CONAF cambió de director, pero la tensión persiste:El paro de junio expuso un conflicto estructural no resuelto: la precarización de quienes protegen el patrimonio natural frente a un modelo de desarrollo que exige más acceso y menos burocracia.
El guardián cansado: una crisis latente
A más de dos meses de que los carteles de “cerrado por paro” desaparecieran de las entradas a los parques nacionales de Chile, la reapertura de las áreas silvestres protegidas el 14 de junio no significó el fin del conflicto. La movilización de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que paralizó al 95% de las unidades y culminó con la renuncia de su directora ejecutiva, fue el síntoma visible de una fractura más profunda que sigue abierta: la colisión entre la misión de proteger el patrimonio natural, la dignidad laboral de quienes ejecutan esa tarea y la creciente presión de un modelo económico que ve en la naturaleza un recurso a explotar.
La crisis, lejos de estar resuelta, ha madurado, permitiendo analizar con distancia sus verdaderas dimensiones y consecuencias.
Anatomía de una parálisis: las dos caras del conflicto
El 2 de junio, más de 1.600 funcionarios de CONAF, agrupados en la Fenasic, iniciaron un paro indefinido. Sus demandas eran directas: la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y, con especial énfasis, la de la directora ejecutiva, Aida Baldini, a quien acusaban de maltrato laboral y de una gestión deficiente. “Cada vez que tiene una frustración, llega a desquitarse con la gente”, denunció Carla Vargas, presidenta del sindicato, reflejando un ambiente de trabajo que consideraban insostenible. A esto se sumaba la incertidumbre por la transformación de CONAF en el nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor), un cambio legal que, según los trabajadores, amenazaba con debilitar sus funciones de fiscalización ambiental.
La respuesta del sector privado no se hizo esperar. La Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) alzó la voz, cuantificando el impacto: 21 mil turistas afectados y “pérdidas millonarias”. Mónica Zalaquett, su presidenta, calificó la situación como un grave daño a la “imagen de Chile como destino de naturaleza” y emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric a intervenir. Para el gremio turístico, el paro era una obstrucción al desarrollo de una “industria clave para el futuro de Chile”.
Se configuraron así dos frentes claros. Por un lado, los guardianes del patrimonio, denunciando una precarización que les impedía cumplir su labor con dignidad. Por otro, el motor económico del turismo, exigiendo acceso ininterrumpido a ese mismo patrimonio.
Una renuncia que no fue solución
El 12 de junio, la presión sindical tuvo su efecto. El Ministerio de Agricultura comunicó la “renuncia voluntaria” de Aida Baldini tras solo nueve meses en el cargo. En su lugar asumió como subrogante Rodrigo Illesca, un ingeniero forestal de larga trayectoria en la institución, en una clara señal para calmar las aguas internas. Al día siguiente, el paro se depuso y los parques reabrieron.
La salida de Baldini fue una victoria para los trabajadores, pero no abordó las causas estructurales del descontento. La movilización no era solo contra una persona, sino contra un sistema que, según ellos, los debilita mientras les exige custodiar uno de los activos más valiosos del país. La crisis de liderazgo se resolvió, pero la crisis institucional persistió.
El futuro en disputa: ¿Más protección estatal o más gestión privada?
Los meses posteriores al paro han revelado que las tensiones subyacentes no solo no han desaparecido, sino que se han intensificado en el debate público y político. El conflicto dejó al descubierto dos visiones contrapuestas sobre el futuro de las áreas protegidas.
Por una parte, el gobierno y actores económicos han avanzado en una agenda para agilizar la inversión. A fines de junio, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad aprobó cambios al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para “destrabar” proyectos de menor envergadura, eximiéndolos de una evaluación completa. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que la meta es que el sistema “pueda concentrarse en las iniciativas con impactos ambientales relevantes”, una medida que, si bien busca eficiencia, es vista con recelo por quienes temen una flexibilización de los estándares de protección.
En paralelo, el sector turístico ha explicitado su hoja de ruta. A fines de julio, Fedetur inició una ronda de reuniones con los candidatos presidenciales para presentar sus propuestas. Entre ellas destaca una idea que choca directamente con el espíritu de una CONAF pública y fortalecida: avanzar en un sistema de concesiones para las áreas silvestres protegidas. El objetivo, según el gremio, es modernizar la infraestructura y garantizar la seguridad, pero abre la puerta a un modelo de gestión privada en el corazón del patrimonio natural del Estado.
El paro de CONAF, por tanto, no fue un evento aislado. Fue el momento en que el “guardián cansado” mostró sus grietas, obligando al país a confrontar una pregunta incómoda y aún sin respuesta: ¿Cuál es el rol del Estado en la protección de su naturaleza? ¿Debe ser un custodio fortalecido, con funcionarios valorados y recursos suficientes, o un facilitador que cede terreno a la gestión privada en nombre del desarrollo económico? La discusión está en pleno desarrollo y su resultado definirá el futuro de los paisajes que conforman la identidad de Chile.