El 9 de diciembre de 2019, el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desapareció sobre el Mar de Drake con 38 personas a bordo. La conmoción nacional dio paso a una búsqueda de restos y, sobre todo, de respuestas. Más de cinco años después, el dolor de las familias se ha transformado en una compleja batalla legal que acaba de alcanzar un punto de inflexión. La etapa de preparación del juicio oral ha concluido, y el caso, lejos de ser un mero procedimiento técnico sobre un accidente, se ha convertido en un examen profundo a la cultura institucional, la transparencia y la rendición de cuentas de una de las ramas de las Fuerzas Armadas ante la justicia civil.
La investigación, liderada por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, ha formalizado la acusación por cuasidelito de homicidio contra cinco oficiales y por infracción al Código Aeronáutico contra un sexto. La tesis central del Ministerio Público es que la tragedia fue consecuencia de una cadena de negligencias relacionadas con el mantenimiento de la aeronave. Un peritaje aeronáutico, que será la pieza clave de la fiscalía en el juicio, apunta a esta causa como la más probable del siniestro.
La defensa, por su parte, ha desplegado una intensa estrategia legal. Durante la audiencia de preparación, los abogados de los imputados intentaron invalidar el informe pericial de la fiscalía, acusando un supuesto plagio. Sin embargo, el tribunal desestimó la alegación, calificándola como una maniobra dilatoria, una visión compartida por el fiscal Crisosto, quien declaró que ha sido "un intento más por entrampar la causa y que no se llegue a juicio".
Este enfrentamiento procesal esconde una tensión más profunda: la disputa por la competencia de los tribunales. La defensa ha intentado en reiteradas ocasiones que la causa sea vista por la justicia militar, un movimiento recurrente en casos que involucran a uniformados. El hecho de que el caso permanezca en la jurisdicción civil de Punta Arenas es, en sí mismo, un hito que redefine los contornos de la responsabilidad institucional en Chile.
Mientras la justicia avanzaba lentamente en el caso Hércules, un escándalo de otra naturaleza sacudió a la FACh en julio de 2025, arrojando una luz incómoda sobre las mismas tensiones institucionales. Cinco funcionarios fueron detenidos en Iquique por intentar traficar ketamina en un vuelo militar hacia Santiago. El incidente desató una crisis política y judicial.
Inicialmente, la Fiscalía de Aviación tomó el control de la investigación, negando el acceso a los antecedentes al Ministerio Público, argumentando competencia militar. La situación escaló hasta involucrar al Presidente de la Repúblca, Gabriel Boric, y a la Ministra de Defensa, quienes presionaron para que el caso fuera transferido a la justicia ordinaria, lo que finalmente ocurrió. La oposición criticó la intervención del Ejecutivo, mientras parlamentarios de distintos sectores pedían convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante la evidencia de una posible penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas.
Este episodio, aunque distinto en su origen, funciona como un espejo del caso Hércules. Ambos revelan:
El juicio por la tragedia del Hércules C-130 está programado para comenzar en los próximos meses. Para las 38 familias, representa la esperanza de obtener una verdad judicial tras años de incertidumbre. Para el país, el proceso es mucho más que la búsqueda de responsables individuales.
El caso se ha convertido en un precedente sobre la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas ante la sociedad civil. La sentencia no solo determinará el futuro de los seis imputados, sino que enviará una señal contundente sobre si la negligencia institucional, cuando tiene consecuencias fatales, es juzgada con el mismo rigor en todas las esferas del Estado.
La historia del vuelo final del Hércules no está cerrada. Ha evolucionado de una crónica de tragedia a un debate nacional sobre justicia, transparencia y la impostergable necesidad de fortalecer los mecanismos de control civil sobre las instituciones armadas. El veredicto final, sea cual sea, definirá una parte crucial del Chile del siglo XXI.