El reposo se acabó: El fraude de las licencias médicas destapa la enfermedad crónica de la confianza en Chile

Pregunta Inicial: ¿Qué pasa cuando un sistema de confianza se rompe?

Lo que comenzó hace unos meses con un impactante informe de la Contraloría General de la Repúbica —revelando que más de 25.000 funcionarios públicos habían salido del país mientras estaban con licencia médica— ha madurado hasta convertirse en un diagnóstico lapidario. Ya no se trata de una anécdota sobre "vacaciones pagadas" o la picaresca del chileno. Hoy, el debate se ha instalado en el corazón del pacto social: la confianza entre ciudadanos, profesionales e instituciones está crónicamente enferma, y el Estado, en su intento por sanarla, revela sus propias debilidades.

La historia ha dejado de ser una cifra para convertirse en un mosaico de rostros y responsabilidades que atraviesan todo el espectro social y político. El escándalo no es solo un fraude al Fisco; es un síntoma de una fractura más profunda en la ética pública y la capacidad de autorregulación del país.

I. La Metástasis del Fraude: De la Oficina al Quirófano

La evolución del escándalo ha sido vertiginosa, desnudando una red de complicidades y fallas sistémicas que van mucho más allá del funcionario que viaja al Caribe.

El Epicentro Político y Administrativo:

Los casos de alto perfil han sido la cara más visible de la crisis. El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza (Partido Republicano), fue captado jugando un partido de fútbol en Arica mientras gozaba de una licencia por estrés. Irónicamente, su partido había lanzado la campaña "Sin licencia para estafar", lo que forzó la suspensión de su militancia y expuso una disonancia ética que resonó en el debate público. A esto se suman investigaciones que involucran a figuras como el exsubsecretario Manuel Monsalve y su hija, una médico que presuntamente le habría extendido una licencia de forma irregular.

La Crisis en el Sector Público:

Instituciones completas han quedado bajo la lupa. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra lideran las listas de funcionarios investigados, con 2.280 y 1.934 casos respectivamente. Un análisis más profundo en Junji revela una tasa de ausentismo del 17%, muy por sobre el promedio del sector público. Las razones son complejas: desde un agobio laboral real y problemas de salud mental post-pandemia hasta un abuso sistemático del sistema, como lo demuestra el caso de un jefe que fue destituido tras denunciar a una subalterna que viajó a Brasil con licencia psiquiátrica y que, paradójicamente, fue sobreseída.

Los Médicos en el Banquillo:

Quizás la arista más dolorosa es la que involucra a los propios profesionales de la salud. En Pemuco, siete médicos del Cesfam se otorgaron licencias entre ellos, aparentemente como medida de presión por la eliminación de un bono. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) destapó una realidad aún más alarmante: 1.470 prestadores emitieron 30.870 licencias médicas mientras ellos mismos estaban con reposo vigente. Esta revelación quiebra un pilar fundamental: quienes deben certificar la enfermedad son parte del problema. La renuncia del vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, tras admitir que podría estar en la lista de Contraloría, fue el símbolo de esta crisis ética en el gremio.

II. Las Perspectivas en Tensión: ¿Quién Responde y Cómo?

El escándalo ha generado un choque de narrativas y responsabilidades que refleja la polarización y la desconfianza del país.

• La Respuesta del Estado: El gobierno ha reaccionado con la instrucción de sumarios masivos en 788 instituciones. El Ministerio de Salud, por ejemplo, inició procesos contra 1.908 de sus funcionarios. Sin embargo, esta respuesta masiva ha encontrado obstáculos. En el Congreso, donde se investigan 14 casos en el Senado, los propios trabajadores han alertado sobre un vacío legal: las corporaciones parlamentarias no tendrían la facultad legal de solicitar a la PDI los registros de viaje, lo que podría invalidar los procesos. Este punto muerto evidencia la precariedad de las herramientas de fiscalización del propio Estado.

• La Defensa y la Duda Razonable: No todos los casos son iguales. La querella de la secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, introduce una variable inquietante. Aparece en los registros viajando a República Dominicana, pero ella demuestra con pruebas que ese día estaba exponiendo en el Senado. Su caso, donde alega usurpación de identidad, plantea una pregunta incómoda: en la prisa por sancionar, ¿se está garantizando el debido proceso? ¿Cuántos de los 25.000 casos podrían ser errores administrativos o, como en este caso, delitos de suplantación?

• La Mirada Ciudadana y del Sector Privado: El escándalo no se limita a lo público. La querella del animador Francisco "Pancho" Saavedra contra una extrabajadora por acumular 1.100 días de licencia y realizar viajes al extranjero, muestra que el abuso del sistema también afecta a empleadores privados, quienes a menudo se sienten desprotegidos. Para la ciudadanía, cada nueva revelación alimenta un cinismo corrosivo hacia el servicio público y la probidad en general.

III. Conclusión: Un Sistema en Cuidados Intensivos

El fraude de las licencias médicas ha dejado de ser un tema de control administrativo para convertirse en un debate sobre el carácter de la sociedad chilena. La crisis ha expuesto la fragilidad de un sistema de bienestar basado en la confianza, donde la palabra de un médico y la responsabilidad de un trabajador son los pilares.

El tema está lejos de estar cerrado. Los sumarios están en curso, las investigaciones penales avanzan y el debate legislativo para endurecer las sanciones y mejorar la fiscalización recién comienza. Sin embargo, la solución no parece ser meramente punitiva. Como señaló el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, "el sistema está obsoleto" y demuestra "lo fácil que es vulnerarlo".

La verdadera pregunta que queda sobre la mesa, una vez que los sumarios terminen y las sanciones se apliquen, es cómo se reconstruye la confianza. ¿Cómo se repara un sistema para que vuelva a cumplir su propósito original: proteger a quien realmente lo necesita, sin convertirse en una herramienta para el abuso? Chile se enfrenta a la tarea de sanar no solo una falla administrativa, sino una enfermedad crónica que afecta su tejido social.