A más de 60 días de la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Francisco Albornoz Gallegos (21), el caso que conmocionó a la opinión pública ha dejado atrás la incertidumbre de la búsqueda para instalarse en la complejidad del debate judicial. Con los dos principales sospechosos en prisión preventiva, la discusión ya no es sobre quiénes fueron, sino sobre la naturaleza de sus actos. La investigación, ahora en una etapa avanzada, se concentra en dilucidar si la muerte del joven técnico en farmacia fue un homicidio simple, producto de una situación que escaló fatalmente, o un homicidio calificado, ejecutado con premeditación y alevosía.
La historia comenzó el 23 de mayo, cuando Francisco Albornoz salió de su domicilio en Santiago Centro para una cita pactada por WhatsApp en la comuna de Ñuñoa. Su rastro se perdió esa noche. Durante diez días, su familia y amigos lideraron una intensa campaña de búsqueda que finalizó de la manera más trágica.
El 3 de junio, Christian Alexander González Morales (31), un médico ecuatoriano que ejercía en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía Oriente. Acompañado de su abogado, confesó su participación en los hechos y entregó la ubicación del cuerpo. Al día siguiente, la PDI encontró los restos de Francisco en un estero adyacente al río Tinguiririca, en San Fernando, a más de 140 kilómetros del lugar del encuentro. Horas después, fue detenido un segundo implicado, el chef chileno José Miguel Baeza Cortés (41).
El núcleo del actual proceso judicial radica en dos narrativas irreconciliables que se enfrentan con la frialdad de los informes forenses.
La perspectiva de la defensa: Según la declaración de González Morales, el encuentro sexual involucró el consumo de drogas. Afirmó que Albornoz sufrió convulsiones y que, pese a sus intentos de reanimación durante casi 30 minutos, falleció. Preso del pánico, y supuestamente por sugerencia de Baeza Cortés, decidieron ocultar el cuerpo. Esta versión apunta a una muerte accidental y a un encubrimiento posterior, pero no a un asesinato.
La perspectiva de la Fiscalía y la familia: Esta narrativa fue demolida por el informe de autopsia del Servicio Médico Legal (SML), que determinó como causa de muerte un “traumatismo encéfalo craneano” producto de golpes. La fiscal Rossana Folli, de la Fiscalía Oriente, ha sostenido desde la formalización que existió un “plan delictual”. Jacqueline, la madre de Francisco, ha sido enfática en su incredulidad: “Siendo médico, ¿por qué no llamó a una ambulancia? Una mente choqueada no hace eso, solamente una mente enferma”. Para la familia y el Ministerio Público, el traslado del cuerpo, envuelto en una frazada y arrojado a un río, evidencia una acción coordinada y deliberada para asegurar la impunidad, lo que configuraría un homicidio calificado.
El caso ha generado ondas expansivas más allá de lo penal. La participación de un profesional de la salud, cuyo juramento es preservar la vida, ha instalado un profundo debate sobre la ética profesional. La Municipalidad de Ñuñoa desvinculó inmediatamente a González, se querelló en el caso y ofreció apoyo legal a la familia Albornoz, marcando una clara postura institucional.
Para la familia de Francisco, el proceso judicial es el único camino hacia una forma de reparación. Su hermana, Elizabeth, quien confirmó públicamente el hallazgo del cuerpo, y su madre, Jacqueline, se han convertido en las voces de un duelo que exige justicia. “No me van a devolver al Francisco, pero sí se va a hacer justicia por todo lo que le hicieron”, declaró su madre a medios de comunicación.
El caso de Francisco Albornoz, aunque resuelto en su autoría, permanece abierto en su calificación legal. La investigación continúa con un plazo fijado por el tribunal, mientras los imputados esperan el juicio en prisión. Más allá del veredicto, la historia ya ha dejado una marca indeleble sobre la vulnerabilidad en las interacciones mediadas por la tecnología, la fractura de la confianza en quienes deben proteger la vida y la dolorosa transformación de una búsqueda desesperada en una lucha por la justicia.