La eutanasia entra en su fase decisiva: El debate ya no es sobre el derecho a morir, sino sobre las reglas para hacerlo

La eutanasia entra en su fase decisiva: El debate ya no es sobre el derecho a morir, sino sobre las reglas para hacerlo
2025-07-30
  • El proyecto de ley sobre muerte digna avanzó con urgencia inmediata en el Senado, centrando la discusión en los detalles de su implementación.
  • El Ejecutivo propuso un Comité de Garantía y dos modalidades (eutanasia y suicidio asistido), generando un choque entre la autonomía del paciente y el rol protector del Estado.
  • Las posturas van desde la defensa de la eutanasia como un acto de dignidad hasta la crítica por ser una "libertad para quitar vida", reflejando una profunda división ética y valórica.

Tras años de discusiones intermitentes en comisiones y pasillos del Congreso, el debate sobre la eutanasia en Chile ha abandonado el terreno de lo hipotético para instalarse en el centro de la agenda legislativa. A más de dos meses de que el gobierno decidiera ponerle "urgencia inmediata" a su tramitación, la conversación pública ha mutado: la pregunta ya no es si se debe legislar, sino cómo hacerlo. La sociedad chilena se enfrenta ahora a la definición de los contornos de un derecho que redefine la vida, la muerte y la autonomía personal.

Del "si" al "cómo": El nuevo foco del debate

A mediados de junio, el Ejecutivo presentó ante la comisión de Salud del Senado una serie de indicaciones que dibujan el esqueleto de la futura ley. La propuesta, defendida por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no es "patrimonio ideológico ni de izquierda ni de derecha", sino el resultado de cuatro proyectos refundidos que buscan responder a una demanda social por autonomía.

El diseño propuesto es meticuloso y busca establecer salvaguardas claras:

  • Un Comité de Garantía y Evaluación Nacional: Este organismo, de carácter técnico, sería el encargado de analizar cada solicitud, asegurando que la decisión se base en "conocimiento médico y científico de calidad" y no en "listados de enfermedades". El foco, insisten desde el gobierno, está en los enfermos y sus circunstancias personales, no en las patologías.
  • Un proceso de solicitud riguroso: El paciente deberá manifestar su voluntad en al menos dos ocasiones, con un intervalo mínimo de 15 días. La segunda solicitud deberá contar con la presencia de dos testigos, inhabilitados para tener intereses patrimoniales o funcionales en la decisión.
  • Dos modalidades de asistencia: La ley contemplaría la administración directa de un fármaco por parte de un profesional sanitario bajo supervisión médica, o la prescripción y entrega de dicho fármaco para que el paciente se lo autoadministre, también con acompañamiento médico. Esta última modalidad se conoce como suicidio asistido.
  • Lugar y cobertura: El procedimiento podría realizarse tanto en establecimientos de salud públicos o privados como en el domicilio del paciente, garantizando la cobertura para todos los beneficiarios de los sistemas previsionales del país.
  • Protección legal para el personal de salud: Quienes participen en el procedimiento quedarían exentos de responsabilidad penal por homicidio o auxilio al suicidio.

Las voces en pugna: Autonomía, fe y el rol del Estado

La aceleración del proyecto ha intensificado la colisión de visiones que subyace al debate. Por un lado, se encuentran quienes defienden la eutanasia como la última expresión de la dignidad humana.

Desde la bioética, la académica Sofía Salas Ibarra argumenta que, incluso con acceso a excelentes cuidados paliativos, existen pacientes para quienes la vida se vuelve "insufrible". Para ellos, una ley bien regulada no es el "descarte de los vulnerables", sino "la única alternativa posible para que esa persona tenga una vida digna hasta el final". Esta perspectiva sitúa la autonomía de una persona competente y bien informada como el pilar de la decisión.

En la vereda opuesta, se alzan voces que apelan a la sacralidad de la vida. A principios de junio, el Papa León XIV, en un mensaje que resonó en los sectores más conservadores del país, criticó a quienes invocan "la libertad no para dar vida, sino para quitarla". Esta postura, anclada en una profunda convicción religiosa, entiende el matrimonio entre hombre y mujer como el "modelo del verdadero amor" y la vida como un don que no puede ser interrumpido por voluntad humana.

El debate de fondo: ¿Un derecho aislado o una pieza más en el tablero?

El avance de la eutanasia no ocurre en un vacío. Críticos como la abogada y académica Marisol Peña, del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, advierten sobre una posible estrategia más amplia. Peña conecta esta discusión con la reciente publicación del reglamento que regula la objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.

Según su análisis, al endurecer las condiciones para la objeción de conciencia y presentarla como una "excepción a la regla general", se estaría preparando el terreno para normalizar el aborto y, por extensión, la eutanasia. Esta perspectiva genera una disonancia constructiva: ¿estamos ante la simple expansión de libertades individuales o frente a un reordenamiento ideológico que busca cambiar la comprensión fundamental del derecho a la vida en la legislación chilena?

El debate, por tanto, ha trascendido la eutanasia misma. Se ha convertido en un campo de batalla sobre el rol del Estado, los límites de la libertad personal y la influencia de las convicciones morales y religiosas en la ley. Mientras el proyecto sigue su curso en el Senado, con audiencias de expertos y un intenso lobby de parte de todos los sectores, una cosa es clara: la decisión final no solo establecerá un nuevo procedimiento médico, sino que también dejará una marca indeleble en la definición de lo que Chile entiende por dignidad.

La historia presenta la maduración de un debate legislativo y social de largo aliento, que recientemente alcanzó un punto de inflexión. Permite analizar la colisión de visiones sobre la vida, la muerte y la autonomía individual, mostrando la evolución de las posturas políticas, religiosas y ciudadanas. Sus consecuencias son visibles en la redefinición de derechos y en la tensión entre la libertad personal y la regulación estatal, ofreciendo una narrativa completa con profundas implicaciones éticas y culturales.