Dos años después de que la compra de una clínica en Santiago centro desatara una tormenta política y judicial, el Ministerio Público ha puesto un punto final a su investigación. A finales de julio de 2025, el fiscal Patricio Cooper comunicó formalmente su decisión de no perseverar en la causa contra la exalcaldesa Irací Hassler (PC) y otros involucrados en la fallida adquisición de la Clínica Sierra Bella. Para la justicia penal, no se reunieron antecedentes suficientes que permitieran acreditar un delito de fraude al fisco. Sin embargo, esta absolución en el frente judicial está lejos de ser el epílogo de la historia. En paralelo, un proceso en el Tribunal Electoral Regional, que busca la inhabilitación de Hassler por cinco años, sigue su curso, manteniendo vivas las preguntas sobre la responsabilidad política y administrativa.
La historia comenzó con una necesidad concreta: el Cesfam Padre Orellana de Santiago necesitaba con urgencia un nuevo edificio. La ex Clínica Sierra Bella, un inmueble de varios pisos ubicado en la misma comuna, apareció como la solución ideal. La administración municipal, liderada por Hassler, inició las gestiones para adquirirla por más de 8.200 millones de pesos.
El plan, que prometía ser un avance significativo para la salud primaria de la comuna, se derrumbó cuando la Contraloría General de la República objetó la compra en 2023. El órgano fiscalizador determinó que el precio era “injustificado” y “excesivo”, considerando que la sociedad vendedora, Inmobiliaria San Valentino SpA, la había adquirido por un valor cercano a los 2.200 millones de pesos solo meses antes. Este dictamen fue el catalizador que transformó un proyecto administrativo en un escándalo de proporciones.
El caso se bifurcó en dos caminos paralelos con lógicas y consecuencias muy distintas.
1. La Vía Penal: ¿Negocio Legítimo o Fraude?
La investigación penal, liderada por el fiscal Cooper, se centró en determinar si existió un acuerdo doloso para defraudar al municipio. La defensa de la exalcaldesa Hassler siempre sostuvo que la compra era una decisión legítima para responder a una necesidad pública y que se basó en tasaciones profesionales. Por su parte, el abogado del vendedor, Felipe Sánchez, argumentó que su cliente realizó una “apuesta” de negocio legítima al comprar el inmueble en un momento de incertidumbre política y que fue víctima de una instrumentalización. “Este caso es el ejemplo de cómo el mundo político instrumentaliza las causas penales”, declaró el abogado Nelson Salas, apuntando a la oposición como responsable de inflar el caso con fines electorales.
Tras más de dos años de diligencias, la Fiscalía concluyó que no había pruebas para sostener una acusación penal. La decisión de no perseverar, aunque celebrada por los imputados, generó “extrañeza” en el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), quien recordó que el mismo fiscal se había opuesto meses antes al cierre de la causa con “argumentos contundentes”.
2. La Vía Electoral: La Responsabilidad Política en Juego
Mientras la arista penal se disolvía, la batalla por la responsabilidad política cobraba fuerza. Un grupo de concejales de oposición (UDI, RN y Republicanos) presentó un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional acusando a Hassler de “notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad”. La acción, admitida a trámite en junio de 2025, no solo se basa en el caso Sierra Bella, sino que también apunta a otras supuestas irregularidades en la gestión.
Este proceso opera con un estándar diferente al penal. No busca probar un delito, sino evaluar si la exalcaldesa actuó con la diligencia que su cargo exigía. Aquí, la decisión de la Contraloría y la magnitud del cuestionamiento público pesan de otra manera. El futuro político de Irací Hassler depende ahora de este veredicto, que podría inhabilitarla para ejercer cargos públicos por un lustro.
El caso Sierra Bella ha concluido su capítulo judicial, pero su legado es mucho más profundo. Se ha convertido en un estudio sobre las vulnerabilidades de la gestión municipal, la delgada línea que separa una mala decisión administrativa de un acto de corrupción y, sobre todo, la creciente tendencia a utilizar las instituciones judiciales como un campo de batalla político.
La historia deja interrogantes abiertos: ¿Fue una operación política para derribar a una alcaldesa emblemática del Partido Comunista? ¿O fue un caso de gestión deficiente que los mecanismos de control lograron frenar a tiempo? La respuesta, probablemente, contiene elementos de ambas. Lo que es innegable es que la Clínica Sierra Bella, el edificio que debía fortalecer la salud pública de Santiago, terminó siendo un espejo que reflejó las fracturas, la desconfianza y la polarización que marcan el Chile actual. El debate, por tanto, no está cerrado; solo ha cambiado de escenario.