El Fracaso como Futuro: Lo que Queda Después del Caso Tomás Bravo

La absolución de Jorge Escobar, el único imputado por la muerte de Tomás Bravo, no trajo alivio. Tampoco trajo justicia. En su lugar, instaló una certeza incómoda: el sistema falló. El veredicto del tribunal de Cañete, que criticó duramente la investigación de la Fiscalía, no cierra un capítulo. Abre una era de consecuencias que se proyectan mucho más allá de los tribunales.

El caso dejó de ser la búsqueda de un culpable para convertirse en el diagnóstico de una institucionalidad rota. Su futuro ya no depende de encontrar al responsable de la muerte del niño, sino de cómo Chile procesará este fracaso colectivo. A continuación, exploramos tres fases probables de esta evolución.

Fase 1: La Implosión (Futuro Inmediato: 6-18 meses)

El foco inmediato se desplaza. La atención ahora está sobre la abuela y el primo de Tomás, investigados como imputados en una arista paralela. Este giro no reinicia la búsqueda de verdad; la enreda. La dinámica previsible es una repetición del ciclo mediático anterior: especulación, juicios públicos y una presión inmensa sobre una nueva línea investigativa que nace ya cuestionada.

La absolución de Escobar deja a la Fiscalía del Biobío en una posición de descrédito profundo. La institución enfrentará una crisis interna. Se esperan sumarios, exigencias de renuncias y un debate público sobre la idoneidad de sus fiscales. Sin embargo, es poco probable que estos cambios administrativos restauren la confianza a corto plazo. La percepción pública dominante será que se buscó un culpable por conveniencia y, al fracasar, se improvisa con nuevos sospechosos.

Para la familia, el futuro es una fractura expuesta. La sospecha ahora recae sobre el círculo más íntimo, destruyendo los lazos que quedaban. Este drama familiar, amplificado por los medios, alimentará la polarización social y consolidará al caso como una herida abierta, sin posibilidad de duelo.

Fase 2: La Encrucijada Sistémica (Mediano Plazo: 2-5 años)

El impacto del caso obligará a una discusión política sobre la reforma al sistema de justicia penal. El fracaso en el caso Bravo es demasiado visible para ser ignorado. Dos escenarios principales se perfilan en este horizonte:

Escenario A: La Reforma Inevitable. El escándalo actúa como catalizador. Una comisión transversal, integrada por expertos juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, propone una modernización de los protocolos de investigación. Se legisla sobre el manejo de sitios del suceso para evitar la contaminación, se establecen estándares más rigurosos para las pericias forenses y se crean mecanismos de accountability más efectivos para los fiscales. El caso Bravo se convierte en el motor de un cambio que, aunque tardío, fortalece al sistema.

Escenario B: La Desconfianza Crónica. El debate sobre la reforma se estanca en la trinchera política. Las soluciones son parches superficiales que no abordan los problemas de fondo. La desconfianza en la justicia se cronifica y muta. Los ciudadanos con recursos económicos comenzarán a recurrir de forma sistemática a investigadores privados y peritos externos, creando una justicia de dos velocidades. Para el resto, la resignación o la justicia por mano propia se vuelven opciones más plausibles. El Estado pierde el monopolio de la investigación y la verdad se convierte en un bien de consumo.

El factor decisivo será la voluntad política. Si la clase dirigente ve el caso como una crisis de Estado y no como un error aislado, el escenario A es posible. De lo contrario, el escenario B es el camino por defecto.

Fase 3: La Cicatriz Cultural (Largo Plazo: 10+ años)

Sin importar si se encuentra o no un culpable, el "Caso Tomás Bravo" quedará grabado en la memoria colectiva de Chile. Se convertirá en un símbolo cultural de impunidad y fracaso, similar a otros casos que marcaron a generaciones anteriores. Será material de estudio en las facultades de Derecho y Periodismo como un manual de malas prácticas.

El nombre de Caripilún ya no evocará solo un lugar geográfico, sino un trauma nacional. La historia representará la pérdida de la inocencia a múltiples niveles: la de un niño, la de una familia y la de una sociedad que creía, aunque fuera con dudas, en sus instituciones.

El legado a largo plazo será una ciudadanía más cínica y vigilante, pero también más fragmentada. La incapacidad del Estado para resolver un caso tan sensible dejará una cicatriz permanente en el contrato social. La pregunta "¿Quién mató a Tomás Bravo?" será reemplazada por otra, mucho más inquietante: "¿A quién le importa si el sistema no funciona?". La respuesta a esa pregunta definirá la salud de la democracia chilena en las próximas décadas.