El Estado Permeable:La ruta de la ketamina en vuelos fiscales no fue un hecho aislado, fue un sistema

I. La Calma Después de la Tormenta: Un Silencio que Acusa

Han pasado más de 60 días desde que estalló el escándalo: cinco suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) fueron detenidos en Iquique intentando transportar cuatro kilos de ketamina en un avión institucional con destino a Santiago. Lo que en julio parecía un acto de corrupción aislado, hoy se revela como la punta de un iceberg. La investigación, ahora en manos del Ministerio Público, ha destapado una operación sistemática que utilizaba la logística del Estado para nutrir las redes del narcotráfico. Los funcionarios están en prisión preventiva, formalizados por asociación ilícita y tráfico de drogas, pero el debate ya no se centra solo en ellos, sino en la fragilidad de las instituciones que juraron proteger.

II. Cronología de una Fractura: De la Negativa a la Intervención Presidencial

El sábado 5 de julio, la propia FACH informó sobre las detenciones, activando una investigación interna bajo la justicia militar. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando la Fiscalía Regional de Tarapacá, liderada por la fiscal Trinidad Steinert, solicitó los antecedentes para integrarlos a una investigación más amplia sobre crimen organizado. La respuesta inicial de la FACH fue una negativa, amparándose en su jurisdicción.

Esta contienda de competencia duró varios días y generó una crisis política. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reconoció que “no es primera vez que se generan controversias” entre ambos sistemas de justicia. La situación llegó a tal punto que el Presidente Gabriel Boric citó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a La Moneda y, en una señal inequívoca de autoridad, instruyó al general Hugo Rodríguez, jefe de la FACH, a entregar “imperativamente” toda la información a la fiscalía civil.

La orden presidencial destrabó el conflicto, pero el tiempo perdido tuvo consecuencias. La fiscal Steinert reveló más tarde que los teléfonos de los imputados “fueron manipulados en el momento de la detención” y que “algunos mensajes fueron borrados”. El retraso, causado por la disputa jurisdiccional, pudo haber facilitado la destrucción de evidencia clave.

III. El Mapa de la Red: Ketamina, "Tusi" y la Sombra del Tren de Aragua

La investigación del Ministerio Público ha establecido que el vuelo de julio no fue el primero. La red operaba desde al menos enero de 2025, con un mínimo de tres viajes confirmados para transportar droga desde Iquique a Santiago. La sustancia elegida, la ketamina, es un anestésico de uso veterinario que se ha convertido en el componente principal del “tusi” o “cocaína rosa”, una droga sintética de alto valor en el mercado negro.

Fuentes de la investigación vinculan el tráfico de ketamina en la Macrozona Norte directamente con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, considerada “especialista” en este estupefaciente. La participación de funcionarios de la FACH no solo les proporcionaba un método de transporte seguro y exento de los controles habituales, sino que también representaba una infiltración directa del crimen organizado en el aparato de defensa nacional.

Este no fue el único evento que sacudió a las Fuerzas Armadas. Casi simultáneamente, se encontraron 400 gramos de pasta base en un termo dentro de la base militar del Ejército en Colchane. Aunque la institución atribuyó la droga a migrantes irregulares, también se informó del hallazgo de sustancias ilícitas en la habitación de un conscripto, evidenciando que la permeabilidad no era exclusiva de una rama.

IV. Las Reacciones y las Defensas: Entre la Reforma y la Inocencia

El impacto político fue inmediato. El Gobierno anunció un paquete de medidas para reforzar los controles, incluyendo la implementación de tests de drogas aleatorios y obligatorios para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, y la aceleración de la reforma a la Ley de Inteligencia. Desde el Congreso, la diputada Gael Yeomans (FA) presentó un proyecto de ley para formalizar los controles de drogas anuales.

Mientras tanto, las defensas de los imputados han comenzado a construir sus estrategias. El abogado de uno de los excabos, Marcelo Rocha, criticó duramente el procedimiento inicial de la Fiscalía de Aviación, sugiriendo que se pudieron haber “vulnerado derechos” y que la investigación podría estar “contaminada”.

La narrativa se tornó aún más compleja con la filtración de una carta escrita desde la cárcel por uno de los formalizados, Rodrigo Silva Fuentes. En ella, clama su inocencia y la de su compañera imputada, afirmando que otros “abusaron” de su confianza. “Pasé de pena a rabia, pero pasando el tiempo se sabrá lo que pasó y los culpables pagarán como corresponde”, escribió, añadiendo una capa de duda y conflicto interno a la historia oficial.

V. Un Debate Abierto: ¿Quién Vigila a los Vigilantes?

El caso sigue abierto. La prisión preventiva de los cinco exfuncionarios fue ratificada, y el tribunal los calificó como “una pandilla”. Sin embargo, la discusión pública ha trascendido sus responsabilidades individuales. La ruta de la ketamina en vuelos fiscales ha forzado a Chile a confrontar una pregunta incómoda: ¿cuán profundo es el alcance del crimen organizado en sus instituciones? Las medidas anunciadas por el Ejecutivo son una respuesta, pero la ciudadanía, los expertos y parte del espectro político se preguntan si serán suficientes para sellar las grietas de un Estado que se ha demostrado, dolorosamente, permeable.