El Gobierno cede y abre la puerta a detectores de metales en colegios: Cómo una balacera en San Pedro de la Paz transformó el debate sobre seguridad escolar

¿Qué pasa cuando el miedo entra a la sala de clases?

Hace poco más de dos meses, la respuesta a esta pregunta parecía lejana para muchos. Hoy, es el eje de una de las discusiones más complejas sobre política pública en Chile. Lo que comenzó como un violento incidente en un colegio de San Pedro de la Paz, ha escalado hasta obligar al Gobierno a reconsiderar su postura sobre una medida hasta ahora polémica: la instalación de detectores de metales en los establecimientos educacionales. A fines de julio, el Ejecutivo ingresó una indicación a la Ley de Convivencia Escolar que, por primera vez, abre la puerta a "recursos tecnológicos" para detectar armas, un giro significativo respecto a su escepticismo inicial.

Este cambio no ocurrió en el vacío. Fue la consecuencia directa de un evento que quebró la sensación de seguridad en las aulas y forzó a la sociedad a confrontar una realidad incómoda: la violencia armada ya no es un fenómeno exclusivo de la calle.

Crónica de un debate anunciado: La balacera en el Colegio Nuevos Horizontes

El 29 de mayo de 2025, la rutina del colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz se rompió con el sonido de disparos. Dos encapuchados, que no eran estudiantes, ingresaron al establecimiento y atacaron directamente a un alumno de 18 años en una sala del segundo piso. En su huida, hirieron a otros dos jóvenes. El incidente, que la investigación posterior atribuyó a "rencillas anteriores" entre la víctima y uno de los atacantes —un compañero de curso de 17 años que fue detenido al día siguiente—, dejó a tres estudiantes heridos, pero fuera de riesgo vital.

La respuesta institucional fue inmediata. Los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, viajaron a la zona. En sus primeras declaraciones, Cataldo fue enfático en trazar una línea: "Esto no es un hecho de violencia escolar; esto es un delito". Esta distinción fue clave. Para el Gobierno, no se trataba de un problema de convivencia interna, sino de un acto criminal perpetrado por personas externas, aunque con vínculos dentro del colegio. Esta perspectiva inicial moldeó su rechazo a medidas como los detectores de metales.

En los días siguientes, Cataldo argumentó que la evidencia internacional sobre la eficacia de los pórticos era "dudosa", su implementación "operacionalmente difícil" y su costo, elevado —entre 4.000 y 5.000 dólares por pórtico, sin contar personal y protocolos—. Además, advirtió sobre el riesgo de vulnerar los derechos de los estudiantes. La prioridad, según el gobierno, era mejorar la seguridad perimetral y abordar los problemas de fondo.

El péndulo político: De la negativa a la apertura condicionada

Mientras el Gobierno central mostraba cautela, en otras comunas la urgencia se sentía de otra manera. En Temuco, por ejemplo, el municipio ya había avanzado en la instalación de estos dispositivos, generando un debate paralelo. El Colegio de Profesores local acusó que la medida "vulnera la privacidad de los estudiantes", mientras que apoderados y autoridades municipales la defendían como una herramienta necesaria.

La presión de la opinión pública, la alarma de las comunidades escolares y la seguidilla de otros hechos de violencia, como el apuñalamiento de un alumno en un liceo de Alhué, mantuvieron el tema en la agenda. La distinción entre "delito" y "violencia escolar" se volvió borrosa para una ciudadanía que solo percibía un aumento del peligro.

Fue así como, a finales de julio, el Gobierno cedió. La indicación presentada al proyecto de ley de Convivencia Escolar faculta a los sostenedores a implementar tecnología de detección de armas, pero bajo condiciones estrictas: solo cuando existan "antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea". Aunque el ministro Cataldo insistió en que "no es un cambio de postura" y que mantiene sus dudas técnicas, en la práctica, el Ejecutivo se abrió a una discusión que antes parecía cerrada.

Las múltiples caras del debate: Más allá del detector

La discusión sobre los detectores de metales ha servido como un catalizador para un análisis más profundo sobre la crisis que viven los adolescentes y las comunidades educativas. Las perspectivas son diversas y, a menudo, contrapuestas:

• La visión punitiva y de control: Sostenida por algunos alcaldes y grupos de apoderados, argumenta que ante la presencia de armas, la prioridad absoluta es impedir su ingreso. La seguridad física prima sobre otras consideraciones. Para este sector, el detector es una herramienta disuasiva y de protección directa.

• La defensa de los derechos y la convivencia: Representada por gremios docentes y organizaciones de la sociedad civil, advierte que estas medidas pueden estigmatizar a los estudiantes, generar un ambiente de desconfianza y no resuelven las causas de la violencia. La abogada Vanessa Millán Pantoja, experta en derecho educacional, recuerda que ya existen herramientas como la Ley de Aula Segura y protocolos internos que, si se aplican correctamente, pueden gestionar los conflictos.

• El enfoque en la salud mental y el contexto social: Psicólogos como Jacqueline Deutsch alertan sobre el "malestar adolescente". Citando cifras de la OCDE que muestran que un 27% de los jóvenes en Chile se sienten solos, argumentan que la violencia es un síntoma de problemas más profundos: falta de pertenencia, crisis de salud mental y la influencia de la "narcocultura". Desde esta óptica, un detector de metales es un simple parche que ignora la herida real.

Un debate abierto: ¿Qué escuela queremos construir?

La balacera en San Pedro de la Paz marcó un antes y un después. Transformó un debate latente en una urgencia política. La propuesta del Gobierno de regular el uso de detectores de metales no cierra la discusión; al contrario, la institucionaliza y la traslada al Congreso.

El tema sigue en desarrollo. La pregunta de fondo que Chile debe responder no es solo si instalar o no una máquina en la entrada de los colegios. La verdadera interrogante es qué tipo de espacio educativo se quiere construir: ¿una fortaleza centrada en el control y la contención, o una comunidad que, sin renunciar a la seguridad, priorice la salud mental, la inclusión y la formación de ciudadanos capaces de resolver sus conflictos sin violencia? La respuesta definitiva aún está por escribirse.