La UF se mantiene, pero cambia de rol: Crónica de una ofensiva legislativa que terminó acotada a arriendos, salud y educación

El debate que no fue: de la amenaza existencial a la cirugía de precisión

A mediados de julio, una propuesta legislativa sacudió los cimientos de la economía chilena. Impulsada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, la iniciativa buscaba eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en contratos de arriendo, dividendos hipotecarios, aranceles de educación y planes de salud. El argumento era simple y resonaba con la experiencia de miles de chilenos: “Se nos cobra en UF y se nos paga en pesos”, una asimetría que, según los parlamentarios, castigaba a las familias en un contexto de inflación.

Lo que comenzó como una respuesta al malestar ciudadano, rápidamente escaló a una discusión sobre la arquitectura financiera del país. La UF, creada en 1967 para proteger el valor de los ahorros y viabilizar el crédito a largo plazo, se veía enfrentada a su mayor desafío político en décadas. La aprobación en general del proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por el diputado Víctor Pino (Demócratas), encendió todas las alarmas.

Las voces de la ortodoxia: la defensa de un pilar estructural

La reacción del mundo económico y empresarial fue inmediata y contundente. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), calificó la propuesta como una “pésima noticia” y una “lápida para los créditos hipotecarios”. Su argumento, compartido por expertos financieros, era que la UF no es la causa de la inflación, sino un mecanismo para gestionarla. Eliminarla, sostenían, no haría desaparecer el alza de precios; simplemente transferiría el riesgo al consumidor a través de tasas de interés más altas, plazos más cortos y condiciones de financiamiento más estrictas.

Desde el mercado de capitales, las advertencias fueron igualmente severas. Analistas del Diario Financiero recordaron que la UF es el “refugio para inversionistas” y la base del financiamiento corporativo en Chile. Casi la totalidad de los bonos de empresas y una parte significativa de la deuda del Fisco se emiten en esta unidad, permitiendo a inversionistas institucionales como las AFP y las compañías de seguros calzar sus pasivos de largo plazo. Desmantelar este sistema, explicaba Ignacio Godoy de Falcom Asset Management, tendría un impacto directo en la capacidad de los bancos para fondear créditos hipotecarios, rompiendo una cadena de valor esencial para la economía.

El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, adoptó una postura de cautela. Si bien reconoció la necesidad de revisar “anomalías” en el uso de la UF en ciertos contratos de corto plazo, defendió su rol insustituible en el mercado hipotecario. Esta posición matizada fue clave, pues validó parte de la preocupación ciudadana sin adherir a la solución radical propuesta inicialmente.

El giro pragmático: cuando la técnica modera la política

La presión coordinada de expertos, gremios y el Ejecutivo obligó a los impulsores del proyecto a recalibrar su estrategia. La discusión en la Comisión de Economía, que continuó con la exposición de especialistas, marcó el punto de inflexión. La intervención del director del SERNAC, quien señaló que en ciertos casos el reajuste por IPC podía ser incluso más conveniente para los consumidores que la UF, proporcionó una salida técnica y política.

El 23 de julio, el diputado Manouchehri anunció un “perfeccionamiento” del proyecto. En un giro pragmático, la ofensiva total se transformó en una intervención quirúrgica. La nueva versión de la iniciativa se enfocaría exclusivamente en regular el uso de la UF en contratos de corto plazo —arriendos, salud y educación—, dejando explícitamente fuera los créditos hipotecarios de largo plazo.

Estado actual: un debate acotado pero vigente

La historia de esta propuesta legislativa es la crónica de una colisión entre una demanda social legítima y la complejidad de un sistema financiero maduro. La idea de eliminar la UF, aunque popular, demostró ser inviable sin generar consecuencias económicas mayores a los beneficios esperados.

El debate, sin embargo, no fue en vano. Forzó una conversación necesaria sobre la pertinencia de un instrumento diseñado para la alta inflación en todos los ámbitos de la vida contractual. La discusión ya no es sobre la existencia de la UF, sino sobre los límites de su aplicación. El pilar de la estabilidad económica chilena sobrevivió al asedio, pero la controversia dejó claro que su rol en los contratos del día a día está lejos de ser un tema resuelto.