El Metro prohíbe los bultos grandes: La medida que expuso la disputa por el subsuelo de Santiago entre seguridad, comercio y supervivencia
¿Qué pasa cuando una regla de equipaje revela una crisis social?
Desde mediados de junio, los usuarios del Metro de Santiago se enfrentan a una nueva realidad en los torniquetes: la prohibición de ingresar con carros de supermercado, "yeguas" de carga y bultos de grandes dimensiones. Lo que a primera vista parece una simple actualización del reglamento para mejorar la comodidad y seguridad, es en realidad el punto de inflexión en una prolongada y compleja batalla por el control del espacio subterráneo de la capital. La medida, implementada dos meses después de una serie de altercados de alta visibilidad, no solo ha modificado la logística de miles de personas, sino que ha forzado a la superficie un debate sobre la convivencia, la economía informal y los límites de la seguridad en el corazón del transporte público chileno.
El Incidente que Cristalizó el Conflicto
La narrativa pública encontró su catalizador a principios de mayo en la estación La Cisterna. Un operativo de fiscalización contra el comercio ambulante derivó en una reacción violenta por parte de dos individuos, quienes, para evadir a los guardias, se subieron al techo de un vagón, deteniendo el servicio y generando caos. Las imágenes se viralizaron rápidamente. Para Metro de Santiago, el evento fue la prueba definitiva de la existencia de “mafias de comercio ilegal”, un argumento que venían sosteniendo para justificar el aumento de la seguridad. La empresa estatal enmarcó el problema en un lenguaje de orden y delincuencia, llamando a los pasajeros a no comprar productos para “desincentivar este tipo de comercio no autorizado”.
Desde otra vereda, la cobertura inicial de algunos medios y el debate en redes sociales se centraron en los protagonistas como “vendedores ambulantes”. Esta distinción semántica, aunque sutil, abre la puerta a una pregunta fundamental: ¿se trata de un problema puramente delictual o de un síntoma de precariedad económica que encuentra en los vagones su único espacio de subsistencia?
La Respuesta Institucional: El Veto al Bulto
Con el respaldo de la opinión pública, conmocionada por la violencia del incidente, Metro actuó. El 16 de junio entró en vigor la prohibición. El gerente de Planificación y Clientes, Carlos Melo, explicó que la medida buscaba atacar la logística del comercio ambulante y, a la vez, mejorar la experiencia de viaje. Se especificó que maletas, coches de guagua y carros de feria para uso personal seguirían permitidos, trazando una línea —a veces difícil de fiscalizar— entre el pasajero común y el trabajador informal.
La implementación no ha estado exenta de tensiones. Metro reconoció la necesidad de una “coordinación con Carabineros” y la capacitación de su personal para manejar “episodios complejos”. La empresa lanzó una campaña comunicacional pidiendo a los usuarios denunciar a quienes infrinjan la norma a través del número 1411, convirtiendo al pasajero en un actor más del sistema de vigilancia.
La Dimensión Humana: Entre la Norma y la Necesidad
Lo que la normativa no aborda es el fenómeno que la origina. El comercio en el Metro no es nuevo, pero su crecimiento exponencial en los últimos años responde a factores estructurales: crisis económicas, altas tasas de desempleo y flujos migratorios que dejan a muchas personas fuera del mercado laboral formal. Para miles, vender dulces, bebidas o accesorios en los vagones no es una elección, sino una estrategia de supervivencia.
Esta perspectiva choca frontalmente con la visión de la seguridad y la eficiencia. Para el pasajero que viaja en hora punta, un carro o un bulto grande es un obstáculo que dificulta el tránsito y genera riesgos. Para la empresa, es un factor de desgaste de la infraestructura y una fuente de conflictos. La prohibición, por tanto, opera sobre el síntoma visible —el carro, el bulto—, pero deja intacta la raíz del problema: la falta de oportunidades que empuja a la gente a buscar sustento en los espacios públicos.
La Escalada: ¿Más Poder para los Guardias?
La prohibición no detuvo los enfrentamientos. A mediados de julio, un nuevo operativo de “copamiento” en La Cisterna volvió a registrar violentas confrontaciones. Este evento empujó al presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, a dar un paso más allá: solicitó formalmente al Congreso que se otorguen más facultades a los guardias privados, como la capacidad de requisar mercadería o cursar multas.
Esta petición trasladó el debate desde la gestión del transporte a la política de seguridad nacional. ¿Deben los guardias privados asumir funciones que hoy son exclusivas de las policías? Organizaciones de la sociedad civil y expertos en seguridad han advertido sobre los riesgos de privatizar la fuerza pública y la falta de control y fiscalización sobre actores privados con poder coercitivo.
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, respondió con cautela, destacando el “trabajo colaborativo permanente” con Metro, pero poniendo el foco en la necesidad de protocolos claros y el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario. El gobierno vinculó la situación a la Ley de Seguridad Municipal, reconociendo que el problema excede las capacidades de una sola empresa.
Un Conflicto Abierto
A más de dos meses de la prohibición, el comercio ambulante no ha desaparecido del Metro, aunque su logística se ha visto afectada. La medida ha logrado su objetivo de visibilizar y dificultar el transporte de grandes volúmenes de mercancía, pero la tensión subterránea persiste. El carro y el bulto eran solo el vehículo de un problema más profundo.
La discusión hoy ya no es solo sobre un reglamento interno del transporte público. Es sobre el modelo de ciudad que se quiere construir: una que prioriza la eficiencia y el orden, o una que busca integrar y dar soluciones a sus habitantes más vulnerables. La prohibición no cerró el debate; por el contrario, lo dejó servido en el Congreso y en la conciencia de cada pasajero que, al validar su pasaje, ingresa a un espacio donde la seguridad, la supervivencia y el derecho a la ciudad libran una batalla silenciosa.