El cobre chileno sigue bajo arancel estadounidense: La crisis que forzó a Chile a mirar más allá de sus socios tradicionales

La calma antes de la tormenta

Hace más de dos meses, lo que comenzó como una amenaza retórica del presidente estadounidense Donald Trump se ha materializado en una prueba de fuego para la economía y la diplomacia chilena. El anuncio de un arancel del 50% a las importaciones de cobre, confirmado para entrar en vigor el 1 de agosto, ha obligado a Chile a pasar de la incredulidad inicial a una búsqueda forzada de un plan B. La crisis ha dejado de ser un titular pasajero para convertirse en un caso de estudio sobre la fragilidad de la dependencia de una sola materia prima en un escenario geopolítico volátil.

La narrativa de este evento evolucionó drásticamente. A principios de julio, el canciller Alberto van Klaveren expresaba su confianza en que la medida no sería aplicable a Chile, basándose en la sólida relación bilateral y el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el 8 de julio, Trump mencionó explícitamente el arancel al cobre, y un día después lo confirmó a través de sus redes sociales. El optimismo inicial se evaporó, dando paso a una movilización generalizada en La Moneda y en los directorios de las principales empresas mineras del país.

El tablero de ajedrez: Reacciones y estrategias

La respuesta chilena se ha desarrollado en múltiples frentes, reflejando la complejidad del desafío.

1. El Gobierno: Diplomacia y contención

La administración del Presidente Gabriel Boric optó por una estrategia de cautela y diálogo, como la defendió la ministra de Minería, Aurora Williams. En lugar de una confrontación directa, se activaron canales diplomáticos y se convocaron reuniones de alto nivel. Se formó un comité de expertos transversales y se iniciaron mesas de trabajo con el sector privado, incluyendo a Codelco, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero. El objetivo era doble: presentar un frente unido y explorar todas las vías posibles para atenuar el golpe, mientras una delegación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) viajaba a Washington para negociaciones de última hora.

2. El sector privado: Entre el pragmatismo y la preocupación

Desde la industria, las voces fueron unánimes en su preocupación, pero diversas en su enfoque. Máximo Pacheco, presidente de Codelco, calificó el anuncio de “desconcertante”, pero rápidamente subrayó una realidad fundamental: “Estados Unidos va a seguir necesitando cobre y Chile va a seguir estando disponible”. Esta postura, compartida por Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals, buscaba calmar a los mercados, recordando que la industria estadounidense depende del cobre chileno de alta calidad (cátodos). Por su parte, gremios como la Sofofa y la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) lamentaron la medida, instando a un diálogo basado en la larga historia de libre comercio entre ambas naciones, evidenciando que la medida no era apoyada ni siquiera por todos los intereses estadounidenses.

3. Los expertos: Un diagnóstico dividido

El análisis técnico sobre el impacto real del arancel reveló una disonancia interesante. Por un lado, el banco de inversión JP Morgan estimó “repercusiones mínimas” para la macroeconomía chilena, sugiriendo que el mercado global absorbería el shock y que el principal perjudicado sería el consumidor estadounidense. En el extremo opuesto, un estudio del OCEC-UDP advirtió que, con el arancel, Chile se convertiría en el país más expuesto de Sudamérica a las políticas comerciales de Trump, con casi un 90% de sus exportaciones a EE.UU. afectas a algún tipo de tarifa.

Sin embargo, la mayoría de los analistas, como el exejecutivo minero Diego Hernández y la académica Alicia Frohmann, coincidieron en un punto central: la medida carece de “racionalidad económica” para Estados Unidos. Enmarcaron el arancel no como una política industrial coherente, sino como una herramienta de presión política, un “disparo en los pies” para la propia economía norteamericana que depende de este insumo crítico.

El fondo del asunto: La vulnerabilidad estructural

Más allá de las cifras y las declaraciones, la crisis del arancel ha funcionado como un espejo, reflejando una verdad incómoda para Chile: su excesiva dependencia del cobre. Este evento no es un problema aislado generado por un tuit, sino la manifestación de una vulnerabilidad estructural que ha caracterizado al modelo de desarrollo chileno por décadas. La decisión de una potencia extranjera fue suficiente para sacudir los cimientos de la planificación económica nacional, demostrando que la bonanza del “sueldo de Chile” también conlleva un riesgo inherente.

La consecuencia más visible y quizás más duradera de esta crisis ha sido la aceleración en la búsqueda de un “Plan B”. La exploración de nuevos mercados, como el de India, ha pasado de ser una opción deseable a una necesidad estratégica. Las reuniones entre el gobierno y los privados ya no solo discuten cómo mitigar el arancel, sino cómo reorientar los flujos comerciales para reducir la dependencia de un solo comprador.

El tema, por tanto, sigue abierto. Mientras los diplomáticos negocian en Washington, Chile enfrenta una encrucijada. La resolución de esta crisis no se medirá únicamente por si se logra una exención o una rebaja del arancel, sino por la capacidad del país para transformar esta amenaza en un catalizador para una diversificación económica real y sostenible. La narrativa ya no es sobre un conflicto comercial; es sobre el futuro del modelo chileno en un mundo incierto.