Se cancela un parque eólico de US$400 millones en Coquimbo: La "permisología" como costo invisible en la transición energética

El Viento que se Detuvo en Ovalle

A fines de julio de 2025, sin grandes titulares, la empresa de capitales franceses EDF Power Solutions solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el retiro de su proyecto “Parque Eólico Quebrada Locayo”. La decisión, comunicada formalmente, puso fin a una inversión de casi US$400 millones destinada a generar 240 MW de energía limpia en la Región de Coquimbo. A más de 60 días del hecho, la cancelación ya no es una noticia inmediata, sino un caso de estudio resuelto sobre las complejidades que enfrenta Chile en su camino hacia la descarbonización y el crecimiento económico.

El proyecto, que había ingresado a evaluación en noviembre de 2024 a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) —el instrumento más exigente del sistema—, prometía no solo energía renovable, sino también un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) crucial para la estabilidad de la red. La explicación oficial de EDF fue diplomática: la retirada era parte de un “proceso de revisión y ajuste de cartera, considerando las condiciones actuales del mercado eléctrico y la evolución acelerada de nuevas tecnologías”. Sin embargo, esta declaración corporativa no puede leerse de forma aislada. Ocurrió en el epicentro de uno de los debates más feroces del último tiempo en Chile: la ‘permisología’.

Un Laberinto Político: La Ley que Prometía Agilidad

Mientras el proyecto de EDF navegaba las aguas de la burocracia ambiental, en el Congreso se libraba una batalla por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, la ley prometía reducir los plazos de tramitación entre un 30% y un 70%, creando herramientas como la ventanilla única digital, el silencio administrativo positivo y las declaraciones juradas para proyectos de bajo riesgo. El objetivo era claro: destrabar la inversión y dinamizar una economía estancada.

La paradoja, sin embargo, no tardó en manifestarse. La iniciativa, defendida por el Ejecutivo como clave para el crecimiento, fue llevada al Tribunal Constitucional (TC) por un grupo de 42 diputados de la propia coalición de gobierno. El argumento de los parlamentarios oficialistas, liderados por figuras del Frente Amplio y el Partido Comunista, era que la ley constituía una “regresión en términos ambientales”, al permitir autorizaciones sin la debida evaluación o participación ciudadana, como advirtió la ONG FIMA.

Esta fractura interna generó un clima de incertidumbre política que los inversionistas observan con atención. Mientras el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendía la ley como “un buen proyecto para el país” que cumplía “con toda la normativa constitucional”, parte de su sector político la torpedeaba. Por otro lado, la oposición, a través de diputados de Renovación Nacional, celebraba la iniciativa y criticaba la “contradicción” del oficialismo. Finalmente, el TC desestimó el requerimiento, despejando el camino para la promulgación de la ley a fines de julio, justo en los mismos días en que EDF retiraba su inversión.

Dos Visiones de País en Tensión

El caso de EDF versus el debate de la ley de permisos expone dos visiones de desarrollo que chocan en el corazón del Estado.

Por un lado, la perspectiva pro-inversión, sostenida por gremios empresariales y expertos como el abogado Pedro Varela, quien calificó la nueva ley como “un avance relevante y positivo”, aunque “lejos de constituir una solución integral”. Desde esta vereda, la ‘permisología’ es un monstruo burocrático que frena el progreso. Una carta del dirigente gremial Patricio Crespo Ureta en La Tercera fue más allá, sugiriendo que las trabas a menudo no son técnicas, sino “herramientas de una lógica política que busca contener el desarrollo”. Para este sector, la cancelación del parque eólico es la crónica de una pérdida anunciada, el costo visible de un sistema lento e impredecible.

En la vereda opuesta se encuentra la visión proteccionista, que argumenta que los permisos no son trabas, sino salvaguardas. Para organizaciones ambientales y parte del espectro político de izquierda, acelerar los procesos a través de declaraciones juradas o silencios positivos debilita la protección del medio ambiente y de las comunidades. Desde este punto de vista, la lentitud no es ineficiencia, sino deliberación necesaria. El hecho de que el proyecto de EDF requiriera un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a diferencia de otros proyectos como el parque fotovoltaico de la alemana RWE que obtuvo su aprobación con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), subraya la complejidad y los mayores estándares de escrutinio que enfrentaba.

El Futuro: Una Ley Aprobada, una Confianza por Reconstruir

La ley de permisos sectoriales ya es una realidad, pero su implementación será gradual y sus efectos, según analistas de Libertad y Desarrollo (LyD), podrían tardar entre dos y cuatro años en percibirse. El sistema entrará en pleno régimen recién en julio de 2026.

El viento que debía mover las aspas del parque Quebrada Locayo se apagó antes de empezar a soplar. Su historia deja una lección contundente: en un mundo que compite por atraer capitales para la transición energética, la certeza jurídica y la coherencia política son tan importantes como los recursos naturales. La ley está aprobada y el TC la validó, pero el debate de fondo sobre qué tipo de desarrollo quiere Chile sigue abierto. La pérdida de US$400 millones es el precio que el país pagó, esta vez, por no tener una respuesta clara.