La crueldad animal se inscribe en el registro público: De la indignación viral a una política de Estado

La indignación como motor de cambio

El 1 de junio de 2025, durante la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric hizo un anuncio que, para muchos, parecía una respuesta directa a la indignación que había recorrido el país en las semanas previas: la creación de un Registro Nacional de Personas Condenadas por Maltrato Animal y un plan piloto para cementerios de mascotas. Este no fue un gesto aislado, sino la culminación de una serie de eventos que escalaron desde la denuncia local hasta convertirse en un asunto de agenda nacional, evidenciando cómo la presión ciudadana, amplificada por las redes sociales, puede forzar al aparataje estatal a moverse.

Todo comenzó a principios de mayo. En Puerto Montt, la agrupación "Patitas de Amor" denunció el hallazgo de perros faenados, algunos marcados con pintura azul antes de ser asesinados. La brutalidad sistemática de los hechos llevó al municipio a interponer querellas criminales y a coordinarse con la PDI. Casi simultáneamente, un video se viralizó desde Valdivia: un sujeto lanzaba fuegos artificiales a una colonia de lobos marinos que descansaba en la costanera. La fiscalía actuó de oficio, investigando no solo el maltrato animal, sino también el uso ilegal de pirotecnia. A fines de mayo, el responsable fue detenido, vinculándosele además con porte ilegal de armas.

Estos casos, junto a otros como la captura en Copiapó de un prófugo que había apuñalado a un perro un año antes, dejaron de ser vistos como incidentes aislados. Se convirtieron en el símbolo de una violencia que la sociedad chilena ya no estaba dispuesta a tolerar en silencio.

El sistema bajo la lupa: entre la ley y la impunidad

La reacción del Estado, aunque visible, expuso una profunda contradicción. Mientras la ciudadanía demandaba justicia, las cifras revelaban una falla sistémica. Según datos del primer semestre de 2024, de 3.032 denuncias por maltrato o abandono animal, solo 33 terminaron en una sentencia condenatoria. Esto representa una tasa de efectividad de apenas el 1,08%, un dato que pone en jaque la eficacia de la "Ley Cholito", promulgada en 2017.

La ley, que estableció la tenencia responsable de mascotas, fue un avance en su momento, pero los hechos recientes demostraron sus limitaciones. La diputada Carolina Marzán (PPD), quien en 2023 había presentado la moción para crear el registro de maltratadores, señaló que la legislación actual requiere modificaciones urgentes. El respaldo presidencial en la Cuenta Pública fue visto por los parlamentarios y organizaciones como el impulso político necesario para acelerar la tramitación del proyecto.

La discusión ya no es solo sobre si se debe castigar la crueldad, sino sobre cómo hacerlo de manera efectiva. El debate se centra en la necesidad de herramientas que vayan más allá de la sanción penal. El registro propuesto, por ejemplo, busca establecer una inhabilidad perpetua para que los condenados puedan tener, adoptar o trabajar con animales, atacando el problema desde la prevención.

Las perspectivas en juego: ¿Un cambio cultural o una respuesta política?

La evolución de este tema revela un cruce de perspectivas:

• Voz Ciudadana y de Organizaciones: Las agrupaciones animalistas y los ciudadanos en redes sociales actuaron como catalizadores. Su rol fue fundamental para visibilizar los casos, presionar a las autoridades locales y mantener el tema en la agenda mediática. Para ellos, el anuncio del Gobierno es una victoria, pero también el inicio de una nueva etapa de vigilancia para que las promesas se concreten.

• Respuesta Institucional: Desde los municipios que presentaron las primeras querellas hasta el Poder Ejecutivo que recogió el guante, las instituciones reaccionaron de manera escalonada. La PDI, a través de sus brigadas especializadas como la BIDEMA, demostró capacidad investigativa para identificar y detener a los culpables, dotando de efectividad a las denuncias.

• Análisis Político y Legislativo: El anuncio presidencial es una clara señal de que el bienestar animal se ha instalado como un tema de interés político transversal. Sin embargo, la brecha entre el discurso y la implementación es el verdadero desafío. El proyecto de ley para el registro de maltratadores, aunque ahora con urgencia, deberá sortear el debate parlamentario y asegurar un financiamiento adecuado para su funcionamiento, un punto clave que fue abordado por el Ejecutivo al presentar un informe financiero junto con su patrocinio.

Un debate abierto hacia el futuro

El tema no está cerrado; ha evolucionado a una nueva fase. La creación de un registro de maltratadores y la habilitación de cementerios para mascotas marcan un cambio significativo: el reconocimiento de que los animales de compañía son parte integral de la sociedad y que la violencia contra ellos es un problema de seguridad y salud pública.

El desafío ahora es doble. Por un lado, el Congreso debe legislar con celeridad y rigurosidad para que el registro sea una herramienta efectiva y no una declaración de intenciones. Por otro, la sociedad y las instituciones deben trabajar para cerrar la brecha entre la denuncia y la justicia, asegurando que la indignación viral se traduzca, de forma permanente, en protección real y condenas efectivas.