El pasaporte chileno ya no abre todas las puertas en EE.UU.: Deportaciones, alertas de seguridad y un estatus en crisis redefinen la imagen del viajero nacional
El fin de un privilegio no examinado
Hace tres meses, para la mayoría de los chilenos, el programa Visa Waiver con Estados Unidos era un hecho consumado, un símbolo del estatus excepcional del país en la región. Hoy, tras la llegada de tres vuelos con más de un centenar de deportados entre mayo y junio, ese privilegio se revela frágil y condicional. La imagen del viajero chileno, antes asociada al turista o al profesional, se ha visto manchada por la figura del "turista delictual" y el migrante irregular, forzando una incómoda reevaluación diplomática y una profunda reflexión sobre la identidad nacional.
La crisis no es un evento aislado, sino la culminación de tensiones que maduraron lejos de la atención pública y que hoy se manifiestan en negociaciones de alto nivel y en la incertidumbre de miles de viajeros.
Crónica de una confianza rota: De la alerta a la deportación
La primera señal pública de que algo andaba mal llegó a fines de mayo. El embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés, admitió ante el Senado su preocupación por un "creciente número de rechazos a la Visa Waiver que no son explicables". Lo que parecía un problema técnico o burocrático, escaló rápidamente. El 6 de junio, un vuelo con 43 chilenos deportados aterrizó en Santiago. Le siguió otro el 20 de junio con 14 más, sumándose a un vuelo previo en mayo. En total, más de 100 connacionales retornados.
El Gobierno chileno intentó contener la narrativa. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicaron que los vuelos eran parte de una política migratoria general de EE.UU., no una medida específica contra Chile. Las cifras oficiales dibujaban un perfil mixto de los deportados: según el Ejecutivo, poco más de la mitad había cometido infracciones legales en Estados Unidos, mientras que el resto había incumplido la normativa migratoria, principalmente al exceder los 90 días de estadía permitidos. Un pequeño número, además, tenía órdenes de detención pendientes en Chile.
Esta explicación oficial, centrada en infractores individuales, buscaba aislar el problema y proteger la continuidad del programa, cuya mantención depende de que la tasa de chilenos que se quedan irregularmente no supere el 2%.
Las dos narrativas del deportado: ¿Delincuente o víctima?
Mientras la diplomacia hablaba de cifras y porcentajes, surgía una narrativa paralela y más compleja. Por un lado, la preocupación de Estados Unidos por el "turismo delictual" se materializó no solo en las deportaciones, sino también en una alerta de viaje emitida por su embajada en Santiago a mediados de julio, advirtiendo a sus ciudadanos sobre robos en zonas turísticas de Chile. Esta acción reforzó la idea de que el comportamiento de una minoría estaba teniendo consecuencias colectivas.
Por otro lado, medios como la agencia Prensa Latina recogieron testimonios de deportados que denunciaban una realidad muy distinta a la oficial. Hablaban de una "cacería de migrantes", detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones de reclusión precarias, incluso para quienes intentaban regularizar su situación. Estas voces introdujeron una dimensión de derechos humanos que desafiaba la pulcra narrativa de una simple aplicación de la ley a infractores.
Esta dualidad de perspectivas genera una disonancia cognitiva: ¿Son los deportados meramente individuos que rompieron las reglas, o son también el rostro de una política migratoria más dura que no distingue matices? La respuesta, probablemente, se encuentra en un incómodo punto medio.
El caso que nunca fue: Cuando la desinformación secuestró el debate
En medio de esta tensión, una noticia viralizó y capturó la ansiedad del momento. A mediados de julio, varios medios reportaron el caso de "Luis León", un chileno de 82 años, exiliado político, que supuestamente había sido detenido en una oficina de inmigración en Filadelfia y deportado por error a Guatemala. La historia, con una foto conmovedora, se convirtió en el símbolo de la crueldad del sistema.
Sin embargo, la narrativa se derrumbó bajo el escrutinio. El 22 de julio, tras investigaciones de medios como BioBioChile y la plataforma de verificación Fast Check, se reveló que todo era un "engaño". Autoridades de Guatemala y del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. negaron categóricamente el suceso. La foto, se descubrió, correspondía a otro chileno, fallecido en 2021. El caso "Luis León" se transformó en una lección sobre la velocidad de la desinformación y la facilidad con que las narrativas, especialmente las que confirman nuestros sesgos, pueden ser construidas y amplificadas sin base real.
Un estatus en la cuerda floja
La crisis del Visa Waiver está lejos de terminar. Las negociaciones diplomáticas continúan, como lo evidencia la postergación de una reunión clave sobre el Tratado de Libre Comercio. El programa, que por una década fue un pilar del orgullo nacional, ahora es un recordatorio de la fragilidad de los privilegios internacionales.
El debate ha obligado a Chile a mirarse al espejo. La libertad de viajar sin visa no era un derecho, sino una confianza que, para las autoridades estadounidenses, fue traicionada por un grupo. Mientras Chile trabaja para reparar esa confianza, una noticia de fines de julio añade una nueva capa de presión: Estados Unidos evalúa reincorporar a Argentina al programa. El pasaporte chileno ya no solo compite contra sus propias falencias, sino también en un escenario regional donde los privilegios no están garantizados.