El Estado se ausenta con goce de sueldo:El escándalo de las licencias médicas revela una falla sistémica que trasciende el fraude y obliga a Chile a cuestionar la probidad de sus instituciones
Un Terremoto de Datos que Sacudió al Estado
Pasados más de 60 días desde que la Contraloría General de la República detonara la bomba, el ruido inicial de la indignación ha dado paso a un silencio incómodo, el de un país que se mira al espejo y no le gusta lo que ve. Lo que comenzó como un audaz cruce de bases de datos —un ejercicio de fiscalización digital que contrastó registros de salidas del país con el pago de licencias médicas— se transformó en un escándalo de proporciones sistémicas. Entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos cobraron su sueldo por reposo médico mientras se registraban en un check-in internacional.
El costo de esta "ausencia" no es solo ético. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, le puso cifra al perjuicio fiscal: $11 mil millones de pesos pagados en remuneraciones a quienes debían guardar reposo y, en cambio, optaron por viajar. La revelación no fue solo una noticia; fue el diagnóstico de una enfermedad crónica de la administración pública: la normalización de la falta y la debilidad de sus controles.
La Caída de Fichas: De La Moneda a los Municipios
Si en un principio el escándalo pareció una oportunidad para el fuego cruzado político, la realidad se impuso con una transversalidad demoledora. Nadie pudo arrojar la primera piedra. El goteo de renuncias y sanciones salpicó a todo el espectro ideológico, desnudando que la falta de probidad no tiene color político.
El golpe se sintió en el círculo más cercano al poder ejecutivo con la renuncia de Fiona Bonati, periodista de la Segegob y cuñada del Presidente Gabriel Boric, por un viaje realizado durante su permiso postnatal. A ella se sumaron otros funcionarios de confianza del mandatario.
En la vereda opuesta, el Partido Republicano, que había lanzado una campaña llamada "Sin licencia para estafar", vio cómo uno de sus militantes, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, era expuesto por haber participado en un partido de fútbol en Arica mientras gozaba de una licencia por "estrés agudo" cuando era funcionario municipal. El partido suspendió su militancia.
La crisis se extendió a empresas públicas como Metro de Santiago, donde el gerente corporativo de Personas, Patricio Baronti, dimitió tras admitir un viaje, aunque justificó que era parte de su tratamiento. Ni las policías se salvaron: una investigación interna de la PDI detectó a una decena de sus funcionarios en la misma situación.
En medio del caos, una señal de que el sistema puede reaccionar llegó desde Maipú. El alcalde Tomás Vodanovic (FA) informó sobre la condena penal —cárcel y multa— contra un exdirector de obras de su municipio, sentando un precedente de que las consecuencias pueden trascender el sumario administrativo.
El Diagnóstico: ¿Fraude Individual o Enfermedad Sistémica?
La pregunta que flota en el aire, dos meses después, es si estamos ante 25.000 casos de "frescura" individual o frente a una falla estructural. La evidencia apunta a lo segundo. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (IPSUSS) ya advertía que uno de cada cuatro trabajadores considera la licencia médica como un "derecho adquirido", una suerte de beneficio extra contractual en lugar de un subsidio por incapacidad laboral.
Esta percepción cultural se ha visto amparada por un diseño institucional deficiente. Expertos y académicos, como los firmantes de una carta en La Tercera, señalan que la falta de fiscalización ágil y la ausencia de consecuencias claras para los pacientes han creado un terreno fértil para el mal uso. El sistema, pensado para proteger, se ha vuelto permeable al abuso.
En este contexto, la acción de la Contralora Dorothy Pérez es vista como un punto de inflexión. Sin necesidad de una nueva ley o más burocracia, demostró el poder de la fiscalización inteligente y basada en datos. Su método, bautizado en columnas de opinión como "el camino amarillo", se ha convertido en un símbolo de cómo modernizar el control estatal: no necesariamente con más recursos, sino con mayor inteligencia.
El Tratamiento: Entre Sanciones y Reformas Estructurales
La respuesta del gobierno ha sido la instrucción de más de 6.600 sumarios administrativos en 131 instituciones del gobierno central, con la promesa de sanciones "drásticas y categóricas". Se espera que los primeros resultados de estas investigaciones comiencen a conocerse pronto, en un proceso que pone a prueba la capacidad del Estado para auto-regularse.
Sin embargo, el debate más profundo ya se instaló y apunta a reformas estructurales. Desde la oposición, se ha utilizado el escándalo para presionar por una modernización del Estado, amenazando incluso con rechazar partidas presupuestarias si no se fortalecen los organismos de control.
Las propuestas técnicas van más allá de la sanción y buscan modificar los incentivos del sistema de licencias. Entre ellas destacan:
- Reducción gradual del subsidio: Que la cobertura del salario disminuya progresivamente a medida que la licencia se alarga (por ejemplo, 90% los primeros meses, 80% los siguientes, etc.).
- Revisiones obligatorias: Evaluar la continuidad de la incapacidad después de un periodo determinado, como seis meses.
- Copago del empleador: Involucrar a los empleadores en parte del financiamiento, una medida que, según expertos, ha dado buenos resultados en otros países para incentivar un control más cercano.
El tema está lejos de cerrarse. Las investigaciones administrativas siguen su curso y el debate legislativo sobre la reforma del Estado recién comienza. El escándalo de las licencias médicas ha dejado de ser una anécdota sobre viajes y reposos rotos para convertirse en una conversación nacional ineludible sobre la confianza, la responsabilidad y la urgente necesidad de un Estado que sea, y parezca, probo.