El nuevo financiamiento estudiantil se aleja de su promesa original: Tras dos meses de debate, el proyecto FES mutó de la universalidad a un sistema de cupos, redefiniendo la batalla por el futuro de la educación superior.

La mutación de una promesa

Hace poco más de dos meses, el proyecto de ley para crear un nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) y poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) era una de las banderas emblemáticas del Ejecutivo. La promesa era clara: un sistema más justo, sin la intermediación de la banca y con un mecanismo de pago contingente al ingreso. Hoy, tras un intenso debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la iniciativa se ha transformado en un complejo entramado técnico que se aleja de su concepción original, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre el acceso y la equidad en la educación chilena.

La tramitación legislativa, que comenzó en junio, rápidamente se topó con su primer gran obstáculo: los números. El Gobierno proyectaba un ahorro fiscal de US$ 3.400 millones en diez años al reemplazar el CAE por el FES. Sin embargo, la oposición y centros de estudio como Acción Educar calificaron estos cálculos de “fantasías fiscales”, argumentando que se basaban en supuestos demasiado optimistas sobre el crecimiento económico, los salarios futuros y una cobranza casi perfecta.

La desconfianza fue tal que se acordó crear una mesa de trabajo técnica para revisar las cifras. En un gesto para descomprimir el ambiente y buscar acuerdos, a principios de julio el Gobierno rebajó la urgencia del proyecto de “suma” a “simple”, dando más tiempo para el diálogo. El resultado de este proceso no fue una simple validación de los números, sino una reescritura de los pilares del proyecto.

Los cambios que redefinieron el debate

A mediados de julio, el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones que cambiaron las reglas del juego. La universalidad, uno de los principios rectores del FES, fue reemplazada por un sistema de cupos anuales para nuevos beneficiarios, fijados en 80.000, distribuidos en distintos porcentajes de financiamiento. De ellos, 56.000 podrían optar al 100%, 8.000 al 75% y 16.000 al 50%.

Además, se introdujo flexibilidad para los postulantes, permitiéndoles solicitar un financiamiento parcial (50% o 75%) si sus familias podían aportar el resto. Finalmente, se estableció un tope a la obligación de pago: los beneficiarios no pagarían más de 3,5 veces el monto que el Estado financió, una respuesta a la crítica de que algunos profesionales de altos ingresos terminarían pagando mucho más que el costo de su carrera, configurando un “impuesto al graduado”.

Dos visiones en pugna: ¿Pragmatismo o traición?

Estos ajustes dividieron las aguas y cristalizaron dos visiones opuestas sobre el rumbo de la reforma.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió los cambios como un acto de responsabilidad y aprendizaje. “Ponerle cupos al FES es una contención para evitar que ocurra lo del CAE; sería irracional no tener la prevención”, declaró a La Tercera. Para el Ejecutivo, limitar el número de nuevos ingresantes es una medida de control fiscal prudente para evitar una expansión “inorgánica” y un descalabro presupuestario como el que generó el sistema anterior. La flexibilidad en el porcentaje de financiamiento, argumentan, responde a una solicitud de las propias familias y universidades para mejorar la liquidez de estas últimas.

Desde la vereda crítica, las indicaciones fueron recibidas como la confirmación de sus peores temores. El diputado Miguel Mellado (RN) afirmó que el proyecto quedó “más confuso” y que el FES “ya no va a ser universal”. Para centros de pensamiento como CLAPES UC, la solución es un “remedio peor que la enfermedad”. En una carta a El Mercurio, su investigador Carlos Williamson criticó que se deje fuera a jóvenes por falta de cupos en nombre de la racionalidad fiscal y que se reconozca implícitamente la existencia de un “impuesto al graduado” al ponerle un tope. A esto se suma la preocupación, expresada por la Fundación P!ensa, de que un sistema tan centralizado en la fijación de aranceles y vacantes amenace la autonomía universitaria y la diversidad de proyectos educativos.

El debate pendiente: Financiamiento y autonomía

Aunque las indicaciones han reenfocado la discusión, temas cruciales siguen sin resolverse. El principal es el mecanismo de financiamiento de las universidades. La propuesta original elimina el copago para la mayoría de los deciles, una fuente de ingresos vital para muchas instituciones. Los rectores han advertido sobre el riesgo de desfinanciamiento y, si bien el Gobierno se ha abierto a estudiar alternativas, aún no presenta una solución concreta, dejando en vilo la sostenibilidad financiera del sistema.

El proyecto, por tanto, sigue en evolución. La batalla ideológica inicial ha dado paso a una compleja negociación técnica donde cada cifra y cada artículo pueden redefinir el futuro de miles de estudiantes. La pregunta ya no es si se debe terminar con el CAE, sino si el FES, en su versión actual, es el heredero adecuado o una solución transitoria que genera nuevas incertidumbres. El Congreso tiene la palabra.