Chile celebró su feriado indígena: El acuerdo de paz que lo inspiró ahora enfrenta al Congreso, la desconfianza mapuche y una consulta sin fecha
La Distancia entre el Símbolo y el Consenso
El pasado 20 de junio, Chile conmemoró por cuarto año consecutivo el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. El feriado, que coincide con el solsticio de invierno, fue concebido como un gesto de reconocimiento histórico. Sin embargo, dos meses después, el ambiente de celebración simbólica ha dado paso a un complejo y tenso debate político. La causa es el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, un documento elaborado durante dos años que, lejos de cerrar heridas, ha abierto una nueva caja de pandora sobre la deuda histórica, la restitución de tierras y el futuro de la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
El informe, entregado a principios de mayo, fue el resultado de un diálogo transversal que, sin embargo, no logró unanimidad. Con siete votos a favor y uno en contra —el de Sebastián Naveillán, representante de los agricultores de Malleco—, sus 21 recomendaciones se convirtieron en la hoja de ruta del gobierno para abordar el conflicto. El Presidente Gabriel Boric respondió con dos anuncios clave: un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y una consulta específica al pueblo mapuche sobre un nuevo sistema de tierras. La celebración del feriado, en este contexto, ya no era solo un símbolo cultural, sino el preludio de una disputa política de fondo que hoy se encuentra en pleno desarrollo.
El Muro Político: Entre la "Cortina de Humo" y la Fractura Interna
La reacción del mundo político fue inmediata y polarizada, revelando las profundas fracturas que atraviesa el país en esta materia.
Desde la oposición más dura, diputados de la UDI y Renovación Nacional, especialmente aquellos que representan a la Macrozona Sur, calificaron la propuesta de reforma constitucional como una "cortina de humo" y una reedición del "mamarracho constitucional". El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, instó al gobierno a enfocarse en la seguridad y "recuperar el territorio de Temucuicui", argumentando que el reconocimiento constitucional no tiene "ningún impacto real". Esta postura vincula directamente la agenda de reconocimiento con la violencia rural, un marco que el gobierno ha intentado separar.
Sin embargo, esta visión no es monolítica en la derecha. La controversia expuso una notoria división en Chile Vamos: mientras los diputados criticaban duramente la iniciativa, varios de sus senadores, como Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), han patrocinado en el pasado proyectos similares de reconocimiento constitucional. Esta disonancia interna demuestra que el debate trasciende la lógica oficialismo-oposición, instalándose como una tensión no resuelta dentro del propio sector.
El costo político de buscar acuerdos quedó encarnado en la senadora Carmen Gloria Aravena, quien renunció al Partido Republicano para poder aprobar el informe de la Comisión. "Hubiese sido mezquino de mi parte rechazar algo que me parece bueno por no darle un triunfo al gobierno", declaró, calificando su decisión como una de "razones de Estado" frente a la postura de su ahora ex partido, que se opuso tempranamente al documento.
El gobierno, a través del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha respondido a las críticas, pidiendo no transformar el informe en una "disputa electoral" y lamentando la "estrechez de miras" de quienes confunden el reconocimiento de once pueblos a lo largo de todo Chile con los problemas de seguridad focalizados en el sur.
Las Voces Mapuche: Un Pueblo, Múltiples Miradas
Así como el mundo político está dividido, las reacciones desde el mundo mapuche también han sido divergentes, reflejando la heterogeneidad de sus visiones y estrategias.
Por un lado, el werkén Aucan Huilcaman, del Consejo de Todas las Tierras, desestimó por completo el proceso. Calificó la reforma anunciada por Boric como una iniciativa que "carece de todo sentido común", ya que "omite la consulta con los pueblos indígenas" y las normas internacionales. Para Huilcaman, la Comisión fue simplemente un ejercicio de "entretención", una crítica que apunta a la falta de legitimidad de un proceso diseñado sin la participación directa de las bases.
En la vereda opuesta, Hugo Alcaman, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche (Enama), valoró el anuncio como "muy necesario". "Somos un pueblo vivo: existimos y estamos, y es impresentable que no estemos reconocidos en la Carta Fundamental", afirmó, subrayando la dependencia actual de la "buena voluntad de las autoridades de turno".
Esta dualidad de opiniones evidencia que no existe una sola voz indígena. Mientras algunos sectores apuestan por la vía institucional y valoran los avances en el reconocimiento estatal, otros mantienen una profunda desconfianza y exigen procesos de autodeterminación y consulta que partan desde los propios territorios, no desde comisiones designadas por el poder central.
El Futuro en Consulta: La Incógnita que Define el Proceso
En medio del fuego cruzado político y la diversidad de posturas indígenas, el avance de las propuestas de la Comisión depende de un paso crucial y, hasta ahora, incierto: la consulta indígena. Anunciada por el Presidente Boric para validar el nuevo sistema de tierras, este mecanismo es hoy el principal nudo crítico.
A más de un mes del anuncio, el proceso sigue sin una hoja de ruta pública. No hay fechas definidas, la metodología no está cerrada, el universo de comunidades participantes no está consolidado y no hay claridad sobre el presupuesto asignado. Según fuentes de gobierno, la consulta se regirá por el Decreto Supremo N° 66, pero su planificación debe ser participativa, lo que añade más complejidad a los plazos.
La senadora Aravena advierte sobre su importancia: aunque legalmente no es vinculante, un rechazo en la consulta haría políticamente inviable una reforma a la Ley Indígena basada en las propuestas de la Comisión. La pregunta que surge es si un mecanismo con tantas indefiniciones puede generar la confianza necesaria para ser considerado legítimo por las comunidades mapuche, especialmente por aquellas más escépticas.
El tema, por tanto, está lejos de cerrarse. El feriado fue el símbolo, pero la realidad es un mapa complejo de intereses, desconfianzas y cálculos políticos. El histórico intento por saldar una parte de la deuda con los pueblos originarios ha entrado en su fase más difícil: la de transformar un informe técnico y un gesto simbólico en un acuerdo político y social viable, una tarea cuyo éxito o fracaso marcará la agenda del país en los próximos años.