Hace poco más de dos meses, un fallo del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó a Walmart Chile, matriz de los supermercados Lider, cesar de forma “inmediata y definitiva” la aplicación de su cargo de “Operador de Tienda” (OT). Este modelo, implementado progresivamente, buscaba que un mismo trabajador pudiera desempeñar múltiples funciones —desde reponer productos y operar la caja hasta limpiar pasillos—, rompiendo con la tradicional especialización de roles. Para la justicia, esta figura del “hombre orquesta” vulnera el artículo 10 del Código del Trabajo, que exige certeza en las funciones pactadas, dejando al trabajador en una ambigüedad inaceptable.
Lo que comenzó como una disputa sindical se ha convertido en el epicentro de una discusión mucho más profunda que resuena en todo el sector productivo nacional. El fallo no solo afecta a Walmart; es una señal para todo el comercio y un punto de inflexión que obliga a Chile a confrontar una pregunta incómoda: ¿cómo se compatibiliza la modernización y eficiencia que exige la economía global con la protección de los derechos laborales consagrados en la ley?
La reacción del mundo empresarial no se hizo esperar. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), defendió la multifuncionalidad como “parte de la evolución natural del trabajo en economías avanzadas donde priman la automatización y la digitalización”. Desde esta perspectiva, la polifuncionalidad no es sinónimo de precariedad, sino una adaptación inevitable para mejorar la productividad y el servicio al cliente. Sostienen que la legislación chilena, al permitir “dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias”, da espacio para estos modelos. La rigidez, argumentan, solo agrava un mercado laboral ya debilitado, con una tasa de desocupación estancada sobre el 8% y despidos por “necesidades de la empresa” que crecieron un 3,5% en mayo.
En la vereda opuesta, los sindicatos y los tribunales laborales interpretan la ley desde la protección del trabajador. Argumentan que el modelo OT desdibuja las responsabilidades, dificulta la fiscalización de las condiciones de trabajo y abre la puerta a una sobrecarga laboral sin la debida compensación. La “certeza” que exige la ley no es un capricho, sino un pilar del contrato laboral que define qué se espera del empleado y bajo qué condiciones. Para esta visión, la flexibilidad no puede ser un cheque en blanco para el empleador.
El gobierno de Gabriel Boric se encuentra en una posición compleja. Por un lado, su agenda ha impulsado reformas pro-trabajador como la reducción de la jornada a 40 horas y el alza del salario mínimo. Por otro, enfrenta la presión de un mercado laboral que no logra despegar. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha defendido la gestión, afirmando que “es sesgado colocar toda la atención en la tasa de desocupación”. Destaca la creación de 550.000 empleos, mayoritariamente formales, y una baja histórica en la informalidad (26%).
Sin embargo, editoriales y centros de estudio como Libertad y Desarrollo (LyD) han calificado la agenda laboral como “regresiva”, argumentando que si bien beneficia a los trabajadores formales, ha encarecido la contratación, excluyendo a los menos calificados y a los jóvenes. En este escenario, el fallo contra Walmart añade más presión, pues limita una de las vías que las grandes empresas veían para optimizar costos en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
El caso del “Operador de Tienda” es la punta del iceberg de un problema estructural. La discusión sobre la multifuncionalidad ocurre en un Chile donde el 25,8% de los trabajadores son informales y el 97% de las empresas son pymes, muchas de las cuales no tienen la capacidad para adaptarse a las complejidades de la negociación colectiva o a los costos de la formalidad.
Expertos como Francisca Vial, abogada laboral, y gremios como la SOFOFA, advierten que el debate sobre modelos como la negociación ramal o la rigidez contractual está desconectado de la realidad de un mercado fragmentado por la subcontratación, los trabajadores de plataformas y los freelancers. Insistir en un marco legal pensado para la fábrica del siglo XX, mientras la economía opera con la lógica del siglo XXI, genera una tensión que se manifiesta en conflictos como el de Walmart.
El fallo judicial ha sido un hito, pero no un punto final. La disputa legal de Walmart probablemente escalará a instancias superiores, pero el debate de fondo ya está instalado en la sociedad. El modelo del “hombre orquesta” ha sido frenado, pero la necesidad de adaptación del mundo del trabajo sigue intacta.
La pregunta que queda abierta es si Chile será capaz de construir un nuevo pacto laboral. Uno que reconozca la necesidad de flexibilidad y polivalencia para competir en un mundo automatizado, pero que lo haga estableciendo límites claros, con capacitación continua y una justa retribución, sin sacrificar la dignidad y la certeza que todo trabajador merece. O si, por el contrario, seguiremos atrapados en una polarización que ve la modernización y los derechos como fuerzas irreconciliables, condenando al mercado laboral a una parálisis de la que los más perjudicados seguirán siendo los más vulnerables.