La soberanía se atrinchera: Cómo la nueva política migratoria de EE.UU. transformó la frontera en un laboratorio de control y desesperación

El nuevo mapa de la exclusión

Han pasado más de 90 días desde que la administración Trump reactivó su promesa de la “mayor deportación de la historia”. Lo que comenzó como una directriz política se ha materializado en una compleja maquinaria de control que trasciende las fronteras y se infiltra en la vida cotidiana de millones. La imagen de un grupo de migrantes formando un desesperado “SOS” humano en el patio de un centro de detención en Texas, temiendo ser enviados a la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, fue solo el presagio de una estrategia que ha redefinido los límites de la soberanía, la vigilancia y los derechos humanos.

Hoy, el debate ya no es solo sobre muros físicos. Es sobre la reapertura de prisiones icónicas como Alcatraz; la creación de centros de detención improvisados en pantanos de Florida, cínicamente bautizados “Alligator Alcatraz”; y la utilización de una ley de 1798, la Alien Enemies Act, para expulsar a extranjeros considerados una amenaza. La frontera se ha vuelto un concepto móvil, presente en una parada de tráfico, en un lugar de trabajo o en una base de datos de salud pública.

La arquitectura del control: de la deportación a la autovigilancia

La estrategia de la Casa Blanca se ha desplegado en múltiples frentes, combinando la fuerza bruta con la sofisticación tecnológica y la presión psicológica. Por un lado, se ha lanzado una agresiva campaña de reclutamiento de agentes del ICE, incluso retirados, bajo el lema “Regresa a la Misión”, prometiendo bonos de hasta 50.000 dólares. El objetivo es claro: duplicar la capacidad de detención diaria a 100.000 personas para cumplir la meta de deportar a un millón de inmigrantes en un año.

Por otro lado, se han implementado políticas que buscan la “autodeportación”. La oferta de 1.000 dólares para quienes abandonen el país voluntariamente y una nueva política que declara a millones de indocumentados inelegibles para audiencias de libertad bajo fianza, los condena a una detención indefinida que puede durar años. Como relató un migrante cubano desde una celda en Texas a El País, “aquí te obligan a firmar la deportación”.

El aspecto más distópico de esta nueva era es la vigilancia masiva. Un acuerdo permite ahora al ICE acceder a los datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid, el seguro de salud para personas de bajos recursos. Nombres, direcciones y números de Seguro Social se han convertido en herramientas para localizar y expulsar, desdibujando la línea entre la asistencia social y el control migratorio. Este cruce de datos se suma a la entrega de información del IRS (la agencia tributaria), creando un estado de vigilancia casi total.

El rostro humano: “Nos trataron como unos perros”

Detrás de las cifras y las políticas, las consecuencias humanas son devastadoras. La llegada a Chile de un vuelo con 45 chilenos deportados en mayo, algunos con prontuario pero otros simplemente atrapados en la red, expuso el alcance de la medida. “Nos trataron como unos perros”, denunció uno de los retornados, un lamento que se repite en los testimonios de quienes han pasado por los centros de detención, donde describen hacinamiento, mala alimentación y un trato deshumanizante.

La situación escaló con la aparición de agentes del ICE enmascarados realizando arrestos en la vía pública, una práctica que el congresista demócrata Dan Goldman calificó como “comportamiento como el de la Gestapo”. Las redadas en lugares de trabajo, como la ocurrida en invernaderos de cannabis en California que resultó en la muerte de un trabajador que cayó mientras intentaba huir, han sembrado el terror en comunidades enteras. “Estamos aterrorizados”, confesó un trabajador a la BBC, reflejando el miedo que ha llevado a muchos a no salir a trabajar, impactando industrias como la construcción y la agricultura.

La crueldad de la política se ha hecho visible en casos como el de un chileno de 82 años, residente en EE.UU. desde 1987, deportado sorpresivamente a Guatemala, o las cartas enviadas directamente a niños migrantes con el mensaje: “Es hora de que salgas de Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará”.

La soberanía en disputa: Resistencia en múltiples frentes

El endurecimiento de la política migratoria no ha ocurrido sin resistencia. La ofensiva federal ha provocado un choque frontal con los llamados “estados santuario”. El gobernador de California, Gavin Newsom, demandó a la administración Trump por el despliegue “ilegal” de la Guardia Nacional y posteriormente de los Marines para reprimir protestas contra las redadas del ICE. “Esto no es seguridad pública, es terrorismo de Estado”, sentenció un concejal de San Diego.

La resistencia también ha surgido desde la sociedad civil de formas inesperadas. La figura de Thomas Cartwright, un ejecutivo jubilado de JP Morgan, se ha vuelto emblemática. De manera independiente, Cartwright desarrolló un sistema para rastrear los vuelos de deportación del ICE, convirtiéndose en la fuente más fiable para abogados, activistas y periodistas que intentan seguir el rastro de la maquinaria de expulsión. Su trabajo, que ahora está transfiriendo a una organización de derechos humanos, demuestra cómo la vigilancia ciudadana puede actuar como contrapeso al poder estatal.

Un tablero geopolítico reconfigurado

La estrategia no se limita a las fronteras estadounidenses. La Casa Blanca ha ejercido una fuerte presión internacional para asegurar el éxito de su plan. Países como Nigeria, Benín y Ruanda han sido presionados para aceptar deportados, no solo de sus propias nacionalidades, sino también de terceros países como Venezuela. A cambio de la cooperación, se ofrecen acuerdos; ante la negativa, se amenaza con restricciones de visas y aranceles.

Para Chile, la situación ha puesto en jaque el programa Visa Waiver, un beneficio que parecía consolidado. La deportación de ciudadanos chilenos y la asociación de la nacionalidad con bandas de crimen organizado en el discurso público estadounidense han enfriado las relaciones y plantean un futuro incierto para la libre circulación.

Incluso en Europa, el discurso se ha endurecido. Líderes como Alberto Núñez Feijóo en España han adoptado una retórica más dura, pidiendo la “deportación inmediata” de inmigrantes irregulares que delincan, mostrando cómo las políticas de un país pueden influir en el debate global.

Un futuro en suspenso

Tres meses después del inicio de esta ofensiva, el panorama es de una tensión sostenida. Las políticas de deportación masiva han mutado en un sistema integral de control que ha fracturado a la sociedad estadounidense, ha generado una crisis humanitaria con rostro y nombre, y ha reconfigurado las alianzas geopolíticas. El tema ya no es si el muro se construye más alto, sino cómo una nación se redefine a sí misma a través de la exclusión. La historia está lejos de estar cerrada; sus consecuencias apenas comienzan a madurar.