La élite paga la cuenta: El caso Etcheberry acelera la reforma del pacto fiscal

El caso de Javier Etcheberry, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) que adeudaba nueve años de contribuciones, no es la historia de un error personal. Es una señal. Un evento que condensa la desconfianza acumulada hacia las élites y que actúa como un acelerador de procesos que ya estaban en marcha. La renuncia fue solo el primer efecto visible. Lo que sigue es una reconfiguración forzada del pacto fiscal y de la vara con que se mide la responsabilidad pública.

El futuro de esta crisis se desarrollará en tres fases. Cada una con sus propios ritmos, actores y consecuencias.

Fase 1: La Purga Simbólica (Corto Plazo: 6-12 meses)

El primer movimiento es defensivo y busca controlar los daños. El gobierno y la clase política necesitan demostrar que el sistema reacciona. La orden del ministro de Hacienda para que siete de sus pares regularizaran sus deudas tributarias fue el primer paso. Lo que viene es una oleada de auditorías y revisiones sobre el patrimonio de altas autoridades. Se crearán comisiones especiales y se anunciarán nuevos protocolos de probidad. El objetivo es claro: proyectar una imagen de tolerancia cero.

El riesgo de esta fase es que se quede en lo performático. Una cacería de brujas mediática que se desvanece con la siguiente noticia. Sin embargo, la presión ciudadana y mediática, amplificada por la facilidad para fiscalizar datos públicos, hace difícil que esto sea solo una puesta en escena. Cada funcionario se sabe observado. La pregunta clave es si esta purga de imagen se traducirá en un cambio de conducta permanente o si será un paréntesis hasta que la atención se desvíe.

Fase 2: La Reforma Estructural (Mediano Plazo: 1-3 años)

Superada la urgencia política, la atención se moverá hacia el problema de fondo: la ley. El caso Etcheberry dejó en evidencia la opacidad y la percepción de injusticia del impuesto territorial. Un sistema con un marco legal de casi un siglo, con métodos de avalúo fiscal que pocos entienden y que no considera la capacidad de pago de las personas.

El debate legislativo para reformar las contribuciones, que antes avanzaba con lentitud, ahora tiene urgencia. Sobre la mesa hay dos visiones contrapuestas.

- Una visión pragmática, impulsada por sectores de derecha y gremios, buscará dar certezas. Propondrán ideas como fijar el monto de la contribución en UF al momento de la compraventa, para que cada propietario sepa a qué atenerse a futuro. El foco estará en la predictibilidad y en no desincentivar el mercado inmobiliario.

- Una visión redistributiva, promovida por la izquierda y organizaciones ciudadanas, apuntará a la justicia tributaria. Buscarán vincular el pago del impuesto a los ingresos del contribuyente, eliminar exenciones a propiedades de alto valor y fortalecer el rol fiscalizador de los municipios, que dependen de esta recaudación.

El punto de inflexión será la capacidad de los actores políticos para llegar a un acuerdo técnico que equilibre recaudación, justicia y simplicidad. El fracaso en este punto podría dejar una reforma a medio camino, que solo genere más frustración.

Fase 3: El Nuevo Contrato (Largo Plazo: 5+ años)

El legado del caso Etcheberry se medirá en la confianza. Aquí se abren dos futuros posibles para el pacto social chileno.

Escenario A: El Pacto Renovado. En este futuro, las reformas de la fase anterior funcionan. El sistema tributario es más transparente y se percibe como más justo. La Ley de Delitos Económicos se aplica con rigor, demostrando que no hay ciudadanos de primera y segunda clase. La tecnología se usa para automatizar la fiscalización y reducir la evasión. La confianza en las instituciones no se recupera del todo, pero inicia un lento y sostenido proceso de reconstrucción. La frase "hacerse un Etcheberry" se convierte en un recuerdo de una época superada.

Escenario B: La Desconfianza Crónica. En este escenario, las reformas son cosméticas o quedan atrapadas en el bloqueo político. La percepción de impunidad de la élite se consolida. La evasión, en lugar de ser condenada, se justifica socialmente bajo el argumento de que "todos lo hacen". El cinismo se vuelve la norma, erosionando la legitimidad del Estado para cobrar impuestos y financiar bienes públicos. La fractura entre los ciudadanos y quienes gobiernan se hace permanente.

La trayectoria más probable es un híbrido. Habrá una reforma, aunque imperfecta. La vara para la probidad de los funcionarios públicos quedará permanentemente más alta. El caso Etcheberry se instalará en la memoria colectiva como un punto de no retorno, un recordatorio de que la legitimidad del sistema fiscal no depende solo de las leyes, sino de que quienes las administran sean los primeros en cumplirlas.