El aborto se instala en el Congreso y en la carrera presidencial: El gobierno abre un debate que divide a sus propias filas y moviliza a la oposición

La Onda Expansiva de un Anuncio

Dos meses después de que el Presidente Gabriel Boric utilizara su última Cuenta Pública para anunciar el ingreso de un proyecto de ley de aborto legal, el eco de sus palabras ha dejado de ser un estruendo para convertirse en una persistente vibración que reordena el tablero político. La iniciativa, que propone la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, ya no es solo una promesa de campaña; es un hecho legislativo que ha obligado a todos los actores a tomar posición, revelando fisuras profundas no solo entre gobierno y oposición, sino dentro de las propias filas del oficialismo.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados a principios de junio sin carácter de urgencia, una señal interpretada por algunos como una admisión de la compleja aritmética parlamentaria que enfrenta. Su tramitación fue derivada a las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda, un camino que anticipa un debate técnico, valórico y fiscal de largo aliento.

¿Salud Pública o Táctica Política?

Desde La Moneda, la defensa del proyecto ha sido consistente. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha enmarcado la discusión como una necesidad ineludible de salud pública. “En paralelo la realidad sigue ocurriendo y la verdad es que tenemos miles de abortos clandestinos y en condiciones sanitarias indignas”, argumentó, instando a no “temerle al debate”. La postura del Ejecutivo es clara: se trata de un problema real que el Estado debe abordar, independientemente de las convicciones personales.

Sin embargo, para la oposición, el momento y la forma del anuncio responden a una lógica distinta. Figuras como la diputada UDI María José Hoffmann calificaron la iniciativa como una “cortina de humo” de la “izquierda extrema identitaria”, diseñada para desviar la atención de problemas más urgentes como la seguridad y la economía. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, fue más dura, acusando al Presidente de actuar como “jefe de barra brava” con anuncios que solo apelan a su base, en un discurso que describía “un país que no existe”. Esta narrativa fue reforzada por el anuncio simultáneo sobre el cambio de estatus del penal de Punta Peuco, que la oposición interpretó como otra pieza en una agenda ideológica desconectada de las prioridades ciudadanas, provocando reacciones airadas como la de la diputada Camila Flores (RN), quien calificó al mandatario de “miserable”.

El Laberinto del Congreso: Divisiones y Estrategias de Bloqueo

El principal obstáculo para el proyecto no reside únicamente en la oposición, sino en las propias filas del gobierno. El anuncio expuso las tensiones latentes en el Socialismo Democrático, donde senadores históricos como Juan Luis Castro (PS) y José Miguel Insulza (PS) adelantaron su voto en contra. “Como médico, antes que como político, soy contrario al aborto provocado”, sinceró Castro, poniendo en una posición incómoda a la candidata presidencial del sector, Carolina Tohá.

Esta falta de cohesión fue rápidamente utilizada por sus competidores en las primarias oficialistas. Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, se emplazó a Tohá a “alinear” a su coalición, cuestionando la viabilidad de un proyecto progresista sin un respaldo unánime en temas valóricos. “Si quiere liderar un proyecto progresista, tendrá que empezar por ordenar su propia casa”, sentenció la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), vocera de la candidata Jeannette Jara (PC).

Mientras el oficialismo debate sus diferencias, la derecha ha pasado a la ofensiva legislativa. La UDI, según reportes de prensa, articula un plan para presentar un proyecto de ley “espejo” con el objetivo de que sea rechazado rápidamente. De concretarse, y en virtud del artículo 68 de la Constitución, la iniciativa del gobierno no podría volver a discutirse hasta dentro de un año, una jugada que sepultaría sus posibilidades de aprobación durante la actual administración.

El Veredicto de la Ciudadanía y las Voces Históricas

El cálculo político se enfrenta, además, a una realidad social compleja. Una encuesta Cadem publicada tras el anuncio reveló que solo un 25% de la población está de acuerdo con el aborto libre hasta las 14 semanas. La mayoría, un 55%, se inclina por mantener la ley actual de tres causales, mientras un 19% lo rechaza por completo. Estos datos sugieren que, más allá de las élites políticas, la sociedad chilena mantiene una postura mayoritariamente moderada, lo que dificulta la construcción de un respaldo social amplio para la propuesta del Ejecutivo.

En este escenario, la voz de la expresidenta Michelle Bachelet, bajo cuyo mandato se aprobó la ley de tres causales, aportó una perspectiva histórica. Si bien respaldó la necesidad de debatir, afirmando que “no puede haber tema prohibido”, su enfoque se centró en la necesidad de que “el Estado tiene que asegurar opciones a las mujeres”, un matiz que resuena más con la lógica de derechos y salud pública que con una batalla cultural polarizante.

Un Debate Abierto con Futuro Incierto

Actualmente, el proyecto de aborto legal avanza a paso lento en el Congreso, sin urgencia y con un pronóstico reservado. El gobierno ha descartado apurar una discusión que considera “necesaria” y que busca ser amplia. Sin embargo, las consecuencias del anuncio ya son visibles. Logró instalar un tema valórico en el centro de la agenda pre-electoral, obligando a los candidatos a definirse y marcando un claro punto de diferenciación entre los bloques.

Más que un avance legislativo concreto, el principal efecto ha sido político: el debate sobre el aborto se ha convertido en el campo de batalla donde se miden las fuerzas, se exponen las fracturas y se perfilan los proyectos de país que competirán en noviembre. Su futuro como ley es incierto, pero su rol como catalizador del debate público y electoral ya es un hecho consumado.