El uniforme infiltrado: Las Fuerzas Armadas chilenas enfrentan al crimen organizado desde adentro y una crisis de autoridad con el poder civil
La crisis que maduró en silencio
Lo que hace dos meses parecían ser incidentes aislados de seguridad, hoy se ha consolidado como una de las crisis institucionales más complejas para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Chile en la historia reciente. Más allá de los titulares inmediatos, la secuencia de hechos entre junio y julio de 2025 ha dejado al descubierto una doble vulnerabilidad: la penetración del crimen organizado en sus filas y una latente tensión con el poder político sobre los límites de su autoridad. La discusión ya no es solo sobre seguridad fronteriza o delincuencia, sino sobre la integridad, probidad y el rol de una institución fundamental del Estado.
¿Qué ha pasado exactamente? De la vulnerabilidad física a la infiltración criminal
La narrativa de la crisis se puede desglosar en tres actos que escalaron en gravedad y complejidad:
- La vulnerabilidad expuesta: El 18 de junio, la noticia del asalto a dos conscriptos y el robo de dos fusiles de guerra desde el Regimiento Maipo en Valparaíso encendió las alarmas. El hecho, perpetrado por un grupo de seis delincuentes, no solo evidenció fallas en los protocolos de seguridad de recintos militares, sino que también instaló una imagen impensada: el uniforme militar, símbolo de autoridad, siendo vulnerado por la delincuencia común. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, reaccionó convocando a los altos mandos para revisar los protocolos.
- La infiltración del Ejército: Menos de una semana después, el 23 de junio, la crisis adquiere una nueva dimensión. Un operativo antidrogas en Colchane, Región de Tarapacá, culminó con la detención de siete suboficiales del Ejército y un civil por tráfico de casi 200 kilos de narcóticos desde Bolivia. Los militares, que debían resguardar la frontera, eran parte de la red logística. El caso, calificado como "extremadamente grave" por el gobierno, demostró que la amenaza del crimen organizado no era solo externa. La académica de la UDP, Angélica Torres, advirtió que el hecho ponía de manifiesto "el poder que podría estar ganando la criminalidad organizada" al cooptar a funcionarios con acceso a recursos y armas.
- La crisis se extiende a la FACH: El 5 de julio, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó la detención de cinco de sus funcionarios en Iquique por intentar trasladar una sustancia ilícita —posteriormente identificada como 4 kilos de ketamina— en un vuelo institucional hacia Santiago. Este evento no solo replicó el patrón de corrupción interna, sino que desató una tormenta política y judicial.
¿Por qué es más que una simple seguidilla de delitos? La disputa por la justicia
El caso de la FACH fue el catalizador de una pugna de poder que reveló las grietas en la relación cívico-militar. La Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, solicitó los antecedentes a la FACH para iniciar una investigación por la justicia ordinaria, argumentando que el narcotráfico es un delito común que afecta la salud pública. La respuesta de la FACH fue negar el acceso completo a la información, amparándose en que el caso correspondía a la Justicia Militar por haber ocurrido en un recinto castrense e involucrar a su personal.
Esta negativa provocó una escalada:
- La orden presidencial y la confusión en La Moneda: El 8 de julio, el Presidente Gabriel Boric se reunió con los comandantes en jefe y, según informó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, "instruyó" a la FACH entregar los antecedentes a la fiscalía civil. Horas más tarde, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, contradijo a su par, afirmando que "instruyó no creo que haya sido la palabra" y que el Presidente no tiene atribuciones para definir qué tribunal investiga. Esta contradicción pública expuso una falta de coordinación en el manejo de la crisis.
- La respuesta de la FACH: El comandante en jefe de la FACH, Hugo Rodríguez, respaldó la autonomía de la justicia militar, declarando que el Presidente "no puede dar instrucciones" a un tribunal que, aunque especial, depende del Poder Judicial. Posteriormente, y tras una aclaración del propio Presidente Boric, quien afirmó haber señalado que era "imperativo" entregar la información, la FACH remitió un informe de solo cinco páginas, considerado insuficiente por la fiscal Steinert, quien declaró: "imposible que sea para consumo personal, aquí hay un negocio".
- La contienda de competencia: La disputa sigue abierta. La FACH ha sostenido ante la Corte de Apelaciones que no entregará más antecedentes hasta que un juez defina la competencia, audiencia fijada para el 18 de julio. Este conflicto jurisdiccional es el núcleo del debate actual: ¿debe un delito como el narcotráfico, vinculado al crimen organizado, ser investigado bajo la lógica de la justicia militar, o debe primar la justicia civil por su impacto en la sociedad?
¿Existen antecedentes de esta tensión? El debate latente
Esta crisis no surgió de la nada. Pocos días antes del robo de fusiles, el 15 de junio, el saliente comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, cuestionó públicamente la extensión indefinida del estado de excepción en la Macrozona Sur, calificándolo de "desgaste enorme" para la institución. La entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió con dureza, acusándolo de estar "al límite de la deliberación" y afirmando que "hay que saber llamarlo al orden". Este cruce de declaraciones ya presagiaba una relación tensa entre el poder político y el estamento militar sobre el uso y el rol de las fuerzas en tareas de seguridad interna.
¿Qué sigue ahora?
La crisis ha entrado en una fase de contención y redefinición. El gobierno ha anunciado un plan para reforzar los controles internos en las FF.AA., incluyendo la revisión de todos los vuelos institucionales y el fortalecimiento de la contrainteligencia. En el Congreso, se ha solicitado una sesión secreta para abordar la infiltración del narcotráfico en las instituciones armadas.
Sin embargo, el tema de fondo sigue sin resolverse. La contienda de competencia entre la justicia militar y la civil será la arena donde se definirá una parte crucial del futuro de la relación entre las FF.AA. y el Estado. El resultado de esta disputa judicial sentará un precedente sobre cómo Chile enfrentará la corrupción dentro de sus instituciones de defensa y hasta dónde llega la autonomía militar frente a amenazas que, como el crimen organizado, ya no distinguen entre el frente externo y el interno.