Punta Peuco se convierte en penal común: El decreto que redefine un símbolo entra en su fase final entre la promesa de igualdad y la advertencia de un colapso

A más de un mes de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su última Cuenta Púbica la transformación del penal Punta Peuco en una cárcel común, la controversia ha mutado. Lo que comenzó como una tormenta de declaraciones políticas inmediatas, hoy se ha decantado en un campo de batalla con tres frentes definidos: el administrativo, el judicial y, quizás el más complejo, el de la realidad material del recinto. Con el decreto que modifica su estatus ya ingresado a la Contraloría General de la República para su trámite final, el debate se aleja del gesto simbólico para entrar en el terreno de sus consecuencias concretas.

La guerra de los símbolos: ¿Justicia o Venganza?

Desde su creación, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco ha sido más que un recinto carcelario; es un potente símbolo de las fracturas no resueltas de la memoria histórica chilena. Para el Gobierno y las agrupaciones de derechos humanos, su existencia representa un privilegio inaceptable para exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha sido enfático: “No hay ninguna justificación razonable para que las personas que violaron los derechos humanos tengan un tratamiento especial”. La medida, argumentan desde el Ejecutivo, busca saldar una deuda de igualdad ante la ley, un principio que, según ellos, debe primar sobre cualquier otra consideración. En esta línea, el cierre del Penal Cordillera en 2013 por el entonces presidente Sebastián Piñera es citado como un antecedente de coherencia de Estado.

En la vereda opuesta, la oposición ha calificado el anuncio como un “acto de venganza” y una maniobra para “apuntar al 30% firme que tiene el Presidente”, en palabras del senador Iván Moreira (UDI). La candidata presidencial Evelyn Matthei desafió la medida, afirmando que no costaría “nada revertirlo” en un futuro gobierno, lo que provocó un áspero intercambio con la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry. Para este sector, la decisión no responde a las prioridades ciudadanas —como la seguridad o la economía—, sino a una agenda ideológica que busca reabrir heridas para obtener réditos políticos en el último tramo del mandato presidencial.

El cruce de caminos legal y humanitario

La batalla se ha trasladado rápidamente a los tribunales. El abogado Raúl Meza, representante de internos del penal, interpuso un recurso de protección argumentando que la medida vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y la integridad física de los reos, en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas y terminales. La defensa apela a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita por Chile, para sostener que un traslado a penales comunes, con mayores niveles de violencia y menor capacidad de atención médica especializada, pondría en riesgo directo sus vidas. El senador Moreira reforzó este punto al apelar a la “piedad por esa gente que está a punto de morirse”.

El Gobierno ha respondido que la segregación penitenciaria no desaparecerá, sino que se regirá por criterios técnicos de Gendarmería, como la edad o el nivel de peligrosidad, y no por el tipo de delito cometido durante la dictadura. “No se hacen segregaciones para personas que cometieron delitos específicos en un momento determinado de la historia”, explicó el ministro Gajardo. Esta postura plantea una disonancia fundamental: ¿dónde termina el principio de igualdad y dónde comienza la obligación del Estado de garantizar condiciones humanitarias a una población penal con características etarias y de salud muy específicas?

El impasse pragmático: ¿Una solución o un nuevo problema?

Mientras el debate político y legal acapara los titulares, una advertencia desde el interior del propio penal pone en jaque uno de los argumentos centrales del Gobierno: la gestión penitenciaria. El Ejecutivo ha sostenido que convertir Punta Peuco en un recinto común ayudará a aliviar la crisis carcelaria del país. Sin embargo, los propios internos emitieron un comunicado a principios de junio que dibuja una realidad opuesta.

Según los reclusos, el penal, construido originalmente para 36 personas, hoy alberga a 138, superando con creces su capacidad. Afirman que la infraestructura eléctrica está “al borde del colapso”, que el suministro de agua depende de camiones aljibe y que el sistema de alcantarillado requiere vaciado constante. Denuncian que las ampliaciones existentes fueron realizadas por ellos mismos, transformando contenedores y talleres en celdas improvisadas. Esta versión contradice la idea de que el recinto, que pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, pueda recibir a más internos sin una inversión significativa.

Con el decreto a la espera de la toma de razón de Contraloría, el fin de Punta Peuco como penal especial es inminente desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, la historia está lejos de concluir. Su cierre simbólico abre un nuevo capítulo, uno que se escribirá en las cortes de justicia y, sobre todo, en los pasillos de un penal cuya realidad material podría estar muy lejos de las narrativas políticas que lo rodean.