado: Contención y Control
La reacción del gobierno fue rápida y enérgica, buscando proyectar una imagen de control absoluto. Tras una reunión de emergencia encabezada por el Presidente Gabriel Boric con los altos mandos militares, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció un paquete de medidas drásticas. Entre ellas, la rotación periódica de personal destinado a la frontera norte para evitar "la habitualidad y los vínculos" con redes criminales, el fortalecimiento de las labores de contrainteligencia y la equiparación de los controles en vuelos militares a los de la aviación comercial.
Adicionalmente, se instruyó ampliar el universo de funcionarios obligados a presentar declaraciones de patrimonio e intereses y se comprometió a acelerar ajustes a la Ley de Inteligencia. Desde la FACH, el Comandante en Jefe, Hugo Rodríguez, aseguró que el caso de la ketamina fue detectado gracias a los "rigurosos controles internos" de la propia institución, un argumento que, si bien demuestra capacidad de reacción, no logra disipar la inquietud sobre cuántas veces dichos controles pudieron haber fallado antes.
El Diagnóstico Político: ¿Incidente Aislado o Falla Sistémica?
Mientras las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa se enfocaban en la contención, desde el Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero intentaba calibrar el discurso. Calificó los hechos como "graves" pero insistió en que "no hay evidencia de un problema estructural", descartando por ahora la citación al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Esta postura contrasta con la percepción de otros actores políticos, como el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, quien solicitó formalmente que Carabineros reciba capacitación especializada en Estados Unidos para combatir al crimen organizado, una señal de que para algunos sectores la amenaza ya superó las capacidades actuales.
Esta disonancia entre el diagnóstico oficial —que lo enmarca como hechos puntuales— y la magnitud de las medidas anunciadas —que sugieren una preocupación profunda— genera una tensión no resuelta. ¿Está el gobierno minimizando la crisis para evitar el pánico o realmente cree que se trata de "manzanas podridas" en un sistema sano?
La Disputa por la Justicia: Un Síntoma de Descoordinación
Quizás la consecuencia más reveladora de esta crisis no fue la respuesta política, sino la institucional. A los pocos días de conocerse el caso de la FACH, estalló una disputa de competencia entre la Fiscalía de Aviación y la Fiscalía Regional de Tarapacá sobre quién debía liderar la investigación. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expresó públicamente su frustración, afirmando que estas contiendas "no contribuyen en nada a la justicia" y entorpecen la celeridad de las diligencias, un factor clave en la lucha contra el crimen organizado.
Para Valencia, la competencia de la justicia civil es "bastante clara", pero la insistencia de la justicia militar en mantener el caso bajo su fuero expone una de las grandes deudas pendientes en la modernización del Estado: la necesidad de contar con reglas unívocas y una cooperación fluida entre sus distintos brazos, especialmente cuando la seguridad nacional está en juego. Esta fricción no es un mero tecnicismo; es un obstáculo que podría impedir desmantelar por completo las redes que han logrado infiltrarse.
Un Debate Abierto Sobre la Soberanía
Los casos de "narcomilitares" han evolucionado de una crónica policial a un debate estratégico sobre el futuro de la defensa y la seguridad en Chile. El tema ya no está en las portadas de los diarios, pero sigue latente en las comisiones de Defensa del Congreso y en las planificaciones de las agencias de inteligencia.
La etapa de las detenciones y los anuncios ha concluido. Ahora comienza la fase más compleja: la implementación de los nuevos controles, la resolución de las disputas judiciales y, sobre todo, la reconstrucción de un contrato de confianza que fue vulnerado. La soberanía de un país no solo se defiende en sus fronteras geográficas, sino también en la integridad de las instituciones que juraron protegerla.