La maquinaria estatal opera sin supervisión: La suma de crisis en Impuestos Internos, Gendarmería y las Fuerzas Armadas expone una falla sistémica de probidad y gestión

El cuadro completo: Más allá de los escándalos individuales

En los últimos meses, una seguidilla de crisis institucionales ha capturado la atención pública. Vistas por separado, parecen anécdotas de corrupción o negligencia. Sin embargo, al observarlas en conjunto, emerge un patrón preocupante: una maquinaria estatal que parece operar sin la supervisión adecuada, con fallas transversales en su probidad, competencia y capacidad de respuesta. Desde el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que no pagó sus contribuciones hasta el hallazgo de droga en cuarteles militares, los eventos de julio de 2025 dibujan la radiografía de un aparato público en jaque, donde la confianza ciudadana es la principal víctima.

1. La Paradoja del Fiscalizador: Cuando la Autoridad No Cumple la Norma

El caso más emblemático fue la salida de Javier Etcheberry de la dirección del SII. Una investigación periodística reveló que durante nueve años no pagó la totalidad de las contribuciones por una propiedad no regularizada en Paine. Su defensa inicial fue culpar a la burocracia municipal, una excusa que resonó con la frustración de muchos emprendedores, pero que resultó insostenible para el jefe del ente fiscalizador del país. "Yo no quería irme", confesó Etcheberry tras su renuncia, admitiendo haberse "despreocupado" del asunto. El gobierno, a través del ministro Álvaro Elizalde, justificó su salida por la necesidad de "no generar mayor controversia", aunque reconoció su buena gestión técnica.

Este episodio no fue un hecho aislado. El Poder Judicial enfrenta su propio escándalo: una investigación interna detectó más de mil casos de funcionarios, incluyendo 84 jueces y cuatro ministros de Cortes de Apelaciones, que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. A esto se suma la renuncia en Gendarmería del director nacional, Sebastián Urra, por autorizar un traslado exprés para su hermano, y la investigación de Contraloría a la misma institución por entregar datos incompletos sobre viajes de sus funcionarios con licencia.

El patrón es claro: quienes deben velar por el cumplimiento de las reglas son los primeros en sortearlas, sea por beneficio personal, negligencia o una sensación de impunidad. La probidad, pilar fundamental de la función pública, se muestra frágil en múltiples niveles.

2. El Estado Ausente: Incumplimiento de las Funciones Esenciales

Más allá de la ética, la capacidad del Estado para ejecutar sus tareas más básicas está en entredicho. Gendarmería vuelve a ser protagonista. En Arica, tres gendarmes fueron detenidos por "homicidio por omisión", al no proteger a un interno que había sido amenazado y atacado previamente. En otro caso, la institución se vio envuelta en una controversia con la Fiscalía por la liberación de un sicario venezolano, defendiendo que cumplió una orden judicial que el Ministerio Público investiga como posiblemente fraudulenta.

La crisis de competencia se extiende a las Fuerzas Armadas, instituciones tradicionalmente vistas como un bastión de disciplina. El hallazgo de droga en un cuartel del Ejército en Colchane y la desarticulación de una red de narcotráfico que utilizaba vuelos de la Fuerza Aérea (FACH) para transportar estupefacientes, generaron una conmoción nacional y una incómoda disputa entre el gobierno y el mando aéreo sobre qué justicia —militar o civil— debía investigar.

Esta "cultura del incumplimiento", como la describió un consejero del Coordinador Eléctrico, se replica en agencias reguladoras. El organismo acusó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de una fiscalización deficiente que permite a las empresas no reaccionar "porque no hay consecuencias", poniendo en riesgo la seguridad del sistema eléctrico nacional.

3. La Permisología: Laberinto para el Ciudadano, Escudo para el Poderoso

La burocracia, o "permisología", se ha consolidado como un mal endémico. El cierre de la panadería "Los Tatas del Pan" en Vitacura, tras cuatro años de trámites infructuosos, se convirtió en un símbolo de cómo el sistema ahoga la iniciativa privada. "La permisología nos ganó", declararon sus fundadores, dos adultos mayores cuyo emprendimiento de barrio no pudo sortear un laberinto de observaciones y requisitos.

Irónicamente, la misma burocracia fue el argumento de defensa del exdirector del SII, Javier Etcheberry. Esta dualidad genera una disonancia cognitiva: ¿es la permisología un obstáculo real o una excusa conveniente? La evidencia sugiere que es ambas cosas. Para el ciudadano común, es un muro infranqueable; para ciertas élites, una justificación para eludir responsabilidades. Como señaló el columnista Ignacio Gepp, existe una frustrante "permisología tributaria" que exige a un emprendedor más requisitos para facturar que los que hay "para entrar a Colina 1", mientras la máxima autoridad tributaria construye sin permisos.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), su directora Valentina Durán admite que el aumento en los plazos de evaluación es un "problema multifactorial", donde influyen tanto la complejidad de la normativa como la baja calidad de los proyectos presentados por los privados.

4. Consecuencias a Largo Plazo: Fuga de Talentos y Desconfianza Sistémica

El deterioro del aparato público tiene consecuencias que trascienden los escándalos del día. La falta de apoyo estatal se manifiesta en la historia del piloto Nico Pino, quien debió recurrir a un modelo de financiamiento similar a una startup para poder competir, evidenciando la ausencia de una política robusta para talentos de alto rendimiento.

Esta ausencia se proyecta hacia el futuro del país. La crisis en la formación de profesores, con una baja alarmante en las matrículas y el mérito de los postulantes a pedagogía, augura un déficit de capital humano crítico. Al mismo tiempo, el debate sobre la baja natalidad revela un Estado que no provee el soporte necesario para la formación de familias, dejando esa responsabilidad en manos del sector privado y las decisiones individuales.

El ciclo de noticias pasará, y los nombres de los implicados serán olvidados. Sin embargo, la percepción de un Estado ausente, ineficiente y poco confiable permanece. Cada escándalo, cada trámite fallido y cada función incumplida erosiona el contrato social. La tarea pendiente ya no es solo sancionar a los responsables, sino abordar una reforma estructural que devuelva la competencia, la probidad y, sobre todo, el sentido de propósito a la administración pública chilena.